Corea del Norte volvió a enfrentarse diplomáticamente con Estados Unidos después de que Washington difundiera un informe sobre trata de personas que cuestiona las condiciones laborales dentro del país asiático. El gobierno de Kim Jong Un rechazó las acusaciones y denunció que los derechos humanos están siendo utilizados como una herramienta de presión política.
La respuesta fue difundida este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano, que calificó el documento estadounidense como un intento de politizar los derechos humanos y utilizarlos contra Pyongyang.
El pronunciamiento se produjo después de que el Departamento de Estado estadounidense mantuviera a Corea del Norte en la categoría más baja de su clasificación internacional contra la trata de personas.

El informe estadounidense de 2026 volvió a ubicar a Corea del Norte en el denominado Nivel 3, correspondiente a países cuyos gobiernos no cumplen los estándares mínimos para combatir la trata de personas ni realizan esfuerzos significativos para alcanzar esos objetivos.
Entre las principales preocupaciones figuran las denuncias de trabajo forzoso organizado por el Estado, una práctica que investigaciones estadounidenses anteriores vincularon con campos de detención, centros de trabajo y movilizaciones obligatorias de ciudadanos.
Los antecedentes también incluyen señalamientos sobre trabajadores norcoreanos enviados al extranjero bajo condiciones restrictivas, con limitaciones a su libertad de movimiento y al control de sus ingresos.
Estas acusaciones forman parte de una disputa prolongada sobre el funcionamiento del sistema político norcoreano, caracterizado por fuertes restricciones a la información y escaso acceso de observadores internacionales independientes.
Pyongyang considera que las denuncias estadounidenses responden a una estrategia destinada a presionar a su gobierno y cuestionar su soberanía.
La controversia llega en un momento especialmente delicado para la península coreana. Durante los últimos días, Corea del Norte también rechazó una propuesta de asistencia médica procedente de Seúl y mantuvo un intercambio de acusaciones con su vecino por una explosión en la frontera militarizada.
La disputa por los derechos humanos se suma así a los desacuerdos militares, nucleares y diplomáticos que mantienen enfrentados a los gobiernos involucrados.
Mientras Washington insiste en denunciar las condiciones de vida y trabajo en territorio norcoreano, el régimen de Kim Jong Un sostiene que estas evaluaciones forman parte de una política hostil.
Por ahora, el nuevo intercambio deja en evidencia la profundidad del desacuerdo entre ambos países, sin señales concretas de una negociación que permita acercar posiciones.