De los lingotes de oro a los USD 1.023 millones: Caputo enfrenta otra denuncia

El manejo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, el diputado nacional Esteban Paulón presentó una nueva denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, a raíz de las operaciones financieras que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), registraron un resultado negativo superior a los USD 1.000 millones durante 2025.

La presentación judicial incorpora un nuevo capítulo a una controversia que comenzó con el traslado de lingotes argentinos al exterior en 2024 y que ahora suma interrogantes sobre la administración de las reservas, los instrumentos financieros utilizados y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Paulón advirtió sobre el "desmanejo y la opacidad" en torno a las reservas de oro y pidió que se investigue si las operaciones pudieron configurar el delito de malversación de caudales públicos.

La denuncia quedó radicada, tras el correspondiente sorteo, en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos. El legislador también solicitó que se intime al titular del Banco Central a entregar los informes vinculados con el oro, las reservas y las operaciones financieras realizadas sobre esos activos públicos.

Los USD 1.023 millones que encendieron las alarmas

El punto central de la controversia surge de una auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025, aprobada por la AGN mediante la Resolución 205/2026.

Según el informe, las operaciones con instrumentos financieros derivados vinculados al precio del oro registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a aproximadamente USD 1.023 millones.

La cifra se compone de USD 960,2 millones de resultado negativo en las operaciones y otros USD 62,8 millones correspondientes al pago de primas de cobertura.

Estos instrumentos funcionan como mecanismos de protección frente a posibles variaciones en el precio del metal. Sin embargo, cuando el oro aumenta de valor, las coberturas pueden generar resultados negativos que deben analizarse junto con la valorización del activo protegido.

Precisamente, esa diferencia de interpretación constituye uno de los principales puntos de discusión.

Mientras la AGN puso el foco en el resultado negativo de los derivados, el Banco Central rechazó las acusaciones de especulación financiera y sostuvo que las operaciones respondieron a una estrategia de cobertura.

La entidad aseguró que, al considerar también el incremento del precio internacional del metal, su posición en oro obtuvo una ganancia de USD 2.505 millones durante 2025.

Por lo tanto, la investigación judicial deberá determinar si las decisiones financieras estuvieron debidamente justificadas, si se respetaron los procedimientos correspondientes y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado.

Otra denuncia que complica el escenario judicial de Caputo

La presentación de Paulón no es la primera que llega a los tribunales federales por este asunto.

El abogado Gregorio Dalbón había denunciado previamente a Caputo, Bausili y al director del Banco Central Juan Ernesto Curutchet, en una causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

En una ampliación presentada el lunes 12 de octubre, Dalbón solicitó la detención de los tres funcionarios y pidió que se investiguen posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

El abogado fundamentó su pedido en el supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación, al considerar que los denunciados tienen acceso a documentación relevante para reconstruir las operaciones.

"La prueba esencial de esta causa es documental y está en poder de organismos que los denunciados dirigen o integran", sostuvo en su presentación.

También reclamó contratos, actas del directorio del Banco Central, informes de riesgo, registros de pagos y comunicaciones entre las autoridades monetarias y el Ministerio de Economía.

Como alternativa a las detenciones, solicitó restricciones para salir del país, acceder a determinadas dependencias y mantener contacto con otros involucrados en la investigación.

Hasta el momento, los pedidos de detención no implican que exista una decisión judicial de arrestar a los funcionarios ni acreditan la comisión de los delitos denunciados.

Del traslado de los lingotes al misterio sobre su destino

La nueva ofensiva judicial también recupera una controversia anterior: la decisión del Banco Central de trasladar parte de las reservas de oro argentino al exterior durante 2024.

En aquel momento, Caputo defendió públicamente la medida y explicó que mantener el metal inmovilizado impedía aprovecharlo financieramente.

"Hoy tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro: no lo podés usar para nada", sostuvo el ministro durante una entrevista televisiva del 19 de julio de 2024.

Y agregó: "Tenerlo encerrado en el Central, sin hacer nada, para el país es negativo".

Aquellas declaraciones volvieron a cobrar relevancia después de conocerse los resultados de las operaciones financieras realizadas durante 2025.

En septiembre, durante una exposición ante el Senado, Bausili aseguró que parte de las reservas se encontraba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza.

Sin embargo, sectores de la oposición cuestionaron la falta de precisiones sobre el recorrido de los lingotes, las cantidades transferidas y las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones.

La propia AGN señaló que continuaba trabajando en una auditoría específica sobre la trazabilidad de las reservas y advirtió sobre demoras en la entrega de información por parte del Banco Central.

Con dos presentaciones judiciales que avanzan por vías diferentes, el manejo del oro argentino vuelve a instalarse como un frente de conflicto para el equipo económico de Javier Milei.

Ahora, además de esclarecer el destino y las condiciones de utilización de los lingotes, la Justicia deberá analizar si las operaciones cuestionadas respondieron a una estrategia financiera legítima o si existieron irregularidades que puedan derivar en responsabilidades penales.

La controversia, que comenzó con la salida de parte del oro del país, suma así una nueva dimensión: determinar qué ocurrió con las operaciones por USD 1.023 millones que quedaron bajo la lupa de los organismos de control y de los tribunales federales.