por Redacción NewsDigitales
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, promulgó la ley que incorpora la actividad de los “trapitos” o cuidacoches sin autorización al Código de Convivencia provincial y establece sanciones que pueden llegar hasta los 80 días de arresto en los casos más graves.
La medida quedó formalizada mediante el decreto 2121 y puso en vigencia la Ley 14.486, impulsada por el senador por el departamento Rosario Ciro Seisas. El nuevo régimen alcanza el ofrecimiento de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otro beneficio, incluso cuando sea presentado como una colaboración voluntaria.
La aplicación no será automática en toda la provincia. Cada municipio deberá aprobar una ordenanza de adhesión para que las nuevas contravenciones puedan comenzar a aplicarse en su territorio. También podrán solicitar intervención policial para apartar del espacio público a los presuntos infractores.

La decisión llega después de años de discusión sobre la actividad y en un contexto en el que distintos distritos avanzaron con restricciones similares. En Santa Fe, el debate tuvo particular intensidad por la cantidad de cuidacoches registrados en Rosario, donde se concentra la mayor parte de los casos identificados.
La Legislatura santafesina aprobó la norma dos semanas antes de su promulgación, después de que el Senado insistiera con su versión original y rechazara las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

El proyecto también recibió cuestionamientos de sectores de la Iglesia. El arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, había planteado la necesidad de avanzar con una regulación y ordenamiento de la actividad en lugar de prohibirla.
El Gobierno provincial avanzó finalmente con un esquema que considera contravención el trabajo no autorizado. Ahora serán los municipios los que deberán decidir si adhieren y cómo instrumentan las nuevas reglas.
La sanción inicial contempla entre dos y diez días de trabajo comunitario y la prohibición de regresar al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la pena pasa a ser de entre 10 y 20 días de arresto.
Los mínimos y máximos se duplican cuando existen violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolla en zonas de estacionamiento tarifado o cuando se aprovecha una situación de vulnerabilidad.

También se aplican agravantes cuando los hechos ocurren entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o próximas a edificios públicos. El mismo criterio rige para las inmediaciones de espectáculos y eventos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras.
Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar estas tareas, la sanción será de 10 a 20 días de arresto. Si se comprueba además la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, el máximo podrá multiplicarse por cuatro y alcanzar los 80 días.
La Provincia deberá acompañar la aplicación de la norma con políticas de prevención e inclusión, que contemplen capacitación en oficios, intermediación laboral y acciones vinculadas con salud mental y consumos problemáticos.
En Rosario se concentra la mayor parte de los cuidacoches identificados: 1.218 sobre un total provincial de 1.395. Por eso, la adhesión de la ciudad será determinante para definir el alcance efectivo de la nueva normativa.

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, anticipó que se trabajará en la ordenanza necesaria para aplicar el régimen. Uno de los puntos que deberá debatirse será cómo diferenciar las situaciones de extorsión de aquellos casos en los que exista un pedido de colaboración voluntaria.
La medida de Pullaro se suma a las restricciones adoptadas en otros distritos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El debate santafesino tendrá ahora una segunda etapa en los municipios, donde se definirá cómo se implementará una ley que combina seguridad, convivencia urbana y políticas de inclusión.