Privilegio para ricos: críticas de la oposición al plan de ciudadanía por inversión

El Gobierno nacional anunció un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por USD 800.000. El esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y estará sujeto a controles financieros, migratorios y de seguridad.

La medida generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Entre ellos, el dirigente de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano, quien sostuvo que el Gobierno estaría creando un mecanismo que otorga un tratamiento privilegiado a extranjeros con alto poder adquisitivo.

¡@JMilei y @Caputo venden la “ciudadanía argentina” a los tecno-magnates! Pretenden rematar la ciudadanía argentina por US$350.000. ¡Una vergüenza cipaya! Magnates y multimillonarios reciben una alfombra roja para comprar un privilegio que no debería estar a la venta. Para los trabajadores migrantes, obstáculos y trámites; para los millonarios, una puerta VIP. Esto facilita que grandes capitalistas extranjeros (anta el impedimento que puede acarrearles la caída del DNU 70/23 en la sesión del 15 de noviembre tras el vergonzoso fallo de la corte), una vez naturalizados, accedan a la compra de tierras y propiedades al mejor postor. ¿Quiénes vienen a quedarse con nuestro suelo? ¿Qué garantías existen contra la concentración de tierras? ¿Vamos a permitir que estos nuevos “ciudadanos argentinos” se lleven nuestro territorio y la soberanía nacional? Esto no es una política migratoria, es un privilegio para lo peor de la clase capitalista. A su vez, @JMilei busca desesperadamente dólares para seguir pagando una deuda externa usurera y fraudulenta. Necesitamos ser miles el 15 de octubre en la quinta marcha federal en defensa de las universidades, contra el fallo de la Corte, por la nulidad del DNU 70/23, las personas con discapacidad y las familias endeudadas-estafadas. La CGT tiene que abandonar la complicidad con el gobierno y fijar un nuevo paro nacional y plan de lucha.

— Juan Carlos Giordano (@GiordanoGringo) October 3, 2026

El reclamo de Giordano

A través de sus redes sociales, Giordano apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes responsabilizó por impulsar un sistema que, según su interpretación, convierte el acceso a la ciudadanía en una posibilidad vinculada directamente con la capacidad económica del solicitante.

“Pretenden rematar la ciudadanía argentina por USD 350.000”, afirmó el dirigente, quien cuestionó que el programa establezca un canal específico para inversores mientras, según planteó, los trabajadores migrantes deben atravesar otros mecanismos administrativos.

El planteo también incluyó una preocupación por las consecuencias que podría tener la llegada de nuevos inversores sobre la propiedad de tierras y bienes en el país. Giordano preguntó qué controles existirán frente a una eventual concentración de tierras y vinculó el tema con la soberanía nacional.

Qué anunció el Gobierno

El programa oficial establece dos alternativas para los interesados: un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro o la suscripción de un título público específicamente creado para el régimen por USD 800.000. Para un grupo familiar compuesto por un solicitante, su cónyuge y dos hijos menores, el aporte total previsto sería de USD 500.000.

El Gobierno sostiene que el objetivo es atraer capitales extranjeros y que los fondos deberán ingresar mediante el sistema financiero formal, bajo las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La entrega del dinero, de todos modos, no implica automáticamente la obtención de la ciudadanía. El procedimiento contempla una evaluación de la inversión y controles de organismos vinculados con seguridad, inteligencia, antecedentes, identidad y prevención del lavado de activos. Finalmente, la Dirección Nacional de Migraciones debe resolver mediante un acto fundado si corresponde otorgar o rechazar la solicitud.

Una reforma que ya había cambiado las reglas

La posibilidad de obtener la ciudadanía a partir de una inversión no apareció recién con el anuncio realizado en París. El Decreto 366/2025 modificó la Ley de Ciudadanía 346 y estableció que los extranjeros que acrediten una “inversión relevante” pueden solicitar la naturalización, independientemente del tiempo de residencia en el país.

Posteriormente, el Decreto 524/2025 creó el mecanismo administrativo para evaluar esas inversiones y estableció la intervención de organismos como la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, Migraciones, la SIDE y las autoridades de seguridad antes de que se adopte una decisión.

El anuncio de los montos concretos -USD 350.000 de aporte al Tesoro o USD 800.000 mediante un título público- constituye ahora la puesta en marcha operativa del esquema, prevista para el último trimestre de 2026.

La crítica por el acceso a la propiedad

Uno de los argumentos centrales de Giordano apunta a una posible relación entre ciudadanía, inversión extranjera y acceso a bienes en territorio argentino. El dirigente planteó interrogantes sobre quiénes podrían beneficiarse del nuevo régimen y qué controles deberían existir para evitar procesos de concentración patrimonial.

Sin embargo, el programa anunciado por el Gobierno no establece por sí mismo un mecanismo de compra de tierras como contraprestación para obtener la ciudadanía. Se trata de un régimen de naturalización vinculado a inversiones que deben ser evaluadas por las autoridades correspondientes.

La discusión sobre el acceso de extranjeros a la propiedad de tierras, por lo tanto, constituye un asunto distinto que puede quedar vinculado al debate político más amplio sobre inversión extranjera, ciudadanía y regulación patrimonial.

La convocatoria a movilizarse

Giordano también aprovechó su publicación para convocar a participar de una movilización prevista para el 15 de octubre, que presentó como la quinta Marcha Federal en defensa de las universidades y en reclamo por distintas cuestiones económicas y sociales.En ese marco, reclamó además a la CGT la convocatoria a un nuevo paro nacional y cuestionó las políticas económicas del Gobierno de Milei.

De esta manera, el anuncio del Programa de Ciudadanía por Inversión sumó una nueva discusión política alrededor de una reforma que el Ejecutivo presenta como una herramienta para atraer capitales extranjeros, mientras que desde sectores opositores se cuestiona el vínculo entre capacidad económica, naturalización y acceso a determinados derechos.