"Rodrigazo", "herencia nefasta" y mención a Alfonsín: cómo justificó Milei el DNU 70

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 fue una de las primeras grandes decisiones de Javier Milei como presidente y marcó el rumbo de su programa económico.

Presentado como una respuesta urgente a una crisis que el Gobierno describió como excepcional, el texto propuso una amplia transformación del marco regulatorio argentino, con derogaciones de leyes, cambios en las relaciones laborales y contractuales y una mayor apertura a la competencia privada.

La norma, titulada “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, fue anunciada por Milei en una cadena nacional el 20 de diciembre de 2023, a pocos días de su asunción. El Presidente defendió entonces la necesidad de avanzar con medidas de amplio alcance para modificar el funcionamiento de la economía y reducir la intervención estatal.

Este jueves, la oposición buscará voltear el decreto en el Congreso, aunque el escenario parlamentario, según las proyecciones previas, no le garantizaría los votos necesarios para conseguirlo.

La crisis económica, el argumento central del DNU

En los considerandos del decreto, fechado el 20 de diciembre de 2023, el Gobierno sostuvo que la Argentina atravesaba una situación de “inédita gravedad”, con desequilibrios económicos, sociales e institucionales que, según su diagnóstico, ponían en riesgo la continuidad de la organización social, jurídica y política.

Milei planteó que su administración había recibido una herencia particularmente desfavorable y atribuyó buena parte de los problemas a las políticas intervencionistas de los gobiernos anteriores. En ese marco, consideró imprescindible adoptar medidas urgentes para superar la emergencia y evitar un deterioro mayor de las condiciones de vida.

Uno de los ejes del diagnóstico fue el desequilibrio de las cuentas públicas. El texto contrastó los superávits fiscal y externo que, según señaló, existían en 2003 con los déficits gemelos que estimaba equivalentes a 17 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

Para revertir ese escenario, el Ejecutivo sostuvo que era necesario aplicar un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI en el sector público nacional y resolver los pasivos remunerados del Banco Central, a los que atribuía otros diez puntos del déficit. De acuerdo con el razonamiento oficial, la corrección de esos desequilibrios permitiría terminar con el déficit fiscal y con la emisión monetaria utilizada para financiarlo.

Derogar el DNU 70/2023 es un intento de la oposición de desarmar la estructura jurídica de las reformas más valiosas del gobierno de @JMilei, como el fin de la ley de alquileres, la eliminación de la ley de góndolas y la política de cielos abiertos. https://t.co/d050XdEpRY

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) October 13, 2026

El riesgo de hiperinflación y la herencia económica

Otro de los argumentos centrales fue el peligro de una aceleración de la inflación. El decreto afirmó que la emisión monetaria acumulada durante la gestión anterior y los pasivos del Banco Central podían desencadenar un proceso de una magnitud comparable o incluso superior a episodios críticos de la historia argentina.

En ese contexto, el Gobierno llegó a advertir sobre la posibilidad de una inflación anual del 3.600% y, en un escenario más extremo, de hasta el 15.000%. El texto también mencionó el riesgo de que la pobreza superara el 90% y la indigencia alcanzara más del 50% si se producía una hiperinflación.

El documento también señaló la existencia de restricciones cambiarias, una deuda acumulada por importaciones, utilidades retenidas de empresas extranjeras y obligaciones del Banco Central, YPF y el Tesoro. En conjunto, el Gobierno presentó ese panorama como una limitación severa para recuperar el acceso al financiamiento y normalizar la actividad económica.

A ese cuadro sumó indicadores sociales y laborales: una economía que, según el texto, no crecía desde 2011; el estancamiento del empleo privado registrado; salarios reales bajos; una pobreza del 45% y una indigencia del 10% al cierre de la gestión anterior. También mencionó el deterioro del PBI per cápita y las dificultades de infraestructura, con especial énfasis en el estado de las rutas.

Por qué Milei consideró necesario recurrir a un DNU

La justificación no se limitó al diagnóstico económico. El Gobierno también argumentó que la situación exigía una respuesta inmediata, sin esperar los tiempos habituales de sanción de las leyes en el Congreso.

El texto sostuvo que la crisis configuraba una emergencia genuina y citó antecedentes judiciales y decretos de otras administraciones para defender el uso de una herramienta excepcional. Entre ellos, mencionó el Decreto 1096 de 1985, firmado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y el Decreto 214 de 2002, dictado durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Uno de los argumentos recuperados del antecedente de Alfonsín fue que determinadas medidas solo podían resultar efectivas si se aplicaban sin preanuncio, para evitar que los comportamientos individuales alteraran sus efectos. El decreto de Milei utilizó esa referencia para respaldar la necesidad de actuar con rapidez frente a una crisis que describió como más profunda que las anteriores.

En términos económicos, el Poder Ejecutivo sostuvo que no había una alternativa al ajuste de las cuentas públicas acompañado por un programa general de desregulación. Según su planteo, la recuperación de la confianza requería modificar las reglas de funcionamiento de la economía y eliminar normas que, a su juicio, obstaculizaban la producción, la inversión y el empleo.

El jueves hay sesión en Diputados y algunos quieren fingir demencia. ¿Se puede dar la espalda a los problemas que tiene la gente todos los días por especular con acuerdos electorales con LLA? ¿En serio? Estamos hablando de dar una solución concreta a seis millones de argentinos en mora (no solo cursitos de educación financiera), de prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y de rechazar el DNU 70/2023, con el que Milei derogó los límites a la extranjerización de las tierras rurales (mientras quiere vender la ciudadanía argentina por 350 mil dólares). Ningún acuerdo electoral con LLA puede valer más que eso. Este jueves hay que sentarse en el recinto y votar. Quienes elijan ausentarse tendrán que explicar a quién están representando.

— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 13, 2026

Las principales desregulaciones y derogaciones que impulsó el decreto

El DNU 70/2023 no se limitó a establecer un diagnóstico de la economía. Su articulado avanzó sobre numerosas leyes y regulaciones de distintos sectores, con el objetivo declarado de ampliar la libertad de contratación, reducir costos y facilitar la actividad privada.

Entre los cambios más relevantes que propuso se encontraban los siguientes:

Alimentos, comercio y producción

El decreto planteó derogar la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y normas vinculadas con la promoción comercial e industrial y las compras del Estado. También propuso cambios en las regulaciones de los mercados mayoristas y en el funcionamiento de los comercios.

En el sector de la yerba mate, dispuso una reforma del Instituto Nacional de la Yerba Mate para limitar su intervención en el mercado y concentrar sus funciones en el control de calidad. Además, contempló derogar la ley que restringía el fraccionamiento del producto.

La iniciativa también avanzó sobre regulaciones específicas de actividades como la vitivinicultura, el azúcar, el papel para diarios, el algodón y la olivicultura.

Salud, medicamentos y prepagas

En materia sanitaria, el DNU propuso modificar las leyes de medicamentos y recetas para facilitar la utilización de recetas electrónicas y promover la competencia de los medicamentos genéricos.

También introdujo cambios en las normas que regulan el ejercicio de la actividad farmacéutica y de la medicina, con el objetivo declarado de reducir costos y ampliar las alternativas para los consumidores.

Otro de sus puntos centrales fue la liberación de las restricciones de precios para las empresas de medicina prepaga. El Gobierno sostuvo que una mayor competencia podía contribuir a reducir los costos del sistema, aunque el alcance de ese objetivo dependía del funcionamiento efectivo del mercado.

Importaciones y exportaciones

El decreto planteó una reforma del Código Aduanero para simplificar el comercio exterior. Entre las medidas incluidas figuraban la eliminación de los registros de importadores y exportadores, la digitalización de trámites y la posibilidad de presentar declaraciones anticipadas.

También propuso limitar la capacidad estatal de imponer prohibiciones económicas a las importaciones y exportaciones. El argumento oficial fue que esas restricciones generaban barreras artificiales, encarecían productos y restaban previsibilidad a las inversiones.

Campo, minería y energía

El sector agropecuario fue otro de los ámbitos alcanzados. El texto propuso derogar la Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras, y modificar el régimen de certificados de depósito y warrants.

En minería, planteó eliminar normas vinculadas con el Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco Nacional de Información Minera. En energía, incluyó la derogación de disposiciones relacionadas con el transporte eléctrico y cambios en el régimen de generación distribuida, con la intención declarada de reducir costos fiscales y estructuras de control.

Alquileres y contratos privados

Uno de los cambios de mayor impacto público fue la derogación de la Ley de Alquileres. El Ejecutivo sostuvo que las regulaciones habían reducido la oferta de viviendas y perjudicado tanto a propietarios como a inquilinos.

En paralelo, el DNU modificó disposiciones del Código Civil y Comercial para ampliar la autonomía de las partes al celebrar contratos. También estableció la posibilidad de pactar obligaciones en moneda extranjera, con el argumento de respetar los acuerdos entre particulares y evitar que una de las partes fuera obligada a aceptar una moneda diferente de la convenida, salvo acuerdo en contrario.