Grabado obligatorio de autopartes en PBA: los 11 pedidos a Kicillof por la ley del 2012

Los diputados bonaerenses de la Coalición Cívica presentaron un pedido de informes dirigido al Gobierno de Axel Kicillof para conocer cómo funciona actualmente el sistema de grabado obligatorio de autopartes y cuál fue su impacto concreto sobre los delitos vinculados con el robo de vehículos y la comercialización ilegal de piezas.

La iniciativa solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad o del organismo que corresponda, entregue información sobre la aplicación de la Ley 14.497, sancionada en 2012 y promulgada en enero de 2013, que estableció la obligatoriedad del grabado indeleble del número de dominio en determinadas partes de los vehículos registrados en la provincia.

El planteo de los legisladores apunta a evaluar una política pública que lleva más de una década de vigencia y que implica para los propietarios de vehículos un trámite y un costo económico.

En particular, buscan determinar si existe evidencia estadística que permita vincular la aplicación de la norma con una reducción de los delitos que originalmente se buscaba prevenir.

Qué establece la Ley 14.497

La normativa obliga a los vehículos registrados en la provincia a llevar grabado de manera indeleble el número de dominio en determinadas partes de la carrocería.

El esquema contempla el capot, las puertas y el baúl, con particularidades para los vehículos de dos puertas. Además, establece la creación del Registro Provincial de Verificación de Autopartes, donde deben inscribirse quienes comercializan autopartes y las empresas autorizadas para realizar el grabado.

La ley también establece que las empresas homologadas deben emitir un comprobante y entregar una oblea de seguridad, ambos vinculados al procedimiento realizado.

El objetivo original fue utilizar la identificación de las piezas como una herramienta para dificultar el desguace de vehículos robados y la comercialización clandestina de autopartes.

Actualmente, el Ministerio de Seguridad es la autoridad de aplicación. Dentro de su estructura existe una Dirección de Fiscalización del Registro y Verificación de Autopartes, que tiene entre sus funciones supervisar talleres de grabado, controlar comercios de autopartes, realizar seguimiento de los comprobantes y procesar información derivada de los controles.

También existe una Dirección de Plantas de Verificación Automotor que tiene entre sus atribuciones implementar la obligatoriedad del grabado, intervenir en la homologación de empresas, administrar el Registro Provincial y sistematizar información sobre los vehículos grabados.

Los 11 puntos que la Coalición Cívica quiere conocer

El pedido de informes está dividido en 11 requerimientos concretos:

1. Cuántos vehículos fueron grabados

Los diputados piden conocer la cantidad de grabados realizados tanto sobre vehículos 0 km como sobre usados, con información discriminada por año y municipio.

El objetivo es establecer el volumen real de operaciones que tuvo el sistema desde su implementación.

2. Cuántos controles se realizaron

Solicitan información sobre la cantidad de controles efectuados durante los últimos dos años por organismos provinciales para verificar el cumplimiento de la Ley 14.497.

3. Cuántas infracciones se detectaron

El Gobierno deberá informar, según el pedido, la cantidad de infracciones, actas, sanciones y otras medidas adoptadas por incumplimientos de la normativa, también discriminadas por año y municipio.

4. Qué impacto tuvo sobre los delitos

Uno de los puntos centrales consiste en saber si la Provincia realizó evaluaciones de impacto sobre ocho indicadores:

• Robo de automotores.
• Robo de autopartes.
• Desguace de vehículos.
• Comercialización ilegal de autopartes.
• Recuperación de vehículos robados.
• Recuperación de autopartes sustraídas.
• Funcionamiento de desarmaderos.
• Mercado legal de autopartes.

La pregunta apunta a determinar si el grabado obligatorio puede asociarse con cambios verificables en alguno de esos fenómenos.

5. Qué estudios respaldan la eficacia del sistema

Los legisladores solicitan que se remitan estudios, informes técnicos, estadísticas, evaluaciones de impacto y auditorías elaborados desde la implementación de la ley.

En particular, buscan conocer si existe evidencia de una disminución estadísticamente significativa de los delitos que la normativa pretendía prevenir.

6. Cuántas empresas están homologadas

Otro eje está puesto en las empresas que prestan el servicio. El pedido solicita saber cuántas compañías se encuentran actualmente autorizadas y homologadas para realizar el grabado.

7. Cuántas empresas pidieron autorización

La Coalición Cívica también quiere conocer cuántas empresas solicitaron autorización desde la creación del sistema, cuántas fueron aprobadas y cuántas rechazadas.

En este último caso, pide además que se indiquen las causas de los rechazos.

8. Cuántas autorizaciones fueron revocadas

El Gobierno deberá informar si hubo empresas cuyas autorizaciones fueron revocadas, suspendidas o dadas de baja desde la implementación de la ley y cuáles fueron los motivos.

9. Cómo se controla a las empresas

El pedido pregunta qué controles técnicos, administrativos y de seguridad se realizan sobre las empresas homologadas.

También requiere conocer con qué periodicidad se realizan y qué organismo provincial está a cargo de esas verificaciones.

10. Cuántas inspecciones recibieron

Los diputados solicitan el detalle de las inspecciones realizadas durante los últimos diez años a las empresas grabadoras.

La información debería estar discriminada por año y establecimiento e incluir las infracciones detectadas y las sanciones aplicadas.

11. Cómo se auditan los grabados

El último punto apunta directamente al circuito de información.

La Coalición Cívica quiere saber si existen mecanismos para controlar la cantidad de grabados realizados por cada empresa y verificar que exista correspondencia entre los grabados efectuados, los comprobantes emitidos y los datos incorporados al Registro Provincial de Verificación de Autopartes.