Escándalo en el INYM: Milei puso a un auditor que no puede auditar y a una gerenta que enjuició al Estado

El Gobierno de Javier Milei logró avanzar con dos polémicos nombramientos en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), pese a los cuestionamientos de representantes de la cadena yerbatera, y hasta debió formalizar un protocolo de restricciones para evitar conflictos de interés que surgieron a simple vista.

Sebastián Pratto, que hasta ahora se desempeñaba como gerente, fue designado auditor interno, lo que abrió cuestionamientos de tipo ético y hasta generó dudas ante una posible incompatibilidad de funciones. La situación obligó a establecer un período de gracia de un año para evitar que "el auditor se autoaudite" (hacia atrás, las evaluaciones las hará un interino).

En paralelo, Rosana Biale regresará a la Gerencia General después de hacerle un juicio al organismo por considerarse despedida y de haber acordado una indemnización por $40 millones. 

La votación que habilitó los cuestionados enroques se destrabó tras dos intentos fallidos en los que el representante del Gobierno nacional, Rodrigo Martín Correa, no consiguió quórum porque varios de los directores se levantaron de sus sillas.

Según indicaron a NewsDigitales fuentes al tanto de la negociación, la fuerte presión del Gobierno permitió, en un tercer intento, dar vuelta uno de los votos y conseguir la participación de un representante del Gobierno de Corrientes, quien venía ausentándose de las últimas reuniones.

Un auditor con límites para revisar la gestión

La designación de Pratto plantea un problema concreto: durante 2026 estuvo al frente de la Gerencia del INYM y ahora pasará a ocupar el cargo responsable de controlar los procedimientos y las operaciones del organismo. Para evitar que esa transición derive en una revisión de sus propias decisiones, la resolución que aprobó su nombramiento estableció restricciones específicas.

Según consta en una publicación en el Boletín Oficial del último jueves, Pratto deberá abstenerse de auditar, informar, controlar o emitir opiniones sobre actos administrativos, expedientes, contrataciones, pagos, liquidaciones y otros procedimientos en los que haya intervenido directamente como gerente, ya sea de manera titular, interina o transitoria.

Además, durante los primeros doce meses desde su asunción, no podrá evaluar actividades o áreas que hayan estado bajo su responsabilidad directa. La medida apunta a resguardar la imparcialidad de los controles y evitar que el funcionario revise decisiones que tomó desde su anterior función, aunque algunos integrantes del organismo buscan garantías en el monitoreo concreto, más allá de lo que figura en los papeles.

El esquema también contempla una salida para la revisión contable de 2026. Pratto no podrá intervenir en la auditoría del balance general y los estados financieros de ese ejercicio, ni en los informes trimestrales correspondientes. Para esa tarea, la Presidencia del INYM deberá proponer un auditor independiente, que podrá ser un profesional interno sin conflictos de interés o uno externo.

La alternativa de separar el control de la gestión anterior de las tareas que Pratto desempeñará hacia adelante formó parte de las conversaciones con quienes prestaron acuerdo para avanzar con su designación.

La discusión, de todos modos, no se agotó en las condiciones técnicas del nombramiento: también hubo objeciones políticas sobre la forma en que el Gobierno nacional impulsó los cambios dentro del Instituto.

El rechazo de Misiones y la disputa por el Directorio

La aprobación llegó después de una reunión anterior que había quedado sin quórum. En aquella oportunidad, el representante del Gobierno de Misiones y miembros de los sectores productivo y cooperativo se retiraron, lo que impidió reunir a los siete integrantes necesarios para sesionar.

Los cuestionamientos apuntaban a los cambios introducidos por la actual gestión libertaria para desregular la producción de yerba mate y a los recortes aplicados en el funcionamiento del organismo.

Si bien el voto de Misiones se mantuvo en rechazo a las designaciones, los movimientos del Gobierno le permitieron garantizar el número necesario para sesionar con quórum.

Biale vuelve a la Gerencia General tras un acuerdo judicial

La otra designación aprobada fue la de Rosana Biale como gerenta general, en reemplazo de Pratto. Su regreso también genera resistencias dentro del Directorio, por el antecedente de su conflicto laboral con el organismo.

Biale había ocupado anteriormente la Gerencia General. Después de ser desplazada de esa función y reubicada en otra área, inició una demanda al considerar que la decisión había implicado un despido. El litigio terminó en agosto de 2024 con un acuerdo judicial por más de 40 millones de pesos.

A ese antecedente se suma otro foco de tensión interna: según pudo saber este portal de noticias, algunos empleados que declararon contra Biale durante el sumario relacionado con aquel conflicto volverán a tenerla como superior jerárquica, lo que genera un nuevo foco de conflicto interno.

Lo ocurrido en Misiones se emparenta con otras polémicas designaciones por parte del Gobierno nacional en organismos públicos. Una de las más recientes tuvo lugar en el INTA y derivó en la renuncia de Daniel Alfredo Neira.

Neira tuvo un paso fugaz por el organismo tras ser contratado al día siguiente de dejar el ENACOM y cobrar una indemnización de casi $110 millones.