Malvinas: vence el ultimátum y Milei prepara una ofensiva ante el Tribunal del Mar

El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva ofensiva internacional contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Este lunes vence el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Ante la falta de una solución, la Cancillería trabaja en un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el avance del emprendimiento.

La presentación todavía no tiene fecha confirmada. La estrategia, anunciada el 28 de septiembre, combina el arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) con una solicitud urgente ante el Tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania. Si el planteo se formaliza durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, aunque no existe un plazo automático que garantice ese resultado.

La Argentina no puede ordenar unilateralmente la paralización de Sea Lion. El objetivo es que una instancia internacional evalúe sus argumentos y, si se cumplen los requisitos jurídicos, disponga medidas para preservar los derechos en disputa mientras avanza el arbitraje.

Qué puede pasar cuando venza el plazo

El ultimátum diplomático no activa por sí solo la intervención judicial. La Argentina deberá presentar formalmente el pedido, justificar la urgencia y demostrar que existe una base suficiente para considerar que el futuro tribunal arbitral tendría competencia sobre el caso.

El procedimiento está contemplado en el artículo 290 de la CONVEMAR, que permite al Tribunal dictar medidas provisionales antes de que se constituya un tribunal arbitral. Los jueces deberán evaluar si la continuidad de las actividades puede causar un perjuicio que justifique una intervención urgente.

Milei anunció la estrategia a través de la Oficina del Presidente y luego la ratificó en su cuenta de X. “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió. El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje y advirtió que las empresas que operen en las islas sin autorización argentina podrían enfrentar consecuencias.

Los antecedentes que pueden influir en la decisión

Uno de los antecedentes es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012. La Argentina solicitó medidas provisionales ante el Tribunal del Derecho del Mar y consiguió una orden para que el buque fuera liberado. Entre la presentación y la resolución transcurrió aproximadamente un mes.

También existe un antecedente relacionado con la actividad petrolera. En 2015, una sala especial del Tribunal intervino en la disputa entre Ghana y Costa de Marfil por la delimitación marítima. Aunque no aceptó íntegramente el pedido de suspensión de las actividades, ordenó impedir nuevas perforaciones mientras avanzaba el proceso.

Los casos tienen diferencias jurídicas, pero muestran que una jurisdicción internacional puede imponer restricciones temporales sin resolver el fondo de una controversia. En Sea Lion, la primera producción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028.

Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas

El proyecto está a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es operado por Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65%, junto con Rockhopper Exploration, del Reino Unido, que posee el 35%.

A fines de 2025, ambas empresas adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, que contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. La capacidad prevista ronda los 55.000 barriles diarios.

La presión argentina ya tuvo repercusiones empresariales. El Gobierno informó que Halliburton descartó prestar servicios al proyecto. Navitas, por su parte, reconoció que las actuaciones argentinas afectaban algunas contrataciones, aunque aseguró que continuaba con el desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso.

El límite jurídico de la estrategia argentina

La Cancillería fundamentará su reclamo en la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y en las obligaciones de la CONVEMAR. La Resolución 2065 de la ONU, de 1965, reconoció la disputa entre la Argentina y el Reino Unido e instó a negociar una solución. La Resolución 31/49, de 1976, llamó a evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara pendiente la controversia.

Sin embargo, el Tribunal del Derecho del Mar no tiene competencia general para decidir a qué país pertenecen las islas. La Argentina deberá encuadrar su presentación en derechos y obligaciones marítimos contemplados en la Convención, sin pedir que el organismo resuelva directamente la cuestión de soberanía.

La estrategia también coincide con la elección de la jurista argentina Frida María Armas Pfirter como vicepresidenta del Tribunal para el período 2026-2029. Su designación refuerza la presencia argentina en ese ámbito, pero no anticipa una decisión favorable: los jueces actúan de manera independiente.

El vencimiento del ultimátum marcará así una nueva etapa de la disputa. La Argentina buscará una resolución que limite el avance de Sea Lion antes de las perforaciones de desarrollo, mientras el Reino Unido y las empresas involucradas mantienen sus planes. Una eventual medida provisional podría restringir ciertas actividades, pero no resolvería la soberanía de las Islas Malvinas.