Los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet y Marianela Marclay presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, fiscal, productiva y social en cinco departamentos de Entre Ríos afectados por la crecida del río Uruguay.
La emergencia regiría por 180 días, prorrogables por otros 180 por decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Abarca Federación, Concordia, Colón, Uruguay (cuya ciudad cabecera es Concepción del Uruguay) y Gualeguaychú.
Michel lo anunció el domingo en X. “Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del efecto climático de ‘el Niño’, nos obliga a adelantarnos al problema”, escribió. En paralelo, el senador Adán Bahl impulsará la misma medida en el Senado.
Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del efecto climático de “el Niño”, nos obliga a adelantarnos al problema y a darle al Gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico de la provincia. Mediante este proyecto de ley que presentamos con los diputados @MarianMarclay y @bordet buscamos que se declare zona de emergencia económica, fiscal, productiva y social por el término de 180 días a los Departamentos de Federación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, de la Provincia de Entre Ríos. En paralelo, @adanhbahl impulsará la medida desde el Senado. La ley será de aplicación para todos los sectores productivos, en particular turismo y comercio, y el gobierno nacional podrá ampliar la zona de emergencia a otras provincias. El proyecto es muy sencillo y establece: 1. Medidas especiales para brindar asistencia financiera especial a las actividades económicas afectadas (aportes, préstamos blandos). 2. Planes de pago de impuestos nacionales y medidas impositivas especiales, como ser la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos o la suspensión de los juicios de ejecución fiscal.
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) October 11, 2026
El texto no reparte dinero por sí mismo. Su artículo 2 autoriza al Gobierno nacional a aplicar tres medidas:
Para recibir el alivio impositivo, la actividad tiene que estar dentro de la zona y ser la principal fuente de ingresos del contribuyente. La ley alcanzaría a todos los sectores productivos, “en particular turismo y comercio”, y el Gobierno podría sumar otras provincias o localidades.
“Es urgente contar con medidas de asistencia concretas para los distintos sectores. No hay margen para la inacción ante estas situaciones”, sostuvo Michel.
Hasta el domingo, siete familias de Concordia habían sido evacuadas, según el Comité Operativo de Emergencias (COE) municipal. Cuatro están en el centro de evacuados de la ex Bagley: 22 personas, entre ellas 10 menores.
El sábado, la Prefectura Naval Argentina midió 11,62 metros en el puerto de Concordia. La cota de alerta es de 11 metros y la de evacuación, de 12,50. La Municipalidad estimó que el río no superaría los 11,80 metros.
Río abajo, Concepción del Uruguay marcó 5,56 metros, por encima de su nivel de alerta de 5,30, y Colón también llegó a la alerta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias superiores a lo normal para octubre, noviembre y diciembre, con el Litoral como la región de mayor probabilidad.
No es la primera emergencia de 180 días por inundaciones que llega al Congreso. En junio de 2025, Diputados sancionó la Ley 27.790 para Bahía Blanca y Coronel Rosales por 153 votos contra 32. Creaba un fondo de $200.000 millones.
El presidente Javier Milei la vetó por completo con el Decreto 424/2025. El Gobierno argumentó que ya había asignado ese monto con el Decreto 238/2025 y que la ley no indicaba de dónde saldría el dinero.
El Senado rechazó el veto con 51 votos. En Diputados, en agosto de 2025, la insistencia se postergó porque no estaban los dos tercios. A diferencia de aquella ley, el proyecto entrerriano no crea un fondo con un monto fijo: faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas del Presupuesto.

El proyecto recién empieza su recorrido:
Si se aprueba, regirá desde su publicación en el Boletín Oficial. Después, ARCA deberá dictar las normas para aplicar y controlar los beneficios fiscales.