El Gobierno apela el fallo por el financiamiento universitario y crece la tensión

El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La decisión fue confirmada por fuentes oficiales, que anticiparon que el Ejecutivo recurrirá la resolución judicial. “Apelación, seguro”, sostuvo un funcionario de primera línea del Gobierno consultado sobre los próximos pasos de la administración de Javier Milei.

El fallo representa un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la norma sancionada por el Congreso. Mientras la Justicia ordenó avanzar con su cumplimiento, el oficialismo analiza cómo responder y sostiene que la implementación de la ley tendría un impacto sobre las cuentas públicas.

Qué resolvió la Justicia sobre el financiamiento universitario

El juez Cormick hizo lugar al amparo colectivo promovido por el CIN y la UBA y dejó sin efecto el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de distintos aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario.

En su resolución, el magistrado ordenó al Gobierno el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

El reclamo de las universidades apunta a garantizar los recursos establecidos por la normativa para el funcionamiento de las casas de estudios y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.

La resolución judicial cuestionó además el mecanismo utilizado por el Gobierno para suspender la aplicación de la norma. Según Cormick, el decreto oficial “no supera un test mínimo de razonabilidad”, ya que permitía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso con las mayorías agravadas previstas constitucionalmente.

El Gobierno analiza cómo afrontar el impacto fiscal

Más allá de la decisión de apelar, en el Ejecutivo también se discute cómo afrontar los recursos que establece la ley en caso de que las instancias judiciales mantengan la obligación de cumplir con la normativa.

Uno de los interrogantes está puesto en el rol que tendrá el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya que la liberación de partidas presupuestarias depende de su cartera.

Según fuentes citadas en el informe, en el entorno del ministro mantienen una postura vinculada al objetivo de déficit cero y consideran necesario esperar el desarrollo del proceso judicial antes de avanzar con una asignación de fondos.

El impacto económico de la ley también fue objeto de análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Según sus estimaciones, el costo de la norma sancionada representa aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

Desde el oficialismo, en tanto, se sostiene que la implementación de la ley entra en tensión con el esquema de equilibrio fiscal que el Gobierno busca mantener.

Las universidades reclaman el cumplimiento de la ley

El conflicto judicial se inició a partir de las presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras universidades nacionales, que reclamaron que el Poder Ejecutivo cumpla con los principales puntos de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre las medidas previstas se encuentran la asignación de recursos para el funcionamiento de las instituciones y la recomposición de los ingresos de docentes y no docentes.

El fallo de Cormick fue recibido favorablemente por los sectores sindicales universitarios, que consideraron que la resolución refuerza sus reclamos frente al Gobierno nacional.

Desde el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) calificaron la decisión como una victoria para la comunidad universitaria y ratificaron, además, la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.

Los gremios convocan a una nueva marcha universitaria

El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, destacó el alcance de la resolución judicial y sostuvo que el fallo establece límites a la actuación del Poder Ejecutivo.

“Este fallo histórico demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso”, afirmó.

Perazzi también sostuvo que “el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del ‘equilibrio fiscal’” y consideró que la resolución representa “una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario”.

En la misma línea, el dirigente nacional de CONADU, Federico Montero, llamó a profundizar la movilización universitaria prevista para el 15 de octubre.

“El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular”, afirmó.

El dirigente cuestionó además la política presupuestaria del Ejecutivo y sostuvo que los gremios se movilizarán junto a otros sectores para reclamar el cumplimiento de la ley y defender el financiamiento de las universidades públicas.

Mientras tanto, el Gobierno prepara la apelación del fallo y el conflicto continuará ahora en el ámbito judicial, en paralelo con las negociaciones presupuestarias y el reclamo de las universidades por la aplicación efectiva de la normativa sancionada por el Congreso.

ND