VIH y trabajo: la Corte frenó un fallo y exige que se evalúen todas las pruebas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El máximo tribunal del país consideró arbitrario el pronunciamiento provincial por no examinar pruebas relevantes para resolver la controversia, entre ellas las vinculadas con la falta de registración laboral y la posible discriminación por motivos de salud.

La decisión ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento que contemple los elementos incorporados al expediente. De esta manera, la Corte cuestionó el razonamiento de los tribunales anteriores, que habían rechazado los argumentos del trabajador sin abordar adecuadamente circunstancias que podían resultar determinantes para la solución del caso.

Los incumplimientos denunciados por el trabajador

En las instancias anteriores, los tribunales habían descartado la existencia de una injuria laboral suficiente para justificar el despido indirecto, al considerar que el trabajador había adoptado esa decisión exclusivamente por el silencio de la empleadora.

Sin embargo, el reclamo no se limitaba a esa circunstancia. El trabajador había denunciado la falta de asignación de tareas, el impago de salarios y la ausencia de registración laboral durante más de dos años. Según los antecedentes del caso, el sanatorio negó la existencia de la relación laboral a lo largo del proceso.

Para la Corte Suprema, el análisis de estos incumplimientos debía contemplar los argumentos y las pruebas relevantes presentados en la causa, en lugar de reducir la controversia a una interpretación parcial de los motivos invocados para extinguir el vínculo.

El testimonio que la Justicia tucumana no evaluó

Uno de los aspectos centrales del expediente se relaciona con la posible discriminación por motivos de salud. La desvinculación se produjo en un contexto temporal cercano al momento en que personal del área de salud ocupacional del sanatorio habría tomado conocimiento de que los análisis del trabajador habían dado positivo para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

En ese punto, la Corte advirtió la relevancia de una declaración testimonial que no había recibido el tratamiento adecuado en la sentencia cuestionada. Se trataba del testimonio de una secretaria del área de salud ocupacional, quien afirmó haber tenido los análisis en sus manos y señaló que la encargada general del establecimiento se los había solicitado antes de la desvinculación.

La omisión de esa prueba resultaba relevante para examinar las circunstancias del despido y determinar si existían elementos que permitieran sostener la hipótesis de un trato discriminatorio. El máximo tribunal no declaró acreditada definitivamente la discriminación, sino que cuestionó que la Justicia provincial resolviera el caso sin evaluar debidamente esa evidencia.

Arbitrariedad y garantías constitucionales

La Corte Suprema encuadró sus objeciones en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que permite descalificar decisiones judiciales cuando presentan defectos graves de fundamentación o prescinden de elementos decisivos para resolver una controversia. En este caso, el tribunal cuestionó el uso de afirmaciones dogmáticas y la falta de tratamiento de argumentos conducentes. También vinculó la procedencia del planteo con las garantías previstas en el artículo 15 de la ley 48, en el marco del recurso extraordinario federal.

Finalmente, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dispuso la devolución de las actuaciones para que se dicte una nueva sentencia conforme a los hechos y las pruebas acreditados en el expediente. La decisión no resuelve de manera definitiva el reclamo laboral ni establece por sí misma que haya existido discriminación. Su alcance consiste en dejar sin efecto el pronunciamiento cuestionado y exigir un nuevo análisis judicial que contemple las pruebas relevantes del caso.