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07/10/2026 - Edición Nº1338
Política
Disputa territorial
Tierras rurales: qué ordenó la Justicia tras el pedido de la Defensoría bonaerense
07/10/2026 | El Gobierno nacional deberá preservar los datos recopilados durante 15 años sobre tierras rurales de la Provincia tras una cautelar.
La Justicia ordenó preservar la información sobre la titularidad de tierras rurales bonaerenses recopilada durante la vigencia de la Ley de Tierras.
por Redacción NewsDigitales
La Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó al Gobierno nacional informar y preservar toda la información vinculada con las tierras rurales de la Provincia de Buenos Aires que fue recopilada durante la vigencia de la Ley de Tierras.
La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, que le otorgó cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de los antecedentes registrales reunidos durante los últimos 15 años.
El planteo de la Defensoría, conducida por Guido Lorenzino, surgió luego de la derogación de la Ley 26.737 mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. La normativa había establecido límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y mecanismos estatales de registro y control. La Corte Suprema dejó recientemente operativa esa derogación al revocar una cautelar anterior por una cuestión de legitimación procesal, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto.
El nuevo fallo no vuelve a poner en vigencia la Ley de Tierras, sino que apunta específicamente a evitar que desaparezca o se altere la información generada durante los años en que estuvo vigente. Para la Defensoría, conservar esos datos resulta necesario para conocer la evolución de la propiedad rural y contar con herramientas para la planificación territorial y ambiental.
El riesgo que busca evitar la medida
El organismo bonaerense había advertido que la desaparición de los mecanismos de control y del mapa dominial podía dificultar el seguimiento de la titularidad de los campos. La preocupación adquiere especial relevancia en distritos donde existe una concentración significativa de propiedades en manos extranjeras, entre ellos Campana y Zárate.
En su presentación, la Defensoría sostuvo que la pérdida o alteración de los registros podría afectar la capacidad del Estado para conocer quiénes son los titulares de determinadas superficies y cómo evolucionaron las operaciones sobre el territorio rural.
El juzgado consideró que la eventual pérdida de esa información podría generar un perjuicio difícil de reparar para la planificación territorial y el desarrollo sostenible de la Provincia. Por eso, la cautelar busca preservar los antecedentes mientras continúa la discusión judicial sobre el nuevo escenario regulatorio.
El reclamo se produce además en un contexto en el que volvió a crecer el debate político sobre la extranjerización de tierras. Esta semana, el senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto para crear un régimen provincial de protección del dominio sobre tierras rurales y establecer nuevos límites a la titularidad extranjera.
La información que queda bajo resguardo
La medida judicial alcanza a los antecedentes registrales y bases de datos recopilados durante los últimos 15 años. El objetivo es garantizar que esa información permanezca disponible para futuras consultas y pueda ser utilizada como referencia para políticas de ordenamiento territorial, producción y protección ambiental.
Lorenzino sostuvo que la preservación de esos registros es una condición necesaria para evitar que los cambios regulatorios dejen a la Provincia sin información sobre su propio territorio. “No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, afirmó.
La discusión adquiere así una nueva dimensión: mientras la derogación de la normativa nacional vuelve a habilitar un escenario sin los límites establecidos por la Ley 26.737, la Justicia ordenó al Estado conservar la información que permite reconstruir cómo estaba distribuida la propiedad rural durante los años de vigencia de ese régimen.
El conflicto seguirá ahora por dos vías. Por un lado, la Justicia deberá resolver las cuestiones de fondo vinculadas con el marco regulatorio. Por otro, la Provincia de Buenos Aires busca avanzar con herramientas propias para recuperar capacidad de control sobre las tierras rurales y los recursos estratégicos de su territorio.
