por Redacción NewsDigitales
La Justicia Federal rechazó la medida cautelar presentada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender los efectos de la derogación de la normativa que establecía límites a la compra de terrenos por parte de extranjeros.

La decisión fue tomada por Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1. El magistrado consideró que no se acreditaron circunstancias “graves y objetivamente impostergables” que justificaran otorgar la medida preventiva.
Pichetto y Massot habían pedido suspender el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, hasta que se dicte una sentencia definitiva en el proceso principal. El objetivo era evitar que durante la tramitación judicial se consolidaran situaciones jurídicas que después pudieran resultar difíciles de revertir.
El planteo fue presentado luego de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación. El máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y centró su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) para impulsar aquella demanda.
Los diputados sostuvieron que la decisión de la Corte produjo un efecto inmediato porque volvió a desplegar todos los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.
Con @Nicolas_Massot presentamos una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras. Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 2, 2026
En ese contexto, plantearon que era necesario suspender preventivamente la derogación para evitar que se concretaran operaciones que pudieran generar derechos de terceros y dificultar una eventual restitución del régimen anterior si la Justicia finalmente cuestionara la medida.
El juez Alonso Regueira rechazó ese argumento y consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para conceder una cautelar. La discusión de fondo continuará ahora por la vía judicial correspondiente.
Después de conocer la resolución, Pichetto cuestionó el rechazo y advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, puede generar la continuidad de la derogación.
“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”, sostuvo el diputado en una publicación en X.
El juez Alonso Regueira rechazó la medida interina que solicitamos para suspender los efectos del DNU que permite la venta de tierras a extranjeros sin límites y le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar. Pedí reducir ese plazo a dos días. Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe. Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 5, 2026
El legislador también señaló que una negativa a la cautelar permitía recurrir ante instancias superiores y consideró que la decisión podía anticipar el escenario que enfrentará el planteo principal.
La resolución vuelve a colocar en el centro de la discusión el régimen que regula la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Por ahora, la cautelar fue rechazada y la derogación de la Ley 26.737 continúa vigente mientras avanza el proceso principal.