El juez federal Martín Cormick declaró este martes inconstitucional la frase del Decreto 759/2025 con la que el gobierno de Javier Milei había dejado en pausa la Ley de Financiamiento Universitario. Además, le ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla "de inmediato".
La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió dos demandas: la del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con universidades y docentes, y la de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Al tratarse de un proceso colectivo, el fallo alcanza a docentes, no docentes, investigadores y alumnos de todas las universidades públicas nacionales. Es de primera instancia, así que el Gobierno puede apelarlo.
La Ley 27.795 obliga al Gobierno a poner plata en cuatro frentes: salarios, becas, funcionamiento e investigación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial:
La ley también obliga a convocar a paritarias como máximo cada tres meses, con aumentos que no queden por debajo de la inflación.
Salarios y becas no arrancan de cero. Una medida cautelar de diciembre de 2025 ya obligaba al Gobierno a cumplir esos dos puntos. La Cámara la confirmó el 31 de marzo y la Corte Suprema la dejó firme el 25 de junio de 2026.
La novedad es que ahora hay una sentencia de fondo. El juez anula el freno del decreto y ordena aplicar la ley completa, no solo esas dos partes.
El fallo también incorpora el acuerdo del 10 de junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios. Ese acuerdo fijó una suba salarial de 24,33% (21,33% en junio y 3% en octubre), 20% más para funcionamiento, $50.000 millones extra para hospitales universitarios y 50% de aumento en las becas Manuel Belgrano. Cormick lo tomó como un hecho nuevo, pero no lo consideró cumplimiento de la ley.
El Congreso sancionó la ley en agosto de 2025. Milei la vetó con el Decreto 647/25, pero Diputados y el Senado insistieron con dos tercios de los votos. En ese caso, el artículo 83 de la Constitución obliga al Presidente a promulgarla.
El Gobierno la promulgó el 20 de octubre de 2025, pero "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629". Esa norma suspende toda ley que autorice gastos sin decir de dónde sale la plata.
Para Cormick, el decreto "ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional" y como "una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional". Estos fueron sus argumentos:

El Ministerio de Capital Humano sostuvo que el Ejecutivo no suspendió la ley y que solo aplicó una regla fijada por el propio Congreso. También planteó que la discusión correspondía al debate del Presupuesto y no a los tribunales.
Según el fallo, el Estado calculó que aplicar la ley costaría "más de un billón de pesos", más del 90% de los créditos disponibles para gastos. El juez concluyó que el decreto "no supera un test mínimo de razonabilidad" y le impuso al Estado los costos del juicio.

El Gobierno puede apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal. En junio, la Corte Suprema rechazó su recurso contra la cautelar porque no apuntaba contra una sentencia definitiva. Ahora existe una sentencia de fondo, aunque todavía sea de primera instancia.
El Ejecutivo ya había anunciado a fines de septiembre que apelaría la intimación de Cormick, que le dio cinco días para cumplir la cautelar bajo amenaza de multas diarias. La Casa Rosada sostiene que ya cumplió.
"Hay sentencia favorable respecto de la cuestión de fondo. Es un paso más, realmente muy importante, para lograr la implementación plena de la Ley de Financiamiento", celebró el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
La pelea también sigue en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé unos $7,3 billones para las universidades, contra los $11 billones que reclaman los rectores. El 15 de octubre está convocada la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.