Despido justo y bolsillos vacíos: por qué se rechazó el reclamo de un guardia de seguridad

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 24 rechazó la demanda de un vigilador de seguridad privada contra Murata S.A. y consideró justificado el despido dispuesto por la empresa. Según surge del fallo, el conflicto se originó en un episodio ocurrido en la estación Retiro de la Línea Mitre, donde el trabajador habría abordado a una adolescente de 13 años, le habría solicitado datos personales y le habría entregado un papel con su nombre y número de teléfono celular. Según consta en el fallo, el trabajador tenía antecedentes de comportamiento inapropiado en el ejercicio de sus tareas.

La sentencia, firmada por el juez Leonardo Gabriel Bloise, también descartó los reclamos por diferencias salariales, horas extras, irregularidades registrales y otros conceptos indemnizatorios. Entre los elementos que tuvo en cuenta para resolver la controversia estuvo la conducta asumida por el trabajador en una causa penal vinculada con los hechos.

Un episodio que terminó en despido

El conflicto comenzó con la denuncia de la madre de la adolescente, quien informó que el vigilador había mantenido una interacción inapropiada con su hija en la estación ferroviaria. De acuerdo con los antecedentes examinados en el expediente laboral, el empleado le habría pedido información personal y le habría dado un papel con sus datos de contacto.

La empresa consideró que ese comportamiento era incompatible con las obligaciones propias de un trabajador de seguridad privada y dispuso su desvinculación. El vigilador, en cambio, cuestionó la decisión y sostuvo en su demanda que el despido carecía de una causa legítima, por lo que reclamó las indemnizaciones correspondientes y otros conceptos laborales.

La contradicción que pesó en el expediente

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la comparación entre la postura del trabajador en el juicio laboral y su comportamiento en el proceso penal relacionado con el episodio. Según la sentencia, en esa otra instancia había aceptado someterse durante un año a determinadas pautas de conducta, mientras que posteriormente negó los hechos al reclamar las indemnizaciones por despido.

El magistrado recurrió a la denominada teoría de los actos propios, un principio jurídico que impide adoptar una posición incompatible con una conducta anterior jurídicamente relevante cuando esa contradicción vulnera las exigencias de la buena fe. Para el juez, la actitud asumida por el demandante en ambos procesos debía ser valorada al examinar su versión de los acontecimientos.

La decisión no implica que cualquier acuerdo o pauta de conducta en una causa penal equivalga automáticamente a una confesión de culpabilidad. En este caso, el juez evaluó esa circunstancia dentro del conjunto de elementos incorporados al expediente laboral y la consideró relevante para resolver la controversia sobre la legitimidad del despido.

Horas extras y diferencias salariales, también rechazadas

La estrategia legal del vigilador se basó en cuestionar la procedencia de su desvinculación, a partir de la cual reclamó por el artículo 9 de la Ley Nº 25.013 cuyo texto -antes de ser derogado por la Ley Bases Nº 27.742- decía: "En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la Ley 20.744 (t.o. 1976)". 

En otro orden de cosas, el guardia de seguridad reclamó por registración deficiente, diferencias salariales y la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El Juzgado entendió que las pruebas aportadas en ese sentido, no alcanzaban para demostrar los incumplimientos denunciados. Por otra parte, el vigilador presentó un expediente -iniciado por denuncia de la madre de la menor- que terminó en sobreseimiento, pero el Juzgado señaló que alcanzó dicha posición luego de ofrecer una reparación a la víctima. En suma, el vigilador terminó complicado en todos los frentes.

La sentencia señaló deficiencias en los testimonios presentados por el trabajador, cuyas declaraciones fueron consideradas imprecisas o contradictorias en aspectos relevantes. También cuestionó la falta de elementos suficientes para respaldar el reclamo por horas extras y otros conceptos económicos. De ese modo, el rechazo se apoyó en que el trabajador no fue capaz de sostener un relato consistente, firme y sólido para defender su posición. Solamente se limitó a la discusión sobre el despido, y a pedir por el pago del conjunto de los rubros reclamados, en lo que consideró un despido con causa falsa.

Las costas quedaron a cargo del trabajador

Al desestimar íntegramente la acción, el juzgado impuso las costas del proceso al demandante, conforme al principio general de la derrota. Esto supone que deberá afrontar los gastos y honorarios que correspondan según la regulación judicial, incluidos los de los profesionales que intervinieron por la empresa, los codemandados y la perito contadora.