Doce vidas perdidas en Riad: la justicia que Arabia Saudita reclama al mundo

Hay una diferencia enorme entre condenar una tragedia y hacer todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Arabia Saudita conoce hoy el peso de esa distancia. El ataque con un misil contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, ocurrido el sábado 10 de octubre, dejó doce muertos y 309 heridos. Entre los fallecidos había ciudadanos saudíes y residentes de otras siete nacionalidades. Algunos heridos permanecen en estado crítico. Son vidas arrebatadas en una instalación destinada al transporte de pasajeros, un lugar donde la preocupación de cualquier viajero debería ser llegar a tiempo a su vuelo, no sobrevivir a un ataque.

La tragedia provocó una condena internacional que trasciende las fronteras del reino. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, rechazó el ataque y recordó que las agresiones contra civiles e infraestructura civil vulneran el derecho internacional. Su enviado especial para Yemen, Hans Grundberg, reclamó el cese inmediato de estas acciones. La Organización de Cooperación Islámica también expresó su solidaridad con Arabia Saudita y respaldó las medidas destinadas a proteger su seguridad y soberanía. Las declaraciones representan un reconocimiento importante del sufrimiento saudí. Pero para las familias que han perdido a alguien, las palabras de apoyo, por necesarias que sean, no pueden constituir el final de la respuesta.

La justicia comienza cuando se esclarecen los hechos

La coalición encabezada por Arabia Saudita responsabilizó a los hutíes de Yemen y calificó el ataque como un crimen de guerra. Naciones Unidas también señaló al movimiento Ansar Allah en sus pronunciamientos de condena. El grupo no había reivindicado formalmente el ataque del sábado en las primeras informaciones, aunque sí había asumido la autoría de ofensivas anteriores contra aeropuertos saudíes. La atribución de responsabilidades exige una investigación capaz de determinar quién ordenó el lanzamiento, desde dónde se ejecutó y qué información tenían sus responsables sobre la naturaleza civil de las instalaciones. La contundencia de la denuncia no disminuye la necesidad de demostrar los hechos.

El derecho internacional humanitario establece que las partes de un conflicto deben distinguir entre objetivos militares y bienes civiles. Un aeropuerto dedicado al transporte de pasajeros goza de protección como instalación civil mientras no reúna las condiciones jurídicas para considerarse un objetivo militar. Por eso, investigar lo sucedido en Riad requiere preservar restos del proyectil, registros de radar, comunicaciones y otras pruebas disponibles, además de documentar los daños y los testimonios. Si las investigaciones establecen que se dirigió deliberadamente un ataque contra civiles o bienes civiles, los responsables deberán responder por las infracciones que correspondan. La justicia no consiste únicamente en identificar culpables, sino en construir un caso sólido que impida que sus responsabilidades queden diluidas en el conflicto.

Arabia Saudita reclama justicia por las doce vidas perdidas en el aeropuerto de Riad.

La solidaridad internacional necesita consecuencias

Arabia Saudita tiene derecho a exigir garantías de seguridad para sus ciudadanos, residentes y visitantes. El respaldo expresado por otros gobiernos y organismos internacionales debe traducirse en cooperación para la protección de la aviación civil, asistencia a los afectados y esfuerzos para detener nuevos ataques. También debe contribuir a esclarecer lo ocurrido. La seguridad de un aeropuerto internacional no es un asunto que concierna exclusivamente al país donde se encuentra. Los vuelos conectan sociedades, familias y economías; cuando la violencia alcanza una terminal de pasajeros, esa amenaza afecta a personas de múltiples nacionalidades. La comunidad internacional tiene motivos suficientes para actuar antes de que otra tragedia vuelva a demostrar el costo de la inacción.

Ciudad de Riad. Foto: autoría propia. 

En Riad quedaron doce familias enfrentadas a una ausencia definitiva y cientos de personas que deberán recuperarse de sus heridas. Mientras las autoridades trabajan para restablecer la seguridad, Arabia Saudita necesita algo más duradero que una sucesión de comunicados diplomáticos: necesita que sus ciudadanos puedan confiar en que su vida cotidiana no volverá a quedar expuesta a una amenaza semejante. El país merece solidaridad, sus instituciones deben poder proteger a la población conforme al derecho internacional y las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. No habrá reparación capaz de devolver las vidas perdidas, pero sí existe una obligación que no debe abandonarse: investigar, determinar responsabilidades y hacer justicia.