crisis industrial
04/10/2026 - Edición Nº1335
Política
Congreso
Polémico proyecto de La Cámpora: cómo sería la megaprotección al calzado
04/10/2026 | La iniciativa de Luciana Potenza ya ingresó a la Cámara de Diputados. Plantea subir los aranceles para frenar la competencia de importaciones.
La emergencia para el sector del calzado se extendería por un año.
La diputada nacional Luciana Potenza, integrante de La Cámpora, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia de la industria nacional del calzado por un plazo de un año, con posibilidad de una única prórroga por otro período similar.
La iniciativa plantea un paquete de beneficios fiscales y previsionales para las empresas del sector, medidas para evitar cortes de servicios esenciales y cambios en el esquema arancelario de las importaciones.
El proyecto parte de un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria del calzado y pone el foco en la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de establecimientos productivos y el aumento de las importaciones.
En sus fundamentos, Potenza sostiene que la situación se agravó durante la gestión de Javier Milei y cuestiona especialmente el Decreto 236/2025, que redujo los aranceles de importación para determinados productos de calzado.
La iniciativa también incorpora medidas contra el contrabando y propone derogar ese decreto, además de establecer nuevos parámetros para que el Poder Ejecutivo determine los aranceles aplicables al calzado y a la industria textil.
Luciana Potenza, autora del proyecto
Qué propone el proyecto para la industria del calzado
Para acceder a los beneficios, las empresas deberían inscribirse obligatoriamente en un nuevo Registro Nacional de Industrias del Calzado, que funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía.
Entre las principales medidas previstas aparecen:
- Exención del pago del Impuesto a las Ganancias.
- Reducción de la alícuota del IVA al 10,5%.
- Exención del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.
- Un régimen especial para regularizar contribuciones patronales adeudadas desde el 1° de enero de 2024.
- Suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares por determinadas deudas.
- Suspensión de cortes de agua, electricidad y gas por mora.
- Planes de pago sin intereses para deudas de esos servicios acumuladas desde enero de 2024.
- Suspensión de aumentos tarifarios de agua, luz y gas durante la emergencia.
El régimen previsional contempla distintas condiciones según la cantidad de cuotas. Si la deuda se cancela en 12 cuotas mensuales, el proyecto propone condonar el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios acumulados hasta la adhesión. Para planes de 24 cuotas, la condonación sería del 70%.
La condición para conservar los beneficios
La iniciativa establece que las empresas perderían automáticamente los beneficios si reducen la plantilla de trabajadores registrada al momento de ingresar al régimen.
También se contempla el decaimiento de las ventajas cuando se detecten prácticas fraudulentas destinadas a obtener o utilizar los beneficios previstos por la ley.
Cambios en los aranceles y derogación del Decreto 236/2025
Uno de los puntos de mayor impacto económico es la propuesta de derogar el Decreto 236/2025.
Según los fundamentos de Potenza, esa norma redujo los aranceles de importación de determinados productos de calzado del 35% al 20%. La diputada sostiene que esa modificación incrementó la presión sobre los fabricantes locales al facilitar el ingreso de productos extranjeros.
En paralelo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo debería fijar nuevos aranceles para el calzado y la industria textil, dentro del marco establecido por el Código Aduanero.
La iniciativa establece cuatro objetivos para esa política arancelaria: proteger a la industria nacional frente a las importaciones, fortalecer la competencia, preservar las fuentes de trabajo y avanzar en un proceso de reindustrialización.
El planteo implica, por lo tanto, revisar el esquema de apertura comercial aplicado al sector y utilizar los aranceles como una herramienta de protección de la producción local.
El contrabando, otro de los ejes
El proyecto también incorpora el contrabando como uno de los problemas que deberían ser abordados durante la emergencia.
Potenza propone que la Secretaría de Industria, Comercio y PyME pueda celebrar convenios con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para desarrollar acciones destinadas a prevenir y combatir el ingreso ilegal de calzado.
En sus fundamentos, la diputada afirma que durante los últimos dos años ingresaron al país unos 67 millones de pares de calzado. Esa cifra forma parte de los argumentos utilizados por la legisladora para sostener que la industria local enfrenta una combinación de importaciones y productos que ingresan por fuera de los canales legales.
La situación del empleo que describe el proyecto
Para justificar la emergencia, Potenza cita antecedentes del sector y datos de organizaciones sindicales.
Así, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) estimaba en 7.000 la cantidad de puestos laborales perdidos durante la primera parte del año. La diputada sostiene que posteriormente el deterioro se profundizó y que las pérdidas superarían los 9.000 empleos desde el inicio de la actual gestión nacional.
El proyecto también menciona los casos de Will Der S.A. y Coopershoes, dos empresas de la provincia de Buenos Aires que cerraron con pocos días de diferencia y dejaron a cientos de trabajadores sin empleo.
La situación, según el texto, no se limita a Buenos Aires. Potenza menciona también a Misiones, La Rioja, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires como distritos afectados por la crisis del sector.
La Matanza y el peso de las PyMEs
Otro de los argumentos centrales está vinculado con la concentración territorial de la actividad.
La diputada recupera datos de un proyecto presentado en 2023 por la entonces diputada Constanza Alonso, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Según esa iniciativa, la industria del calzado generaba alrededor de 55.000 puestos de trabajo en unos 1.250 establecimientos fabriles.
Más de la mitad de esos establecimientos se encontrarían en la provincia de Buenos Aires, con una fuerte presencia en municipios del conurbano como La Matanza, Lanús, General San Martín, San Isidro, Quilmes y Tres de Febrero.
El proyecto pone especial énfasis en La Matanza, donde describe una estructura productiva caracterizada por pequeñas y medianas empresas y talleres vinculados con las economías familiares y las comunidades locales.
Según los datos incorporados por Potenza, durante el segundo semestre de 2025 la actividad productiva del sector en ese distrito se redujo 48% respecto del segundo semestre de 2023. En materia laboral, sostiene que desde noviembre de 2023 se produjo una contracción del 27%, equivalente a 4.859 empleos menos.
