Corte Suprema
10/10/2026 - Edición Nº1341
Política
Diputados
Del DNU 70 al oro del Banco Central: por qué pidieron un nuevo juicio político a Milei
10/10/2026 | El proyecto asegura que el Presidente compromete "el principio de división de poderes, el federalismo y la libertad de expresión".
Javier Milei, destinatario de otro pedido de juicio político por parte de la oposición.
La diputada nacional Mónica Frade presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente Javier Milei por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa plantea una serie de cuestionamientos vinculados con el uso de los decretos, la relación con los otros poderes del Estado, el manejo de las reservas de oro del Banco Central, el RIGI y la política exterior, entre otros puntos.
El proyecto propone remitir las actuaciones a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que analice los hechos en el marco de sus atribuciones constitucionales.
En sus fundamentos, la legisladora de la Coalición Cívica sostiene que las distintas decisiones y conductas del mandatario deben evaluarse en conjunto, porque podrían configurar una situación de gravedad institucional incompatible con las responsabilidades de la Presidencia.
Mónica Frade, autora del pedido de juicio político
Por qué Mónica Frade pidió el juicio político contra Milei
La legisladora fundamentó su iniciativa en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece la facultad de la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a los integrantes de la Corte Suprema por las causales previstas en la norma, entre ellas el mal desempeño en sus funciones.
En el texto, Frade aclara que el juicio político no debe utilizarse para cuestionar decisiones de gobierno simplemente porque resulten controvertidas ni para sancionar una orientación política determinada. Según argumenta, el mecanismo está destinado a examinar conductas que, por su gravedad, naturaleza o reiteración, puedan resultar incompatibles con las obligaciones constitucionales de los funcionarios.
Desde esa perspectiva, la diputada plantea que los hechos señalados no deben analizarse como episodios aislados, sino como parte de una modalidad de ejercicio del poder que, a su entender, podría afectar el funcionamiento de las instituciones.
La frase de Milei sobre destruir el Estado desde adentro
Uno de los primeros argumentos de Frade apunta a las propias declaraciones públicas del Presidente. En particular, retoma la definición de Milei como un “topo que viene a destruir el Estado desde adentro”.
Para la diputada, esa expresión adquiere relevancia institucional porque proviene de quien juró desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo presidencial, además de observar y hacer observar la Constitución Nacional, tal como establece el artículo 93.
El planteo busca establecer una posible contradicción entre esa concepción del Estado y las responsabilidades que implica ejercer la máxima magistratura. Frade sostiene que no se trata solamente de una declaración retórica, sino que debe evaluarse en relación con las decisiones adoptadas durante la gestión.
El DNU 70/2023 y el cuestionamiento a la división de poderes
Otro de los ejes centrales del proyecto es el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La legisladora cuestiona particularmente el DNU 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023, que introdujo modificaciones en numerosas áreas del ordenamiento jurídico, entre ellas la legislación laboral, el Código Civil y Comercial y el Código Aduanero.
Frade advierte que la amplitud de los cambios y el momento de su publicación, inmediatamente antes de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, plantean interrogantes sobre la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran recurrir a esa herramienta.
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución establece límites para el dictado de normas legislativas por parte del Poder Ejecutivo. En ese marco, la diputada cuestiona si el uso de los DNU durante la gestión de Milei puede haber avanzado sobre las competencias propias del Congreso.
La iniciativa también menciona las descalificaciones públicas dirigidas contra legisladores, magistrados, periodistas y trabajadores de prensa. Según Frade, el uso de canales y plataformas oficiales para difundir agravios o acusaciones contra actores políticos, judiciales y periodísticos podría generar efectos intimidatorios y afectar el pluralismo democrático y la libertad de expresión.
Las reservas de oro del Banco Central, bajo la lupa
El traslado al exterior de oro perteneciente a las reservas del Banco Central de la República Argentina también aparece entre los fundamentos del pedido de juicio político.
Frade señala que se hizo pública la salida del país de cantidades importantes de ese activo y menciona la posibilidad de que se utilice como garantía o respaldo de determinadas operaciones financieras.
La diputada considera que corresponde examinar la naturaleza, las condiciones y el alcance de esas operaciones, debido a que involucran activos públicos y cuestiones vinculadas con las finanzas nacionales.
A LA MENTIRA SE LA COMBATE CON INFORMACIÓN. Mientras ellos sigan diciendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir contestando con las mismas verdades. VLLC!
— Javier Milei (@JMilei) October 8, 2026
El RIGI y las facultades de las provincias
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado a través de la Ley Bases, constituye otro de los aspectos cuestionados.
El sistema contempla beneficios y condiciones de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria para proyectos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos. Frade advierte que la duración de esos beneficios y las garantías otorgadas a las grandes inversiones plantean interrogantes sobre su impacto en las competencias de las provincias y los municipios.
Para fundamentar su planteo, invoca los artículos 1, 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional, vinculados con la organización federal, la autonomía provincial y el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios.
El cuestionamiento se concentra en la posible tensión entre las condiciones establecidas por el régimen nacional y las atribuciones que corresponden a las jurisdicciones locales.
Importante 👇
— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 9, 2026
Las fuerzas extranjeras y la política exterior de Milei
El proyecto también pone el foco en las decisiones del Poder Ejecutivo relacionadas con la presencia o participación de fuerzas militares extranjeras y con la salida de tropas nacionales del territorio argentino.
Frade recuerda que el artículo 75, inciso 28, de la Constitución reserva al Congreso la facultad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales, competencias que también están reguladas por la Ley 25.880.
A su vez, menciona el artículo 99, inciso 18, que establece que el Presidente necesita permiso del Congreso para ausentarse del territorio nacional. La legisladora propone examinar cómo se ejercieron esas atribuciones y si las decisiones adoptadas respetaron las competencias del Poder Legislativo.
En materia internacional, cuestiona además el alineamiento de la administración de Milei con países involucrados en conflictos armados. En ese punto, invoca el artículo 27 de la Constitución, las atribuciones del Congreso en materia de guerra y paz y los compromisos internacionales de la Argentina respecto de la solución pacífica de controversias y la prohibición del uso de la fuerza.
“Los hechos y decisiones reseñados no constituyen, considerados individualmente, una enumeración de desacuerdos políticos con el Poder Ejecutivo. Su relevancia constitucional surge de su posible articulación en un modo de ejercicio del poder que compromete, en distintos planos, el principio de división de poderes, las competencias propias del Congreso, el federalismo, la administración de los recursos públicos, la libertad de expresión, la independencia de los distintos actores institucionales y los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la República Argentina”, subraya.
Y completa: “La reiteración y convergencia de estas conductas justifican, en consecuencia, la intervención del mecanismo constitucional de responsabilidad política previsto para quienes ejercen la Presidencia de la Nación. La causal de mal desempeño no exige la configuración de un único hecho aislado, sino que puede surgir de un conjunto de actos, decisiones y comportamientos que, por su gravedad y por su incidencia sobre el funcionamiento regular de las instituciones, resulten incompatibles con el adecuado ejercicio de la función presidencial”.
