La crisis electoral de India empieza en el software que administra sus votantes

La operación de seguridad desplegada este sábado 10 de octubre en Nueva Delhi para impedir una protesta juvenil contra la Comisión Electoral de India dejó más de 2.000 personas detenidas. Las autoridades restringieron el transporte público, suspendieron servicios de internet móvil y bloquearon el acceso a sectores céntricos de la capital. Sin embargo, detrás de las manifestaciones convocadas por el movimiento Cockroach Janta Party (CJP) existe una controversia institucional de mayor alcance: quién controla los sistemas informáticos que determinan qué ciudadanos aparecen en el padrón electoral y bajo qué procedimientos pueden modificarse sus datos.

El conflicto se originó por la Revisión Intensiva Especial (SIR), un procedimiento de depuración del registro electoral que comenzó en Bihar y se extendió a otras regiones. Según las cifras recogidas por Reuters, aproximadamente 130 millones de inscripciones fueron retiradas durante el proceso de revisión, entre ellas registros correspondientes a personas fallecidas, ciudadanos trasladados y electores que no pudieron ser localizados. La Comisión Electoral sostiene que la medida busca eliminar duplicaciones e inscripciones improcedentes, mientras partidos opositores denuncian que podrían haberse excluido votantes legítimos en circunstancias que favorecerían al Bharatiya Janata Party (BJP), del primer ministro Narendra Modi. Es importante distinguir ambas cuestiones: la eliminación de 130 millones de registros no demuestra que esa misma cantidad de ciudadanos haya perdido injustamente su derecho al voto, aunque la magnitud del procedimiento exige verificar la exactitud de sus resultados.

Las objeciones dentro de la Comisión Electoral

La controversia adquirió una dimensión diferente después de una investigación de The Indian Express que documentó al menos 14 objeciones formuladas durante diez meses por dos de los tres integrantes de la Comisión Electoral, Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi. Según los documentos publicados, ambos cuestionaron decisiones vinculadas a la modificación de formularios de inscripción, la administración de las bases de datos y la centralización de funciones tecnológicas. Entre los asuntos señalados aparece el acceso de los funcionarios estatales al sistema ERONet, utilizado para gestionar los registros electorales. El problema trasciende las preferencias partidarias: cuando las decisiones sobre una base de datos nacional se concentran en determinadas oficinas, resultan fundamentales la trazabilidad de los cambios, la supervisión y la capacidad de detectar errores.

La Comisión Electoral rechazó las acusaciones de irregularidades y explicó que las observaciones internas forman parte de los procedimientos habituales de deliberación. También afirmó que las decisiones habían sido adoptadas por unanimidad y que sus plataformas cuentan con protocolos de seguridad para impedir manipulaciones no autorizadas. Sin embargo, la investigación periodística identificó preguntas pendientes sobre modificaciones del Formulario 6 y decisiones administrativas que algunos comisionados afirmaron desconocer. La controversia llegó al Tribunal Supremo, que comenzó a examinar recursos relacionados con el funcionamiento del organismo y las atribuciones de su presidente, Gyanesh Kumar. Las actuaciones judiciales todavía no permiten presentar las acusaciones de manipulación electoral como hechos probados, pero introducen una instancia de revisión sobre los procedimientos cuestionados.

Las denuncias sobre los padrones electorales desatan otra crisis de confianza en la India.

El cierre de Nueva Delhi traslada la controversia a las libertades públicas

El conflicto institucional terminó convirtiéndose en una movilización nacional después de que el CJP, un movimiento surgido en internet y fortalecido por las protestas estudiantiles contra las filtraciones de exámenes oficiales, convocara una concentración en Jantar Mantar. Las autoridades policiales argumentaron que la solicitud de autorización se había presentado fuera de plazo y desplegaron controles para evitar incidentes. Durante la jornada fueron detenidos los dirigentes juveniles Abhijeet Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka, además de manifestantes y figuras opositoras. El BJP sostiene que sus adversarios están instrumentalizando las protestas y rechaza que exista una operación gubernamental para manipular el padrón. La intervención policial, que también alcanzó brevemente a algunos periodistas, abrió otro debate sobre la proporcionalidad de las restricciones.

El cerco policial en Nueva Delhi aviva el conflicto entre seguridad y derecho a protestar.

La cuestión de fondo se extiende más allá de las manifestaciones del sábado. Una administración electoral necesita mecanismos eficaces para identificar registros duplicados, fallecimientos y cambios de domicilio, pero también procedimientos accesibles para corregir eliminaciones equivocadas y permitir la supervisión de las decisiones informáticas. La suspensión de internet y los cierres del transporte añaden un problema distinto: cómo proteger el orden público sin afectar innecesariamente a ciudadanos ajenos a una concentración. El Tribunal Supremo ya había pedido evitar interrupciones generalizadas de los servicios de transporte y deberá examinar nuevas objeciones al operativo. La controversia india plantea así dos pruebas institucionales simultáneas: demostrar la integridad de sus bases electorales y justificar la proporcionalidad de las medidas utilizadas para preservar la seguridad. La respuesta dependerá de las pruebas, las auditorías y las decisiones judiciales, no únicamente de las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición.