El gobierno de Yamandú Orsi aprobó el 12 de octubre el envío de un proyecto que crea una causal general de retiro anticipado desde los 60 años con 30 años de servicios computados. La propuesta mantiene en 65 años la edad normal del nuevo régimen. El anuncio no cambia todavía las reglas vigentes: el texto debe atravesar el trámite parlamentario antes de generar un nuevo derecho jubilatorio.
La iniciativa modifica el efecto de la reforma previsional de 2023, que elevó gradualmente la edad normal de retiro hasta 65 años para las generaciones más jóvenes. El Ministerio de Economía estima que quienes podrían configurar la nueva causal representan cerca de la mitad de las altas jubilatorias anuales, aunque no todos la usarían. La medida se suma a una agenda social que NewsDigitales también siguió en Los Eucaliptus.
Podrían acceder quienes hayan cumplido 60 años y acrediten al menos 30 años de servicios, sin demostrar que desempeñaron una tarea especialmente exigente. El diseño previsional del Ministerio de Economía combina jubilación del BPS, renta de una AFAP cuando corresponda y suplemento solidario. La causal no sería compatible con continuar trabajando ni con usar servicios bonificados. Alcanzaría a afiliados del BPS y de las AFAP, mientras las cajas paraestatales podrían incorporarse.
La edad elegida influiría directamente en el monto final. El diseño conserva incentivos para postergar el retiro hasta los 65 años, con mejores tasas y suplementos a medida que se retrasa el cese. Para los sectores de ingresos bajos y medio bajos, el Gobierno calcula prestaciones similares o superiores a las previas a la reforma de 2023. En ingresos medios y altos, adelantar el retiro puede reducir el valor económico esperado.

El principal límite es que todavía se trata de una propuesta y no de una prestación disponible. El costo fiscal dependerá de cuántas personas opten por jubilarse antes: los documentos oficiales ubican el máximo anual alrededor de 0,15% a 0,16% del PIB entre 2040 y 2045 y prevén una baja posterior. La estimación supone mayor uso entre trabajadores de menores ingresos, por lo que la demanda efectiva será decisiva.

El próximo paso es la remisión y discusión del proyecto en el Parlamento, donde pueden modificarse requisitos, fórmulas o plazos antes de una eventual aprobación. Hasta que exista una ley y reglas operativas, cumplir 60 años y 30 años de servicios no habilita por sí solo este retiro. La referencia será el texto que apruebe el Legislativo y la reglamentación que luego apliquen el Banco de Previsión Social y las demás instituciones previsionales.