A 17 años de la aprobación de la Ley de Medios: 20 horas de debate y grieta desatada

Hace exactamente 17 años, el Senado de la Nación aprobaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner que modificó las reglas de juego para los medios de comunicación y abrió un conflicto de enorme magnitud con sectores de la oposición y las principales empresas periodísticas del país.

La votación se concretó durante la madrugada del 10 de octubre de 2009, luego de casi 20 horas de debate.

El oficialismo consiguió la sanción definitiva por 44 votos a favor y 24 en contra, sin introducir modificaciones al texto que había recibido media sanción de la Cámara de Diputados. La ley reemplazó el régimen de radiodifusión vigente desde la última dictadura militar y se convirtió en una de las iniciativas más emblemáticas del kirchnerismo.

La discusión excedió rápidamente los aspectos técnicos de la regulación audiovisual. Para el Gobierno, la norma permitiría limitar la concentración de medios, ampliar la participación de organizaciones sin fines de lucro y multiplicar las voces.

Para sus detractores, en cambio, la iniciativa otorgaba al Poder Ejecutivo herramientas de intervención que podían afectar la independencia periodística y la libertad de expresión.

La disputa, que tuvo al Grupo Clarín como uno de sus protagonistas centrales, terminó por consolidar una grieta política y comunicacional que atravesó durante años el debate público argentino.

Una sesión maratónica

El debate en el Senado comenzó después de la aprobación en Diputados y se extendió durante toda la jornada y buena parte de la madrugada.

La discusión en particular, artículo por artículo, estuvo marcada por los intentos de la oposición de introducir modificaciones que obligaran a devolver el proyecto a la Cámara baja.

El oficialismo, sin embargo, logró mantener el texto sin cambios. A las 2.30 de la madrugada, la iniciativa había superado la votación en general por 44 votos contra 24.

Después llegó el tratamiento de los 166 artículos, con especial atención sobre la composición de la autoridad de aplicación, la adjudicación de licencias y los plazos de adecuación para las empresas que excedieran los límites establecidos.

Uno de los momentos más tensos se produjo durante la discusión del artículo 161, que fijaba un plazo de un año para que los titulares de licencias alcanzados por las nuevas restricciones adecuaran su situación. El oficialismo se impuso por 38 votos contra 28, con una abstención.

La sesión tuvo incluso un episodio inesperado al final. Cuando faltaban votar los últimos cinco artículos, el sistema electrónico dejó de funcionar después de que parte de la oposición se retirara del recinto. La votación debió completarse a viva voz.

Desde la presidencia del Senado, Julio Cobos lanzó una ironía en medio del cansancio general: “No manejamos los medios pero el tiempo sí”.

El argumento del Gobierno: más voces y menos concentración

El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para democratizar la comunicación. Durante el debate, el senador José Mayans destacó la posibilidad de que municipios, universidades y pueblos originarios pudieran acceder a espacios propios de difusión.

“La Argentina tiene aproximadamente 2.700 municipios. Todos van a poder tener sus radios para expresarse, al igual que las universidades, los pueblos originarios”, sostuvo.

Mayans también cuestionó el centralismo de los grandes medios nacionales y planteó que la nueva legislación permitiría ampliar las posibilidades de expresión de las distintas comunidades del país.

“El gobierno nacional ha hecho un aporte muy importante con este proyecto, con esta discusión, que va a traer un cambio muy fundamental en el sistema de radiodifusión argentino”, afirmó.

La ley reservó un 33% del espectro radioeléctrico para entidades sin fines de lucro y estableció límites a la cantidad de licencias que podía acumular un mismo titular. También incorporó obligaciones vinculadas con la producción nacional, la transparencia de los licenciatarios y la participación de distintos sectores en el sistema audiovisual.

La promesa oficial era construir un mapa mediático más diverso, con nuevas radios, canales y proyectos comunitarios. Sin embargo, la aplicación de esas disposiciones quedaría atravesada por disputas políticas, administrativas y judiciales.

La oposición denunció discrecionalidad y falta de garantías

El rechazo opositor no se concentró exclusivamente en el contenido de la regulación, sino también en quién tendría la facultad de aplicarla y bajo qué mecanismos de control.

El entonces senador radical Luis Naidenoff cuestionó que el Gobierno presentara la iniciativa como una garantía de pluralidad mientras, según su interpretación, mantenía una relación conflictiva con la prensa crítica.

“¿Cuál es la situación actual, señor presidente? Asfixia, persecución y silenciamiento de las voces críticas e independientes de la Argentina”, planteó durante su intervención.

Naidenoff sostuvo que la norma profundizaba una lógica de confrontación y advirtió sobre la discrecionalidad que, a su entender, podía derivarse de las atribuciones otorgadas al Poder Ejecutivo. “Esto tiene que ver con la lógica de la confrontación. Ayer fue el turno del campo, hoy le toca a los medios. ¡Vamos por todo!”, expresó.

El senador también invocó el resultado de las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, en las que el oficialismo había sufrido una derrota nacional, para cuestionar la decisión de avanzar con una iniciativa de semejante alcance sin un consenso más amplio.

Por su parte, la senadora María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, rechazó que quienes cuestionaban el proyecto fueran presentados como defensores de la legislación de la dictadura.

“Me parece muy peligroso caer en estas visiones maniqueas y demonizantes, que reducen la discusión pública a eslóganes malintencionados y engañosos”, afirmó.

Su intervención también apuntó a la relación previa entre el kirchnerismo y los grandes grupos mediáticos. Estenssoro recordó que durante la presidencia de Néstor Kirchner se habían renovado licencias y autorizado la fusión de Cablevisión y Multicanal, operaciones que, según su argumento, evidenciaban contradicciones entre el discurso oficial contra la concentración y las decisiones anteriores del Gobierno.

“No hace falta una nueva ley: hay que hacer cumplir las leyes que están vigentes”, sostuvo.

La senadora cuestionó, además, la independencia de los organismos de control y denunció lo que consideraba una estrategia gubernamental para debilitar a la prensa crítica.

Así, la aprobación de la Ley de Medios fue mucho más que una votación parlamentaria: representó un intento de modificar una estructura regulatoria heredada de la dictadura, pero también se convirtió en un símbolo de la confrontación entre el kirchnerismo, la oposición y los principales grupos de comunicación.