La pelea por el financiamiento universitario sumó este martes una decisión que vuelve a colocar al Gobierno frente a una ley que intentó frenar durante casi un año. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado su aplicación y ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de inmediato la norma aprobada por el Congreso. La Casa Rosada confirmó pocas horas después que apelará.
La ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025, vetada por Javier Milei y ratificada luego por ambas cámaras con los dos tercios necesarios. Cuando finalmente la promulgó, el Ejecutivo incorporó una referencia a la legislación presupuestaria para sostener que no podía ejecutarla hasta que el Congreso determinara de dónde saldrían los recursos.
Cormick consideró ahora que ese mecanismo funcionó como una nueva instancia de veto que la Constitución no contempla. Para el magistrado, una vez que el Congreso insistió sobre la ley, el Ejecutivo ya no podía suspender sus efectos mediante el decreto de promulgación.
La sentencia obliga al Gobierno a adoptar las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La norma contempla actualización de gastos de funcionamiento, recomposición salarial para docentes y no docentes, becas, investigación y partidas para hospitales universitarios.
El conflicto ya había llegado varias veces a los tribunales. Una cautelar anterior ordenó actualizar salarios y becas; la Cámara en lo Contencioso Administrativo la confirmó y en junio la Corte Suprema dejó firme esa decisión. Durante las últimas semanas, Cormick también intimó al Estado a demostrar que estaba cumpliendo y consideró insuficiente la documentación presentada.
La sentencia conocida este martes va un paso más allá de aquellas cautelares: declara inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para suspender la aplicación general de la ley.
La respuesta oficial fue inmediata. La Procuración del Tesoro ya trabaja en la apelación y la Casa Rosada sostiene que el Congreso aprobó un incremento del gasto sin determinar una fuente suficiente de financiamiento. Según los cálculos presentados por el Estado, aplicar la norma demandaría más de un billón de pesos adicionales.
El argumento fiscal acompañó al Gobierno desde el comienzo del conflicto. Milei vetó la ley por su impacto presupuestario y, cuando el Congreso insistió, recurrió a la cláusula que ahora Cormick declaró inconstitucional. El Ejecutivo considera que cualquier modificación de las partidas debería resolverse durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
El juez rechazó ese razonamiento. Señaló que la propia ley habilita reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos de recaudación para afrontar el gasto. También recordó que el Ejecutivo modificó partidas mediante decretos y decisiones administrativas durante 2025.
La discusión seguirá ahora ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno buscará revertir la sentencia, mientras las universidades sostienen que la norma debe comenzar a aplicarse de inmediato.
La respuesta universitaria tendrá este miércoles una imagen particular. El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional trasladará su reunión mensual a Plaza de Mayo, donde los rectores volverán a reclamar el cumplimiento de la ley. El encuentro está previsto para las 14.30 y fue decidido después de conocerse la sentencia.
Para el 15 de octubre está convocada además la quinta Marcha Federal Universitaria, que coincidirá con una sesión especial impulsada por bloques opositores en Diputados. Los gremios docentes y no docentes mantienen sus reclamos salariales después de rechazar el 3% ofrecido por el Gobierno en las últimas reuniones paritarias.
En paralelo empieza otra discusión. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo prevé alrededor de 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales. Los rectores calculan que serían necesarios aproximadamente 11 billones para cumplir con la ley y ya comenzaron a llevar ese reclamo al Congreso.
La disputa universitaria pasó sucesivamente por el Congreso, las calles y los tribunales. En 2024 Milei logró sostener su veto a una primera ley de financiamiento. Un año después, el Congreso reunió los dos tercios para insistir y convirtió el nuevo proyecto en ley pese a la oposición del Ejecutivo.
Desde entonces la discusión dejó de ser solamente cuánto dinero deberían recibir las universidades. También se convirtió en una disputa institucional sobre qué margen tiene el Poder Ejecutivo para demorar una ley que fue sancionada y luego ratificada frente a un veto presidencial.
El fallo de Cormick es de primera instancia y todavía puede ser revisado. Tampoco resuelve por sí solo cuánto dinero terminarán recibiendo las universidades ni cómo se incorporarán esas partidas al próximo presupuesto. Sí rechaza, al menos por ahora, el argumento jurídico con el que el Gobierno había suspendido la ejecución general de la norma.
Este miércoles los rectores llevarán el reclamo a Plaza de Mayo mientras la Procuración prepara la apelación. Después de más de un año de vetos, insistencias legislativas, cautelares y negociaciones, el conflicto vuelve a una pregunta muy concreta: existe una ley vigente, ¿cuándo y cómo deberá cumplirla el Gobierno?