El polémico DNU 70 vuelve el jueves al Congreso: qué puede perder Milei

La oposición se prepara para llevar nuevamente al recinto de Diputados una de las discusiones más importantes del gobierno de Javier Milei. El próximo jueves 15 de octubre aparece en el calendario parlamentario como una fecha decisiva para el futuro del DNU 70/2023, el decreto con el que el Presidente inició buena parte de su programa de desregulación económica. Su eventual rechazo abriría un escenario jurídico complejo y representaría un golpe político para una herramienta que acompañó al oficialismo desde sus primeros días.

La discusión tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024. Por lo tanto, si Diputados también votara en contra, se completaría el procedimiento previsto por la Ley 26.122 para dejarlo sin vigencia. El resultado dependerá del quórum, de la asistencia y de la posición que finalmente adopten los bloques que durante estos años acompañaron al Gobierno en distintas votaciones.

El decreto que inauguró el Gobierno

El 20 de diciembre de 2023, apenas diez días después de asumir, Milei anunció por cadena nacional un decreto que modificaba o derogaba centenares de disposiciones. El texto alcanzaba cuestiones laborales, comerciales, sanitarias, inmobiliarias y administrativas. Fue presentado como el primer paso de una transformación económica que luego continuaría con la Ley Bases y otras iniciativas legislativas.

La amplitud del DNU produjo desde el comienzo cuestionamientos políticos y judiciales. Distintos sectores discutieron la necesidad y urgencia de sus disposiciones, mientras algunas medidas fueron suspendidas por los tribunales. El capítulo laboral, por ejemplo, encontró obstáculos judiciales que limitaron su aplicación.

Sin embargo, buena parte del decreto continuó vigente. El Gobierno pudo sostenerlo porque el rechazo de una sola cámara no alcanza para derogarlo. Durante más de dos años, esa regla le permitió conservar una herramienta central de su programa aun después de la votación adversa del Senado.

Qué podría cambiar

La eventual derogación plantea una dificultad que suele perderse en la discusión política. El DNU 70 modificó normas muy diferentes entre sí y produjo efectos durante el tiempo en que estuvo vigente. Su rechazo no permitiría regresar mecánicamente al ordenamiento jurídico de diciembre de 2023.

La Ley 26.122 establece que ambas cámaras deben rechazar un decreto para producir su derogación y que quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, existe una discusión jurídica sobre los efectos de la derogación de las normas derogatorias y sobre la eventual recuperación de disposiciones anteriores.

En materia de alquileres, por ejemplo, el decreto eliminó la legislación que regulaba específicamente los contratos de vivienda. Su caída obligaría a determinar qué régimen corresponde aplicar a los nuevos acuerdos y cómo se preservan los contratos celebrados durante estos años.

También habría consecuencias potenciales para otras actividades alcanzadas por las reformas. El alcance efectivo dependería de cada disposición, de las leyes posteriores que hayan modificado esas materias y de las decisiones judiciales que pudieran intervenir.

Por eso, el problema excede la pregunta sobre si el Congreso puede rechazar el decreto. También importa cómo se administraría la transición normativa después de una eventual derogación.

Los votos que necesita la oposición

El oficialismo enfrenta una dificultad conocida: puede tener capacidad para negociar leyes particulares sin contar necesariamente con una mayoría estable que respalde todas sus decisiones. El DNU 70 obliga a los aliados a pronunciarse sobre un paquete amplio de medidas, algunas de las cuales pueden compartir y otras cuestionar.

Para que la oposición consiga su objetivo deberá reunir primero el quórum y después los votos necesarios para rechazar el decreto. No alcanza con que algunos bloques expresen desacuerdos parciales. La votación del DNU, a diferencia del tratamiento de una ley ordinaria, no permite modificar artículos ni separar capítulos.

Esa característica convierte la sesión en una prueba política para los espacios que mantienen relaciones cambiantes con la Casa Rosada. Un diputado puede respaldar la desregulación económica y cuestionar simultáneamente una disposición sobre tierras, salud o relaciones laborales. Al momento de votar, deberá resolver cómo traduce esas diferencias en una sola decisión.

El Gobierno, por su parte, tiene incentivos para negociar con esos sectores y evitar que los desacuerdos específicos terminen agrupándose en un rechazo general.

Una discusión sobre el poder presidencial

La historia del DNU 70 también permite observar cómo cambió la relación entre Milei y el Congreso. En diciembre de 2023, el Presidente eligió comenzar su gestión con una intervención normativa de gran alcance, antes de contar con una mayoría legislativa capaz de aprobar reformas semejantes por el procedimiento ordinario.

El decreto fue una expresión de la urgencia que el Gobierno atribuía a la situación económica y de su decisión de avanzar rápidamente con las transformaciones prometidas. También expuso las tensiones entre esa estrategia y las atribuciones constitucionales del Congreso.

La posibilidad de que Diputados vuelva a discutirlo casi tres años después muestra que aquella controversia nunca terminó de resolverse políticamente. Las sucesivas negociaciones legislativas, las reformas posteriores y las decisiones judiciales modificaron el contexto, aunque el decreto original continúa siendo objeto de disputa.

La discusión también tendrá consecuencias para la oposición. Rechazar el DNU puede ofrecer una victoria parlamentaria importante, pero obligaría a explicar qué regulación debería reemplazar a las disposiciones que dejen de aplicarse. Los bloques que promueven su caída no necesariamente comparten una misma propuesta económica.

La prueba del jueves

La sesión prevista para el 15 de octubre todavía requiere confirmaciones políticas decisivas. La convocatoria, el temario definitivo y las posiciones de los bloques deberán verificarse antes de considerar asegurado un desenlace. En el Congreso, la distancia entre anunciar una ofensiva y reunir los votos necesarios puede ser considerable.

Para Milei, el riesgo consiste en perder una herramienta que simboliza el comienzo de su gobierno y que todavía tiene efectos concretos sobre distintas actividades. Para la oposición, el desafío será transformar una mayoría eventual en una decisión legislativa con consecuencias que deberá explicar y eventualmente administrar.

El jueves podría abrirse una discusión que trascienda la suerte de un decreto. Después de casi tres años de reformas, negociaciones y controversias judiciales, el Congreso tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre una de las decisiones fundacionales del gobierno libertario. El resultado permitirá medir cuánto respaldo político conserva aquella iniciativa y hasta dónde están dispuestos a acompañarla quienes nunca terminaron de compartirla por completo.