El Gobierno acelera una reforma que puede cambiar la rutina de miles de litigios

El Ministerio de Justicia de la Nación dio el primer paso formal para avanzar en una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A través de la Resolución 515/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno creó una comisión de especialistas que tendrá a su cargo la elaboración de un anteproyecto destinado a actualizar las reglas que rigen los procesos civiles y comerciales en los tribunales nacionales.

La iniciativa busca adecuar el procedimiento judicial a las transformaciones producidas en el derecho argentino durante las últimas décadas. Entre sus principales objetivos aparecen la incorporación de herramientas tecnológicas, una mayor utilización de la oralidad, la simplificación de los trámites y el fortalecimiento de la tutela judicial efectiva.

El fin de un desfase normativo

La reforma parte de un diagnóstico concreto: el actual régimen procesal nacional tiene sus raíces en una normativa sancionada en 1967, mientras que el texto ordenado del Código Procesal Civil y Comercial fue aprobado en 1981.

Desde entonces, el sistema jurídico argentino atravesó modificaciones sustanciales. Uno de los principales puntos de inflexión fue la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, que incorporó nuevas instituciones y modificó conceptos centrales del derecho privado.

El desafío consiste, entonces, en lograr que las reglas del proceso acompañen esos cambios y permitan que los derechos reconocidos por la legislación de fondo puedan ser ejercidos mediante procedimientos acordes con las necesidades actuales de la Justicia.

Los cuatro pilares de la reforma

La resolución establece las principales pautas que deberán orientar el trabajo de la comisión. Entre ellas se encuentra una oralidad efectiva, con una mayor centralidad de las audiencias y del contacto directo entre las partes y el juez. Otro de los ejes será la incorporación de herramientas tecnológicas al proceso judicial, con el objetivo de profundizar la digitalización y modernizar la gestión de los expedientes.

La propuesta también deberá contemplar mecanismos destinados a garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y los demás principios constitucionales y convencionales que rigen la actividad jurisdiccional. A esto se suma la búsqueda de una mayor simplificación de los trámites, junto con el fortalecimiento de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos que permitan reducir la cantidad de controversias que llegan a los tribunales o agilizar su tratamiento.

Una comisión de 16 especialistas

El organismo estará coordinado por el doctor Martín Cardone y contará con 16 especialistas provenientes de distintos ámbitos vinculados con la administración de Justicia, la academia, la magistratura y la abogacía.

Los integrantes desempeñarán sus funciones con carácter ad honorem y trabajarán divididos en dos ámbitos: una subcomisión encargada de la redacción y otra destinada a la revisión del texto.

La composición busca combinar experiencia práctica y conocimiento académico para elaborar una propuesta que pueda responder a las necesidades actuales de los procesos civiles y comerciales.

El anteproyecto deberá estar listo en 60 días

La resolución establece además un plazo particularmente breve para completar el trabajo. La comisión deberá concluir sus tareas y aprobar el anteproyecto dentro de los 60 días corridos contados desde su primera reunión formal. Una vez finalizado y validado por la Secretaría de Justicia, el texto podrá ser elevado al Congreso de la Nación para su eventual tratamiento legislativo.

Por ahora, no existe un nuevo Código: existe una comisión con la misión de diseñar una propuesta de reforma. El verdadero debate comenzará cuando ese anteproyecto llegue al Congreso, donde deberán discutirse el alcance concreto de los cambios y su impacto sobre la práctica cotidiana de abogados, jueces y justiciables.