13/10/2026 - Edición Nº1344

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Universidades y Presupuesto 2027: por qué el 20 de octubre podría ser un día clave

13/10/2026 | El oficialismo pretende dictaminar el 28 de octubre pero antes habría presencia de funcionarios de Educación en la Cámara de Diputados.



El debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados tendría una nueva instancia sensible el próximo martes 20 de octubre, cuando el oficialismo buscará avanzar con las exposiciones de funcionarios de distintas áreas del Gobierno.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, manifestó su intención de que representantes de Educación concurran al Congreso para defender las partidas previstas para el año próximo y responder las preguntas de los legisladores.

La eventual presencia de las autoridades educativas se producirá en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, un conflicto que combina reclamos salariales, cuestionamientos al presupuesto destinado a las universidades públicas y una controversia judicial que todavía no está resuelta.

La incógnita es quiénes integrarán la delegación oficial: si asistirá únicamente el secretario de Educación, Carlos Torrendell, o si también lo acompañará el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, uno de los funcionarios más confrontativos frente a los reclamos del sector y vinculado políticamente con Las Fuerzas del Cielo.

Educación, en el centro de la discusión presupuestaria

La convocatoria tentativa para el martes 20 se inscribe en el cronograma de reuniones informativas que diseñó Benegas Lynch para analizar el proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre.

La intención del presidente de la comisión es que los funcionarios de cada área expliquen las previsiones presupuestarias de sus respectivas dependencias y respondan las consultas de los diputados. En el caso de Educación, la exposición tendrá una sensibilidad particular por la disputa entre el Gobierno y la oposición en torno al financiamiento universitario.

El cronograma contempla, además, una reunión con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, prevista para este miércoles 14 de octubre a las 10. Luego de la exposición de Educación, el martes 27 habrá otra reunión informativa y el miércoles 28 está contemplado avanzar con la firma de los dictámenes.

La intención es llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre. El calendario, sin embargo, contempla un impasse vinculado con la visita del papa León XIV a la Argentina y con las elecciones de Estados Unidos, que motivaron invitaciones a numerosos diputados para participar de distintas actividades.

Torrendell y Álvarez, dos perfiles distintos para defender la política educativa

Uno de los interrogantes de la reunión es quiénes concurrirán en representación del área educativa. Carlos Torrendell, secretario de Educación, es la principal autoridad política del sector dentro del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

La eventual asistencia de Alejandro Álvarez sumaría otro componente al encuentro. Como subsecretario de Políticas Universitarias, tiene responsabilidad directa en el área que mantiene el vínculo institucional con las casas de altos estudios y se convirtió en una de las voces más combativas del Gobierno frente a las críticas de rectores, docentes y organizaciones estudiantiles.

Álvarez también mantiene vínculos con Las Fuerzas del Cielo, el espacio de militancia libertaria asociado con Santiago Caputo. Su presencia podría adquirir relevancia política en una comisión donde la oposición buscará respuestas sobre los recursos destinados a las universidades y el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso.

La discusión no sería nueva para ambos funcionarios. Durante el tratamiento del Presupuesto 2026, Torrendell y Álvarez participaron de una reunión informativa de la comisión, en la que respondieron preguntas de los legisladores sobre la política educativa y universitaria.

La Ley de Financiamiento Universitario y el conflicto judicial

El reclamo central de las universidades es la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada en octubre de 2025. La norma fue vetada por el presidente Javier Milei, pero el Congreso insistió con su aprobación al reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto.

El Gobierno condicionó su implementación mediante el Decreto 759/2025, al argumentar que la ejecución debía contar con fuentes de financiamiento identificadas y partidas presupuestarias correspondientes.

Sin embargo, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick declaró inconstitucional ese condicionamiento y ordenó avanzar con la aplicación de la ley. El Ejecutivo apeló el fallo y el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La apelación no suspendió la ejecución de la medida cautelar vigente sobre los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles. Por lo tanto, el conflicto judicial sigue abierto, pero subsisten obligaciones de cumplimiento para el Estado nacional.

La marcha universitaria del 15 de octubre anticipará el clima de la reunión

La eventual exposición de Educación llegará apenas cinco días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre en distintas ciudades del país.

La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes y nodocentes y la Federación Universitaria Argentina. Entre sus principales reclamos figuran la recomposición salarial, la actualización de las becas y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las autoridades universitarias también cuestionan las partidas contempladas en el proyecto presupuestario para 2027. Solicita alrededor de 11 billones de pesos para el sistema universitario, mientras que la propuesta oficial prevé unos 7,3 billones.

La diferencia de recursos será uno de los puntos que podrían llegar a la mesa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda si finalmente concurren los funcionarios educativos.

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