España se prepara para celebrar elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre, pero una controversia judicial amenaza con dejar fuera de las urnas a miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Supremo decidió mantener una suspensión cautelar que afecta a 163.020 españoles residentes en el extranjero, muchos de ellos descendientes de quienes abandonaron el país durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La resolución plantea una situación particular: personas que tienen reconocida legalmente la ciudadanía española no podrán ejercer su derecho al voto, mientras que otros nacionalizados bajo la misma legislación sí podrán participar si residen en España.

El conflicto comenzó con recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra las inscripciones electorales derivadas de la conocida como ley de nietos, aprobada en 2022.
La controversia gira alrededor de una interpretación del Ministerio de Justicia que permitió presumir la condición de exiliados de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955. El Tribunal Supremo cuestionó que esa presunción pudiera aplicarse de manera generalizada, al considerar necesario verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación.
La medida afecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), utilizado por los ciudadanos españoles que viven permanentemente fuera del territorio nacional.

Uno de los casos que refleja las consecuencias de la decisión es el de Lourdes y Mabel Pérez, dos hermanas que consiguieron la nacionalidad española en 2023 mediante la misma legislación.
Lourdes reside en Sevilla y podrá votar el 29 de noviembre. Mabel vive en Cuba y, por encontrarse inscrita en el censo exterior, quedó alcanzada por la suspensión. La diferencia no está en la nacionalidad de ambas, sino en su lugar de residencia y en el registro electoral correspondiente.
La controversia tiene especial relevancia para Argentina, donde numerosos descendientes de españoles tramitaron su nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática.
Quienes viven en Argentina y están comprendidos en las inscripciones cuestionadas podrían quedar excluidos de estas elecciones, aunque conserven plenamente su ciudadanía española. La suspensión tampoco implica una anulación automática de los pasaportes ni de los derechos asociados a la nacionalidad.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron a la suspensión. Además, el Gobierno advirtió que revisar individualmente los expedientes afectados resulta materialmente inviable antes de los comicios.
El calendario electoral dificulta encontrar una solución a tiempo. Mientras tanto, miles de españoles residentes fuera del país enfrentan la posibilidad de no participar en una elección nacional, pese a haber obtenido legalmente su ciudadanía.
El caso abrió un debate sobre los límites del control judicial del censo y la protección del derecho al sufragio de los españoles que viven en el exterior.