Diana Sacayán: el legado del cupo laboral trans y una condena a prisión perpetua

El 11 de octubre es una fecha de memoria para las organizaciones vinculadas a la diversidad sexual y los derechos humanos. Ese día de 2015 fue asesinada Amancay Diana Sacayán, militante travesti y referente de la lucha contra la discriminación. Su trayectoria quedó asociada a una de las principales políticas de inclusión laboral impulsadas en la Argentina, mientras que su caso judicial se convirtió en un antecedente relevante para el tratamiento de la violencia de género.

A más de una década de su muerte, su nombre mantiene actualidad en un contexto de ajuste del empleo público, el alcance de las políticas de inclusión y el papel del Estado en la reducción de las desigualdades. La disputa ya no se limita a la vigencia de una ley: también involucra su implementación efectiva y la continuidad de las medidas destinadas a garantizar el acceso al trabajo.

Una militancia que llegó a la legislación

Sacayán desarrolló su actividad política desde el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), con una agenda que vinculaba la discriminación por identidad de género con la pobreza, las dificultades para acceder a la salud y la violencia institucional. Su militancia apuntó a trasladar esas demandas al terreno de las políticas públicas. Además, fue una de las primeras personas en recibir su DNI con nombre femenino, de acuerdo a lo previsto por la Ley 26.743 conocida como la ley de Identidad de Género.

Uno de los hitos de ese recorrido fue la Ley 14.783 de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 2015, que estableció un cupo laboral mínimo para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público bonaerense. La norma quedó identificada con el nombre de Sacayán y se convirtió en un antecedente de la legislación nacional.

En 2021, el Congreso sancionó la Ley 27.636, de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, conocida como Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins. La normativa establece que el Estado nacional debe garantizar que al menos el 1% de los cargos y contratos de su personal sean ocupados por integrantes de esa población que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas. El objetivo es responder a una exclusión histórica del mercado laboral formal.

El 26 de agosto de 2015 Sacayán y otras militantes trans denunciaron haber sido insultadas, golpeadas y humilladas por efectivos de la Policía Metropolitana, luego de un incidente con un hombre que las había agredido verbalmente en una parada del Metrobús, en la avenida 9 de Julio y Alsina. Según la denuncia, los agentes intervinieron contra las víctimas, detuvieron a Sacayán y a un trabajador del INADI y ejercieron violencia durante el procedimiento.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) pidió la indagatoria de 12 efectivos. La Metropolitana era una fuerza de seguridad porteña creada en 2008, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; en 2017, su estructura se fusionó con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina para dar origen a la actual Policía de la Ciudad.

La condena a Marino y la controversia judicial

En el plano penal, el caso tuvo un recorrido judicial que excedió la condena al responsable material. Gabriel David Marino fue condenado en 2018 a prisión perpetua por el asesinato de Sacayán. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 4 de la Capital Federal consideró inicialmente el crimen como un travesticidio -aplicado por primera vez en la Argentina- al reconocer la violencia de género y el componente de odio vinculado con la identidad de la víctima.

En 2020, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional modificó parcialmente esa calificación, al retirar el agravante relacionado con el odio a la identidad de género, aunque mantuvo la condena a prisión perpetua por femicidio. La decisión abrió una controversia sobre el reconocimiento jurídico de la violencia específica ejercida contra las personas travestis y trans. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena

La discusión sobre la calificación del crimen fue de relevancia jurídica y política: para las organizaciones que acompañaron a Sacayán, reconocer el travesticidio supone visibilizar una modalidad específica de violencia; en la sentencia que quedó firme, la condena se mantuvo bajo la figura de femicidio.