Bahía Blanca y Mar del Plata van a la Justicia contra la quita de subsidios al gas

La eliminación de los beneficios del régimen de Zona Fría abrió un nuevo frente judicial en la provincia de Buenos Aires. Luego de la promulgación de la Ley 27.828, Bahía Blanca y Mar del Plata acudieron a la Justicia Federal para intentar frenar la quita de los descuentos en las facturas de gas y recuperar las condiciones tarifarias que regían antes de la modificación normativa.

Las presentaciones buscan evitar que miles de usuarios residenciales e instituciones pierdan las bonificaciones que recibían por estar comprendidos en el régimen. Los planteos también ponen en discusión los criterios utilizados por el Gobierno nacional para redefinir el alcance de los subsidios energéticos y advierten sobre posibles desigualdades entre los habitantes de distintas regiones del país.

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles impulsó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella. La acción judicial pretende suspender los efectos de la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo y garantizar que los usuarios de la ciudad mantengan los descuentos en sus facturas.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, luego del sorteo correspondiente.

Desde el Municipio sostienen que no existen fundamentos técnicos suficientes para excluir a Bahía Blanca del régimen de Zona Fría. Para respaldar el reclamo, incorporaron informes del organismo regulador y estudios de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo, que comparan las condiciones climáticas de la ciudad con las de Santa Rosa, Neuquén y Viedma, localidades que continúan comprendidas en el beneficio.

“Bahía Blanca es Zona Fría”, afirmó Susbielles al defender la presentación. El jefe comunal remarcó que el amparo responde a un compromiso asumido con la comunidad y busca proteger tanto a los hogares como a las instituciones alcanzadas por el esquema de descuentos.

Uno de los argumentos centrales del planteo apunta a una posible vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Además, el Municipio cuestiona que los usuarios de Bahía Blanca deban continuar contribuyendo al fondo que financia las bonificaciones, pese a que podrían dejar de percibirlas como consecuencia de los cambios normativos.

Mar del Plata también presentó un amparo contra la quita

En paralelo, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó una acción colectiva ante la Justicia Federal de Mar del Plata para preservar las condiciones tarifarias de Zona Fría en el distrito. El recurso se formalizó luego de la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial y busca impedir que la modificación del régimen se traduzca en mayores costos para los usuarios.

La presentación está dirigida contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.

Entre las medidas solicitadas, la Defensoría reclamó el dictado de una cautelar urgente para evitar que se aplique la quita de las bonificaciones. También pidió que se mantengan las condiciones tarifarias vigentes y que se suspenda la aplicación de los criterios del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a los usuarios de la región.

Otro de los puntos del amparo se relaciona con los mecanismos de actualización de las tarifas. El organismo solicitó que el ente regulador no pueda aprobar nuevos cuadros tarifarios sin convocar previamente a una audiencia pública, con el objetivo de garantizar la participación de los usuarios en las decisiones que afectan el costo de los servicios.

En cuanto al planteo de fondo, la Defensoría busca que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828. Según sus argumentos, la normativa establece un trato desigual entre los habitantes de la región bonaerense afectada por los cambios y los de la Patagonia, donde los beneficios se mantendrían de manera automática.

La diferencia radicaría en que los usuarios de determinadas localidades bonaerenses deberían cumplir condiciones patrimoniales para conservar el subsidio, mientras que los residentes patagónicos continuarían accediendo al beneficio sin tener que atravesar los mismos requisitos.

Los criterios patrimoniales, otro punto de conflicto

La presentación también cuestiona los parámetros de exclusión establecidos en la Disposición 2/2026, que contempla determinadas condiciones patrimoniales para definir quiénes pueden quedar fuera del esquema de subsidios energéticos.

Entre los ejemplos señalados aparecen la tenencia de un vehículo con menos de tres años de antigüedad o la posesión de tres inmuebles. Este último supuesto podría alcanzar situaciones en las que una familia tenga una vivienda, una cochera y una baulera, sin que esa composición patrimonial refleje necesariamente sus ingresos disponibles.

Para la Defensoría, esos indicadores no siempre permiten determinar la capacidad económica real de los hogares y podrían provocar que familias con recursos limitados pierdan el acceso a las bonificaciones.

El organismo también objetó el mecanismo que habilita el traslado automático del costo de adquisición del gas a las facturas. A su entender, ese procedimiento elimina la participación ciudadana obligatoria en las decisiones tarifarias y debilita las instancias de control sobre los aumentos.

Una disputa por el alcance de los subsidios en la provincia

Los amparos de Bahía Blanca y Mar del Plata se suman a la controversia por la modificación del régimen de Zona Fría, que históricamente contempló descuentos en las facturas de gas para usuarios de regiones con determinadas condiciones climáticas.

En la provincia de Buenos Aires, el esquema alcanzaba a más de 90 municipios, según los antecedentes difundidos sobre la medida. La redefinición de sus condiciones generó preocupación entre gobiernos locales y organismos de defensa de los consumidores, que advierten sobre las consecuencias de retirar beneficios en zonas donde las bajas temperaturas incrementan las necesidades de calefacción.

Con sus presentaciones, ambos distritos buscan que la Justicia intervenga antes de que la eliminación de las bonificaciones impacte plenamente en las facturas. Mientras Bahía Blanca pone el foco en los fundamentos técnicos para excluir a la ciudad, la Defensoría de General Pueyrredon cuestiona la constitucionalidad de la norma y los criterios utilizados para determinar quiénes pueden conservar los subsidios.

Por ahora, los reclamos plantean una disputa judicial sobre la aplicación de los cambios y la continuidad de los descuentos. La resolución de las medidas cautelares solicitadas será clave para determinar si los usuarios de ambas ciudades pueden mantener las condiciones tarifarias anteriores mientras avanza la discusión sobre la validez de la nueva normativa.

ND