Disputa judicial
09/10/2026 - Edición Nº1340
Política
Conflicto universitario
Protesta universitaria, empujones y acusaciones: las dos versiones del conflicto en Educación
08/10/2026 | Estudiantes reclamaron fondos y reunión con autoridades. El Gobierno denunció un ingreso violento y acusó a sectores políticos de impulsar los incidentes.
Los reclamos que se venían expresando en las calles, ahora llegaron a edificios y enfrentamientos.
por Redacción NewsDigitales
La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y las organizaciones estudiantiles. Una protesta realizada en la Secretaría de Educación terminó con empujones, intervención policial y fuertes acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido.
El episodio tuvo lugar en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad de Buenos Aires, donde cientos de estudiantes se concentraron para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir una reunión con las autoridades nacionales.
Sin embargo, lo que para los manifestantes fue una sentada pacífica destinada a obtener respuestas, para el Gobierno constituyó un ingreso por la fuerza al edificio, impulsado por organizaciones políticas con objetivos que exceden las demandas educativas.
La controversia se profundizó este jueves, cuando el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a los participantes de vivir una "fantasía revolucionaria" y de intentar generar un escenario de conflictividad contra la administración libertaria.
Qué reclamaban los estudiantes y cómo comenzó el conflicto
Una vez adentro, los estudiantes realizaron una sentada y reclamaron ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Entre sus principales demandas figuraban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, la aplicación del boleto educativo y mayores recursos para comedores, residencias y políticas de salud mental.
La protesta se desarrolló en medio de una disputa judicial por la aplicación de la ley, luego de que un juzgado federal declarara inconstitucional el decreto 759/2025, utilizado por el Ejecutivo para frenar su implementación.
"No tenemos más paciencia. Estamos hace más de un año exigiendo que se cumpla la ley de financiamiento universitario", expresó Isabel González Puente, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Desde las organizaciones estudiantiles sostuvieron que su intención era mantener una reunión con las autoridades y que la protesta dentro del edificio tenía carácter pacífico.
También denunciaron que efectivos de la Policía Federal buscaron retirarlos del lugar, pese a que, según su versión, previamente les habían prometido una reunión con Torrendell.
La versión del Gobierno y las acusaciones contra organizaciones políticas
La interpretación del Gobierno fue completamente diferente. El subsecretario Alejandro Álvarez sostuvo que los manifestantes habían organizado un ingreso forzado y que detrás de la protesta existía una intención de generar un conflicto político.
"Ellos creen que pueden hacer 'la gran París', pero bueno, viven en ese mundo, pretenden generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno", afirmó el funcionario en declaraciones radiales.
Álvarez vinculó la movilización con dos organizaciones de izquierda, una relacionada con el Partido Comunista Revolucionario y otra con La Mella, agrupación que identificó con el diputado Juan Grabois. También señaló la presencia del diputado nacional Itaí Hagman, de Unión por la Patria, y de dirigentes sindicales docentes y no docentes.
"La izquierda cree que tiene fueros y que puede hacer cualquier cosa", cuestionó.
El funcionario rechazó la versión de los estudiantes sobre el carácter pacífico de la manifestación y aseguró que los videos difundidos por los propios participantes muestran que inicialmente solicitaron hablar con las autoridades, pero posteriormente forzaron el ingreso. "Lo único que hacen es agredir a gente que estaba trabajando", sostuvo.
De esta manera, mientras las organizaciones estudiantiles defienden la legitimidad de su reclamo y cuestionan la intervención policial, el Ejecutivo considera que la modalidad de la protesta excedió los límites de una manifestación.
Una nueva marcha y un conflicto que todavía no encuentra solución
El enfrentamiento se produce en un contexto de creciente discusión por los recursos destinados a las universidades públicas y por las obligaciones del Gobierno frente a la Ley de Financiamiento Universitario.
Las organizaciones estudiantiles sostienen que las partidas presupuestarias resultan insuficientes y reclaman que se cumplan las disposiciones legales vinculadas con salarios, becas y funcionamiento de las instituciones.
Desde el Ejecutivo, en cambio, cuestionan la representatividad de las agrupaciones que encabezan las movilizaciones y consideran que determinados sectores opositores utilizan las demandas universitarias como parte de una disputa política más amplia.
En ese sentido, Álvarez también apuntó contra la protesta convocada para la próxima semana.
"No va a haber una manifestación de universidades. Va a haber una manifestación opositora para voltear el decreto del Gobierno, el DNU 70, frente al Congreso de la Nación", afirmó.
No obstante, reconoció el derecho a manifestarse, aunque cuestionó que los organizadores pretendan representar al conjunto de la comunidad universitaria.
Así, el conflicto deja dos discusiones abiertas: por un lado, el cumplimiento de la legislación que regula el financiamiento de las universidades; por el otro, las diferencias sobre las formas de protesta y la intervención de organizaciones políticas.
Mientras la Justicia continúa interviniendo en la disputa presupuestaria y se prepara una nueva movilización, el Gobierno y los sectores estudiantiles mantienen posiciones enfrentadas sobre un reclamo que sigue ocupando un lugar central en la agenda educativa y política.
