Paro de PAMI: por qué reclaman los médicos, qué responde el organismo y cómo se financia

El conflicto entre el PAMI y sus médicos de cabecera y odontólogos vuelve a poner en riesgo la atención cotidiana de los jubilados. Los profesionales denuncian que los honorarios que reciben no alcanzan para sostener sus consultorios, pagar al personal y comprar los materiales necesarios para trabajar.

“Seguimos sin respuestas ni propuestas aceptables”, sostuvo la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), que convocó a un paro nacional de 96 horas, desde éste martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, después de una protesta anterior de tres días. La medida afecta a los prestadores que adhieran y mantiene la atención de urgencias.

Qué pasa con los turnos y las recetas

Si no se alcanza un acuerdo y la protesta continúa hasta el viernes, en los consultorios que adhieran quedarán suspendidas las consultas de rutina y los turnos programados. También se verán afectadas las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales.

Los profesionales garantizarán únicamente la atención de urgencias y la emisión de recetas de carácter urgente. La interrupción puede complicar tanto los controles habituales como los trámites necesarios para continuar tratamientos.

Por eso, quienes tengan una consulta prevista durante estas jornadas deben comunicarse antes con su médico u odontólogo para confirmar si atenderá o si corresponde reprogramar el turno. La convocatoria nacional no implica que todos los prestadores suspendan sus servicios: la atención dependerá de la adhesión de cada profesional.

Ante una posible urgencia, corresponde acudir a una guardia, como la de la clínica u hospital asignado, sin esperar a que termine la medida de fuerza.

Los afiliados de PAMI deberán confirmar sus turnos ante el paro de médicos de cabecera y odontólogos

Cuánto reclaman los profesionales

El centro de la disputa es el valor de la cápita, el monto fijo mensual que PAMI paga por cada afiliado asignado a un profesional, independientemente de que esa persona concurra o no a una consulta.

Los médicos de cabecera perciben $2.700 por afiliado y reclaman elevar ese importe a $4.500. En odontología, los valores difundidos para esta convocatoria ubican el pago actual en $374 por paciente, con pedidos de recomposición que van de $1.500 a $3.000.

Los prestadores sostienen que el atraso de los honorarios, sumado al encarecimiento de los insumos, compromete el funcionamiento de los consultorios. El reclamo involucra los ingresos profesionales, pero también los gastos que permiten mantener abierta la atención.

Los odontólogos de PAMI reclaman un aumento de la cápita para afrontar los costos de atención y los insumos.

Qué respondió PAMI

Desde el organismo señalaron que continúan las conversaciones con las entidades que representan a los profesionales y que existe un compromiso de revisar los valores, condicionado por las posibilidades presupuestarias del Instituto.

Las fuentes oficiales también indicaron que los médicos de cabecera reciben pagos diferenciales por determinadas prestaciones, entre ellas las visitas domiciliarias y la atención de afiliados fuera de cápita. Sin embargo, la continuidad del paro muestra que esas respuestas todavía no permitieron resolver el conflicto.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

Cómo se financia el organismo

La discusión ocurre en un contexto de cambios en los recursos del PAMI. La eliminación del impuesto PAIS, a fines de 2024, implicó la pérdida de una fuente de financiamiento, el Instituto recibía el 28% de la recaudación total de ese tributo.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde septiembre de 2024 el organismo comenzó a recibir asistencia regular del Tesoro para compensar la reducción y posterior desaparición de esos ingresos.

Otra fuente central son los aportes y contribuciones vinculados al empleo registrado. La Ley 19.032 establece un aporte del trabajador del 3% de su remuneración y una contribución patronal del 2%, además de contemplar recursos provenientes de los haberes previsionales.

La informalidad laboral limita esa base de financiamiento, el trabajo sin registrar no genera los aportes correspondientes. Mientras las autoridades y los prestadores discuten cómo sostener el sistema, los afiliados enfrentan una consecuencia inmediata: controles postergados y dificultades para acceder a la atención habitual.