El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional que endurece fuertemente las sanciones de tránsito y establece multas de más de $ 7 millones para quienes conduzcan alcoholizados.

La iniciativa presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca agravar las penas en la mayoría de las faltas urbanas, extender los períodos de inhabilitación para conducir, incorporar la punibilidad desde los 14 años y eliminar la condena en suspenso con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de los castigos.
En el caso específico de la conducción bajo los efectos del alcohol, el proyecto incrementa el piso y el techo de las penalidades vigentes. El régimen actual, que contempla sanciones de 300 a 2.000 Unidades Fijas ($ 350.000 a $ 2.350.000), pasará a una escala de 1.000 a 6.000 UF, alcanzando montos máximos superiores a los $7.000.000.

Asimismo, los días de arresto previstos aumentarán de 5 a 30 días, mientras que el período de inhabilitación de la licencia de conducir se elevará considerablemente, pasando de un rango de 4 meses a 2 años a un nuevo esquema de 6 meses hasta 4 años.
La reforma legislativa abarca modificaciones sobre la Ley 1.472 y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12), introduciendo un agravamiento progresivo para los casos de reincidencia: un 50% de aumento en la pena para la primera reincidencia, un 66,6% para la segunda y un 100% para la tercera. Además, se crea el Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y se prohíbe el cumplimiento del arresto domiciliario para este grupo, salvo excepciones justificadas.

Entre otros puntos destacados, el proyecto eleva las sanciones para la venta ilegal en la vía pública con multas de hasta $58 millones para manteros y penas de hasta 90 días de arresto para "trapitos" reincidentes. A su vez, se endurecen los castigos por ruidos molestos (hasta $703.848 y 10 días de arresto) e incorpora como nuevas figuras contravencionales el acoso o acecho en la vía pública, las estafas digitales, el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia y la portación de elementos destinados a provocar disturbios en manifestaciones o eventos masivos.