El senador bonaerense Pablo Petrecca presentó un proyecto de ley que busca establecer un marco jurídico permanente para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa apunta a garantizar por ley la continuidad de la asistencia alimentaria en las escuelas públicas y a establecer reglas específicas para su financiamiento, administración, control y actualización presupuestaria.
La propuesta plantea que el SAE tenga como objetivo garantizar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos de los niveles inicial, primario y secundario, incluyendo sus distintas modalidades.
Según los fundamentos, el servicio dejó de ser únicamente un complemento de la jornada escolar y se convirtió en una herramienta central para numerosas familias bonaerenses.
El proyecto adquiere especial relevancia en un escenario en el que el Gobierno de Axel Kicillof decidió suspender durante 2026 el Programa MESA, destinado a la entrega de módulos alimentarios, y concentrar recursos en el SAE.

El Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense) fue creado en 2022, luego de la experiencia de los módulos alimentarios implementados durante la pandemia. Su objetivo fue complementar las prestaciones del SAE mediante la entrega mensual de módulos destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad social.
En abril de 2026, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dispuso mediante la Resolución 842/2026 una suspensión transitoria del programa por 90 días a partir del 1° de mayo.
Posteriormente, la Provincia extendió la suspensión. La Resolución 1640/2026 estableció que MESA permanecería suspendido desde el 30 de julio de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. El Gobierno bonaerense explicó que la decisión buscaba concentrar los recursos disponibles en el SAE.
De esta manera, la iniciativa de Petrecca apunta a darle al SAE una estructura legal permanente, más allá de las decisiones administrativas que puedan modificar programas complementarios como MESA.
El primer punto del proyecto es establecer expresamente que el SAE tendrá como finalidad garantizar el derecho a la alimentación y contribuir a mejorar tanto las condiciones de aprendizaje como la salud de los estudiantes.
Los destinatarios serán los alumnos de escuelas públicas de gestión estatal dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, de los niveles inicial, primario y secundario y sus diferentes modalidades.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad o el organismo que en el futuro lo reemplace, mientras que la Dirección General de Cultura y Educación tendrá intervención en todo lo relacionado con los establecimientos educativos, los Consejos Escolares y la prestación del servicio dentro del sistema educativo.
El objetivo de Petrecca es, según los fundamentos, reunir en una ley provincial procedimientos que actualmente se encuentran establecidos en diferentes normas y resoluciones administrativas.
Kicillof decidió recortar el MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y su Ministro Larroque salió a MENTIR para justificarlo y, como siempre, culpando al Gobierno Nacional. Tanto el MESA como el SAE (Servicio Alimentario Escolar) son responsabilidad EXCLUSIVA de la Provincia. O sea, de Kicillof y Larroque. NO EXISTE TAL DEUDA.
— Analía Corvino (@analiacorvino) April 21, 2026
El proyecto contempla dos vías para administrar el SAE. Por un lado, los Consejos Escolares podrán gestionar el servicio dentro de sus distritos. Por otro, los municipios podrán adherir mediante convenios o actas acuerdo con la Provincia y asumir la gestión.
Los convenios municipales deberán establecer las responsabilidades operativas, las modalidades de prestación, los mecanismos de transferencia de fondos y la rendición de cuentas.
Un punto central es que la finalización, modificación o vencimiento de un convenio con un municipio no podría generar una interrupción de las prestaciones alimentarias. Si fuera necesario, la Provincia debería adoptar las medidas administrativas y operativas para garantizar la continuidad del servicio mediante alguna de las modalidades previstas.
Uno de los principales cambios que plantea el proyecto es establecer por ley cómo debe financiarse el SAE.
El presupuesto destinado al programa deberá figurar en una partida específica dentro de cada Ley de Presupuesto de la Provincia. Además, el monto tendrá que actualizarse automáticamente cada tres meses en un porcentaje no inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región Gran Buenos Aires publicado por el INDEC, tomando como referencia el período inmediato anterior.
La intención es evitar que los recursos asignados al servicio queden desactualizados frente a la evolución de los precios de los alimentos y de los costos asociados a su funcionamiento.
La iniciativa detalla los principales destinos de los recursos del SAE. La partida alimentaria deberá cubrir el valor de las diferentes modalidades de prestación que determine la autoridad de aplicación. También se contemplan fondos para combustible destinado a cocinas y calefones, equipamiento y mantenimiento, administración y transporte.
En materia de infraestructura, el proyecto incluye expresamente elementos como heladeras, cocinas, vajilla y otros recursos indispensables para garantizar la prestación.
Los fondos destinados a los Consejos Escolares deberán depositarse en cuentas especiales autorizadas por la Dirección General de Cultura y Educación. En el caso de los municipios, deberán utilizarse cuentas específicas afectadas exclusivamente a la ejecución del SAE.
La autoridad de aplicación liquidaría mensualmente los fondos correspondientes al 100% de los cupos aprobados, con un ajuste en función de la asistencia media.
Los Consejos Escolares y los municipios tendrían la responsabilidad de informar la cantidad de beneficiarios de cada establecimiento y mantener actualizados esos registros.
También podrían proponer modificaciones en la cantidad de raciones, incluyendo reducciones, supresiones, redistribuciones o aumentos, además de cambios en la modalidad de prestación. Sin embargo, esas modificaciones quedarían sujetas a la aprobación de la autoridad provincial.
El sistema incorpora así un criterio de nominatividad, es decir, la identificación de los destinatarios de las prestaciones.
Otro eje del proyecto es establecer un marco nutricional común para toda la Provincia.
En ese marco, la autoridad de aplicación deberá elaborar y proporcionar un menú sugerido a los Consejos Escolares y municipios, tomando como referencia criterios nutricionales.
Además, podrá realizar controles para verificar la calidad, cantidad y valor nutricional de los alimentos entregados.
La propuesta también establece que los Consejos Escolares y municipios deberán controlar, junto con las autoridades de cada escuela, la calidad, cantidad e higiene de los alimentos y verificar que las prestaciones respeten los menús establecidos.
En tanto, una de las disposiciones del proyecto establece que las prestaciones deberán mantenerse durante los recesos escolares de invierno y verano.
Para ello, deberán utilizarse las dependencias y establecimientos que permanezcan en funcionamiento durante esos períodos.