Ley de Tierras: un giro de la Corte reabre la discusión por la venta de campos a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso en la discusión por la Ley de Tierras, luego de resolver que se aceleren los tiempos de una causa que cuestiona la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar las restricciones para que extranjeros compren campos en Argentina.

La novedad llega apenas una semana después de que el máximo tribunal rechazara otra demanda sobre el mismo tema. Sin embargo, aquel fallo no resolvió si la derogación de la ley era constitucional, por lo que ahora se abre la posibilidad de una nueva definición judicial.

En concreto, la Corte decidió reducir de 72 a 24 horas el plazo para que las partes puedan cuestionar la incorporación de dos nuevos jueces que participarán en el análisis del expediente. La medida busca acelerar el trámite de una causa que podría tener consecuencias directas sobre la propiedad de tierras rurales.

Qué cambió y por qué vuelve a discutirse la Ley de Tierras

La controversia comenzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante el cual Milei derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.

Esa norma establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales en Argentina. Entre otras restricciones, fijaba un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Su eliminación generó cuestionamientos judiciales de organizaciones sociales, ambientales y de excombatientes de Malvinas.

La semana pasada, la Corte rechazó una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), al considerar que la entidad no tenía legitimación suficiente para impulsar ese reclamo colectivo.

Sin embargo, los jueces aclararon que no se habían pronunciado sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley.

Ahora, una nueva presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda vuelve a poner el tema sobre la mesa.

A diferencia del reclamo anterior, esta demanda se apoya principalmente en argumentos relacionados con la protección del ambiente, la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios.

La Corte suma dos jueces y acelera los plazos

Para avanzar con este expediente, la Corte resolvió incorporar a dos conjueces, es decir, magistrados que participan de manera excepcional cuando se necesita completar la cantidad de votos para adoptar una decisión.

Los elegidos fueron Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

La incorporación se produjo porque los tres integrantes actuales de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo continuar con el expediente.

Además de convocar a los nuevos magistrados, el tribunal dispuso que las partes tengan solamente 24 horas para cuestionar sus designaciones, en lugar de las 72 habituales.

La resolución también habilitó días y horas inhábiles para cumplir ese trámite, una decisión que permite avanzar sin esperar los plazos judiciales ordinarios.

Qué puede pasar ahora con la venta de tierras a extranjeros

El punto central es que la nueva causa incluye un pedido de medida cautelar. Se trata de una decisión judicial provisoria que puede aplicarse mientras se resuelve la discusión principal.

Si la Justicia acepta ese pedido, podrían volver a regir, al menos temporalmente, las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros que habían sido eliminadas por el DNU de Milei.

Sin embargo, ese resultado todavía no está definido. La Corte también podría decidir que el expediente continúe su trámite ante un tribunal inferior, sin resolver inmediatamente la medida cautelar.

Por ahora, lo concreto es que el máximo tribunal aceleró los pasos necesarios para tomar una nueva decisión y volvió a colocar la Ley de Tierras en el centro del debate judicial.

De esta manera, una discusión que parecía haber quedado encaminada después del fallo sobre los excombatientes de Malvinas suma un nuevo capítulo, con posibles consecuencias sobre las reglas que regulan la propiedad de tierras rurales en Argentina.