Ciudad de buenos aires
15/10/2026 - Edición Nº1346
Política
CONFLICTO
Rodolfo Aguiar cruzó a Alejandra Monteoliva por la represión de esta tarde en Congreso
15/10/2026 | El titular de ATE le contestó a la ministra de Seguridad denunció la presencia de infiltrados en la protesta.
Rodolfo Aguiar.
El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el sindicalismo sumó un nuevo capítulo este jueves 15 de octubre. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), salió al cruce de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de que la funcionaria acusara a manifestantes de intentar imponer el caos y desafiar a las fuerzas de seguridad.
A través de su cuenta en la red social X, el dirigente sindical responsabilizó al Gobierno por la violencia registrada en el contexto de las protestas y denunció que, una vez más, habrían participado infiltrados. La respuesta elevó el tono de una disputa que vuelve a poner en el centro de la escena el derecho a manifestarse, el accionar de las fuerzas de seguridad y los límites de la intervención estatal.
La violencia la ejercen ustedes desde las más altas esferas del poder ministra @AleMonteoliva. La violencia en la Argentina en este momento es institucional. De nuevo mandaron infiltrados, son de manual. Protestar es un derecho, reprimir un delito. Espero que los que hoy no respetan la Constitución Nacional terminen todos en cana!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 15, 2026
Monteoliva apuntó contra los manifestantes
La ministra había publicado un mensaje en el que cuestionó a quienes, según su versión, buscan convertir las calles en una zona liberada. En su publicación, sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia y advirtió que quienes agredan a efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.
“En Argentina, nadie está por encima de la ley”, concluyó la funcionaria, en una defensa de la actuación de las fuerzas de seguridad y de la política oficial frente a las protestas.
El mensaje provocó la reacción de Aguiar, quien rechazó esa interpretación y apuntó directamente contra la responsabilidad política del Ministerio de Seguridad.
La respuesta de Aguiar: “La violencia es institucional”
El secretario general de ATE acusó a Monteoliva de invertir los términos de la discusión y atribuyó la responsabilidad por la violencia al propio Gobierno. “La violencia la ejercen ustedes desde las más altas esferas del poder ministra”, escribió en X.
En el mismo mensaje, denunció la supuesta presencia de infiltrados en las manifestaciones y calificó de institucional la violencia que, según su planteo, atraviesa el país. “Protestar es un derecho, reprimir un delito”, afirmó el dirigente, quien también reclamó consecuencias judiciales para los funcionarios que, a su entender, incumplen la Constitución Nacional.
Las acusaciones de Aguiar sobre la presencia de infiltrados constituyen una denuncia del dirigente sindical y requieren corroboración independiente. Del mismo modo, la discusión sobre la legalidad del accionar policial depende de las circunstancias concretas de cada intervención y de su eventual evaluación judicial.
Un nuevo capítulo en la disputa por la protesta social
El intercambio expone dos posiciones enfrentadas sobre el conflicto en las calles. Mientras el Gobierno pone el acento en la necesidad de preservar el orden público y sancionar las agresiones, desde el sindicalismo cuestionan el accionar represivo y advierten sobre posibles vulneraciones de derechos constitucionales.
La discusión no es menor: el derecho a la protesta y la obligación estatal de garantizar la seguridad deben convivir dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. La existencia de incidentes no elimina automáticamente la protección de una manifestación pacífica, del mismo modo que el ejercicio de ese derecho no exime de responsabilidad a quien cometa un delito.
En ese escenario, el cruce entre Monteoliva y Aguiar vuelve a mostrar la distancia entre el discurso oficial sobre el orden público y la mirada de las organizaciones sindicales sobre la respuesta estatal a la movilización social.
