"Ahorrame el llanto": el ambicioso pedido de Santiago Caputo para las Fuerzas Armadas

El asesor presidencial Santiago Caputo protagonizó un intercambio en la red social X con el abogado Diego Falcón a partir de una discusión sobre el presupuesto para las Fuerzas Armadas y el alcance de los derechos.

El debate comenzó con una publicación sobre la necesidad de que la Argentina tenga una flota naval de primer nivel y derivó en un enfrentamiento sobre el papel del Estado, el financiamiento de los servicios públicos y las obligaciones que surgen de la Constitución Nacional.

La discusión escaló cuando Caputo propuso eliminar prestaciones y reducir partidas destinadas a distintas áreas para mejorar los salarios militares.

Falcón cuestionó esa postura y advirtió que plantear los derechos de las personas con discapacidad, la educación pública, la ciencia y la salud como gastos prescindibles supone una falsa disyuntiva. El funcionario, por su parte, defendió una concepción liberal de los derechos, a los que diferenció de los beneficios financiados por el Estado.

Si Argentina quiere honrar su promesa histórica de ser una potencia mundial debería tener la flota naval más imponente del continente sudamericano. Como dijo George Washington: «Sin una fuerza naval decisiva no podemos lograr nada definitivo; con ella, todo lo honorable y glorioso».

— Santi C. (@slcaputo) October 11, 2026

De la flota naval a la discusión por el gasto público

El intercambio comenzó con una publicación de Caputo en la que vinculó las aspiraciones internacionales de la Argentina con el desarrollo de su capacidad militar: “Si Argentina quiere honrar su promesa histórica de ser una potencia mundial debería tener la flota naval más imponente del continente sudamericano”.

Para respaldar su planteo, citó una frase atribuida a George Washington: “Sin una fuerza naval decisiva no podemos lograr nada definitivo; con ella, todo lo honorable y glorioso”.

La respuesta de Falcón trasladó la discusión desde los objetivos estratégicos hacia las condiciones laborales del personal militar. “Antes de soñar con la flota naval más imponente de Sudamérica, podrían empezar por pagarles salarios dignos a los hombres y mujeres de la Armada”, planteó.

En ese sentido, cuestionó la distancia entre las aspiraciones militares y los ingresos de quienes integran las Fuerzas Armadas. “No se construye una potencia militar con discursos grandilocuentes mientras quienes defienden nuestra soberanía cobran sueldos miserables. Menos Washington y más realidad argentina”, agregó.

La propuesta de Caputo para financiar mejores salarios militares

Lejos de concentrarse únicamente en la política de defensa, Caputo respondió con una enumeración de recortes que, según su planteo, permitirían liberar recursos para mejorar las remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

“Eliminemos el millón de pensiones por invalidez que sobra, cobremos servicios de salud y educación a extranjeros, deroguemos la nueva ley de financiamiento universitario, eliminemos la obra pública nacional por completo, dejemos de gastar 600 palos verdes por año en un Conicet que no sirve para nada y podemos pagar los mejores sueldos de América Latina a nuestras FFAA”, escribió.

Y lo chicaneó: “Ahórrame el llanto, ya sé tu respuesta. Muchas gracias por tu atención”.

Falcón, por su parte, retrucó: “El problema de tu razonamiento es que considerás derechos fundamentales como gastos prescindibles”, y agregó: “Enfrentar los salarios de las Fuerzas Armadas con las pensiones por discapacidad, la universidad pública, la ciencia y la salud es una falsa disyuntiva”.

Para el abogado, las necesidades de la defensa nacional y las políticas sociales no son necesariamente incompatibles: “Un país serio necesita militares bien remunerados, pero también universidades, científicos, infraestructura y protección social”.

“No se construye una Nación fuerte desmantelando aquello que la hace grande. Y mucho menos enfrentando a quienes necesitan del Estado con quienes lo sirven”, siguió.

Y completó: “La grandeza de un país no se mide por cuántos derechos elimina, sino por su capacidad de garantizarlos. Eso también es defender la Patria”.

Eliminemos el millón de pensiones por invalidez que sobra, cobremos servicios de salud y educación a extranjeros, deroguemos la nueva ley de financiamiento universitario, eliminemos la obra pública nacional por completo, dejemos de gastar 600 palos verdes por año en un Conicet que no sirve para nada y podemos pagar los mejores sueldos de América Latina a nuestras FFAA. Ahórrame el llanto, ya se tu respuesta. Muchas gracias por tu atención!

— Santi C. (@slcaputo) October 12, 2026

“No entendés ni lo que es un derecho”: el cruce subió de tono

La discusión adquirió un tono más personal cuando Caputo cuestionó la comprensión de su interlocutor sobre el concepto de derecho. “No entendés ni lo que es un ‘derecho’”, lanzó.

“Los derechos no son concesiones graciosas del poder político. Están reconocidos en nuestra Constitución y generan obligaciones para el Estado”, devolvió el letrado. “Si querés discutir en serio, discutamos argumentos, no chicanas”, le pidió también.

“No, ni el poder político ni la Constitución otorga derechos. La obligación del Estado es asegurar el libre ejercicio de los derechos del ciudadano. No pagarle ‘derechos’ a toda la población”, argumentó el asesor presidencial.

“Lo que vos llamás derechos son privilegios o beneficios otorgados por los políticos. Así fue como nos fundimos como país”, afirmó.

En la teoría democrática (liberal, no hay otra) los derechos no son privilegios que el Estado deba garantizar su cumplimiento para cada individuo. Son simplemente prerrogativas (naturales) del individuo que el Estado debe asegurar no sean violentadas por otro individuo (ni por el Estado). La función del Estado (la obligación de hecho) es garantizar que nadie pueda prohibir el ejercicio de tus derechos naturales. En ningún lado, al menos no en la cabeza de nuestros fundadores, esa función implica la obligación de garantizar el resultado concreto del libre ejercicio de un derecho cualquiera. Tener derecho a una vivienda digna significa que nadie te la puede quitar por la fuerza, no que te la tengan que financiar con el IVA de los fideos de los niños del Chaco. Mucho menos existe un “derecho” (como lo definen los zurdos) a una beca del CONICET, a estudiar gratis, a no trabajar, ni siquiera a una jubilación estatal. La Constitución Nacional no crea ni otorga derechos. Su único fin es limitar el poder arbitrario del monarca (el Estado). De allí se desprende la máxima de que para el individuo todo lo que no está prohibido está permitido, mientras que para el Estado todo lo que no está permitido expresamente está prohibido. Ya es hora de empezar a abandonar estos dogmas que los zurdos nos quisieron inculcar durante más de medio siglo. Para más información no duden en consultar. Muchas gracias por su atención!

— Santi C. (@slcaputo) October 12, 2026

La explicación de Caputo sobre los derechos naturales

En una publicación posterior, Caputo amplió su fundamentación y presentó su postura como una interpretación de la tradición democrática liberal.

Según sostuvo, los derechos no consisten en prestaciones que el Estado deba proporcionar a cada individuo, sino en libertades cuyo ejercicio debe proteger frente a interferencias de terceros y del propio poder público.

“En la teoría democrática (liberal, no hay otra) los derechos no son privilegios que el Estado deba garantizar su cumplimiento para cada individuo. Son simplemente prerrogativas (naturales) del individuo que el Estado debe asegurar no sean violentadas por otro individuo (ni por el Estado)”, expresó.

Para ilustrar su argumento, recurrió al derecho a la vivienda digna. “Tener derecho a una vivienda digna significa que nadie te la puede quitar por la fuerza, no que te la tengan que financiar con el IVA de los fideos de los niños del Chaco”, planteó.

En el mismo mensaje, cuestionó que se considere un derecho la posibilidad de acceder a una beca del Conicet, estudiar gratuitamente o recibir una jubilación estatal. “Mucho menos existe un ‘derecho’ (como lo definen los zurdos) a una beca del CONICET, a estudiar gratis, a no trabajar, ni siquiera a una jubilación estatal”, sostuvo.

Caputo también expuso su interpretación de la Constitución Nacional como instrumento destinado a limitar el poder estatal y evitar decisiones arbitrarias. Para resumir esa visión, apeló a una máxima del pensamiento liberal: “Para el individuo todo lo que no está prohibido está permitido, mientras que para el Estado todo lo que no está permitido expresamente está prohibido”.

Finalmente, cuestionó las concepciones sobre los derechos que, según su interpretación, se instalaron en el debate público durante las últimas décadas: “Ya es hora de empezar a abandonar estos dogmas que los zurdos nos quisieron inculcar durante más de medio siglo”.