por Redacción NewsDigitales
El gobierno de Axel Kicillof consiguió esta semana dictamen para dos de sus principales iniciativas sanitarias: la creación de una empresa estatal de medicamentos y el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). El resultado llegó después de varias semanas de negociaciones dentro del peronismo bonaerense.

El acuerdo implicó modificar parte de los textos originales. Para reunir los respaldos necesarios, el Ejecutivo aceptó limitar algunas facultades previstas para la Provincia e incorporar nuevos mecanismos de control legislativo.
El voto de Mario Ishii fue determinante. La Comisión de Salud del Senado bonaerense tiene nueve integrantes, cinco oficialistas y cuatro opositores, por lo que el acompañamiento del senador de José C. Paz resultaba indispensable para garantizar el despacho.

La propuesta del SIPBA perdió algunas de las atribuciones más amplias que contemplaba la versión inicial. Entre ellas, la posibilidad de que el Gobierno provincial definiera dónde instalar establecimientos sanitarios o estableciera restricciones para la apertura de consultorios privados cerca de centros existentes.
También quedó eliminada la facultad de obligar a establecimientos privados a absorber pacientes del sistema público en determinadas situaciones. La adhesión de los municipios, además, quedó expresamente establecida como voluntaria.
El nuevo esquema busca articular los distintos sectores de la salud bonaerense, pero con un alcance estatal más acotado que el planteado originalmente por el Ejecutivo.
La segunda iniciativa crea una Empresa Provincial de Medicamentos bajo la figura de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). La Provincia tendrá el 99% de las acciones y conservará el control de la compañía.

Uno de los puntos modificados fue el régimen de endeudamiento. La nueva redacción limita la emisión de títulos financieros al presupuesto general vigente y establece mayores restricciones para las operaciones que puedan comprometer los activos de la empresa.
Además, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, encargada de fiscalizar determinadas operaciones de endeudamiento extraordinario y otras decisiones que puedan afectar el patrimonio de la futura compañía.
La negociación estuvo atravesada por las diferencias entre el kicillofismo, La Cámpora, el cristinismo y el sector de Ishii. Durante semanas, esas tensiones impidieron que las iniciativas consiguieran dictamen pese a la mayoría del oficialismo en la comisión.
La posición de Ishii cobró especial relevancia después del enfrentamiento que mantuvo con la vicegobernadora Verónica Magario durante una sesión, cuando intentaba exponer iniciativas sobre emergencia alimentaria y sanitaria para el Conurbano.
El entendimiento permitió finalmente reunir a los senadores oficialistas Pedro Borgini, Mónica Macha, Roxana López, Sergio Berni y Mario Ishii detrás del despacho.
Las iniciativas deberán pasar ahora por la Comisión de Legislación General, presidida por el kicillofista Germán Lago, antes de llegar al recinto del Senado.

El oficialismo buscará acelerar ese trámite y sostener el consenso alcanzado para conseguir la aprobación definitiva. Las modificaciones introducidas permitieron superar el primer obstáculo, aunque también reflejan el peso que mantienen las distintas tribus del peronismo en la Legislatura bonaerense.