Disputa parlamentaria
14/10/2026 - Edición Nº1345
Política
Boletín Oficial
Duró solo 10 meses: Milei oficializó el portazo de otro funcionario en Discapacidad
14/10/2026 | Había arribado a la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos en enero de este año. Catarata de salidas en medio de la discusión en el Congreso.
Esteban Giler, otro funcionario que pegó el portazo.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la salida de Esteban Rafael Giler de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, un área clave en la estructura nacional de Discapacidad.
El abogado había asumido en enero de 2026 y será reemplazado por Juan Manuel Moreno, según el Decreto 1162/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La salida de Giler se suma a otros cambios recientes en la conducción del área: Pablo Di Liscia dejó la Secretaría Nacional de Discapacidad y fue reemplazado por el médico Diego Pablo Masaragian, mientras que Alejandro Vilches también había salido anteriormente de la estructura.
Los movimientos se producen en medio de las discusiones por el financiamiento de las prestaciones, las pensiones y el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un contexto en el que el oficialismo modificó parte de su propuesta inicial para conseguir respaldo legislativo.
Pablo Di Liscia, funcionario saliente en Discapacidad
Qué dice el decreto sobre la salida de Giler
El decreto firmado por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, oficializó tres movimientos principales en la estructura nacional de Discapacidad.
En primer lugar, aceptó la renuncia de Esteban Rafael Giler a la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, con fecha efectiva del 9 de octubre. El funcionario había asumido en enero y permaneció alrededor de diez meses en el puesto.
En segundo término, dispuso la salida de Pablo Hernán Di Liscia de la Secretaría Nacional de Discapacidad, con efecto desde el 8 de octubre. Para reemplazarlo, el Gobierno designó a Diego Pablo Masaragian, quien hasta entonces se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud.
Por último, nombró a Juan Manuel Moreno como nuevo subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, en reemplazo de Giler, también a partir del 9 de octubre.
Quién es Esteban Giler y cuál era su función
Giler es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una trayectoria vinculada principalmente con la gestión pública y el sistema sanitario.
Entre 2016 y 2025 trabajó en distintas áreas del Ministerio de Salud de la Nación. Su último puesto en esa cartera fue en la Secretaría de Gestión Sanitaria. También se desempeñó como asesor legal de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS) y participó en organismos relacionados con las condiciones laborales y la carrera administrativa de los empleados públicos.
Antes de asumir como subsecretario, había sido director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Su perfil era, por lo tanto, el de un funcionario con experiencia jurídica y administrativa, con recorrido tanto en el Ministerio de Salud como en la estructura estatal encargada de las políticas de discapacidad.
La Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos tiene entre sus responsabilidades la articulación de herramientas destinadas a mejorar el acceso de las personas con discapacidad a distintos servicios y apoyos, en coordinación con organismos públicos y privados.
Pese a que su salida ya fue oficializada, la página institucional de la subsecretaría todavía mostraba la biografía de Giler al momento de la consulta. El sitio no había actualizado la información sobre el cambio de autoridades.
Qué discute el Congreso sobre la política de discapacidad
El debate legislativo gira alrededor de una cuestión central: cómo garantizar las pensiones, las prestaciones y el financiamiento del sistema, y qué instrumentos legales deben utilizarse para sostener esas políticas.
El Gobierno había impulsado cambios profundos en el proyecto de Presupuesto 2027. Entre otras medidas, proponía modificar las condiciones de acceso a las pensiones, restringir su compatibilidad con el empleo formal y eliminar el nomenclador único que establece valores de referencia para las prestaciones.
Esas propuestas generaron cuestionamientos de organizaciones vinculadas con la discapacidad y de sectores políticos, incluidos aliados del oficialismo. Patricia Bullrich también expresó fuertes objeciones al rumbo que había tomado el texto.
Ante las dificultades para reunir apoyos, La Libertad Avanza avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto diferente, que recupera varios de los mecanismos contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque con la intención de establecer un régimen permanente.
"En vez de mantener la gobernabilidad, vienen con una bomba atómica" Patricia Bullrich cuestionó los recortes en discapacidad previstos en el Presupuesto 2027, apuntó hacia el Ministerio de Economía y advirtió: "A mí no me tomen de tonta". https://t.co/ymPz0Zr1Ab
— Corta (@somoscorta) September 17, 2026
El proyecto de LLA: pensiones, prestaciones y deuda con los prestadores
El pasado 23 de septiembre, el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría con 42 firmas en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La iniciativa se titula “Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad”.
El texto propone mantener varios de los instrumentos de la emergencia, pero convertirlos en un régimen sin fecha de vencimiento.
Entre sus principales puntos, contempla:
- Pensiones: mantener el acceso vinculado al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y permitir la compatibilidad con un empleo registrado o el monotributo bajo determinados límites de ingresos.
- Nomenclador: conservar el sistema de aranceles comunes para las prestaciones, como terapias, transporte y otros servicios.
- Deudas: establecer un cronograma para que el Poder Ejecutivo informe cómo pagará las compensaciones pendientes a los prestadores.
- Presupuesto: fijar un piso de recursos para el área, de modo que las partidas no sean inferiores a las del año anterior una vez descontada la inflación.
- Auditorías: mantener los controles sobre las pensiones.
El dictamen no cerró todas las diferencias. Algunos legisladores reclamaron que la actualización de los aranceles por inflación quede expresamente establecida en el texto para evitar decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Por su parte, sectores de la oposición impulsan una propuesta para prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, en lugar de reemplazarla por un régimen permanente.
La diferencia entre ambas iniciativas está en el instrumento elegido: el oficialismo propone una legislación permanente con reglas propias, mientras que la oposición busca extender la emergencia vigente para sostener las herramientas de protección y los reclamos del sector.
