Florencia Arietto sufrió un revés judicial en una causa contra Camioneros

La causa penal contra el dirigente sindical Maximiliano Emanuel Cabaleyro y otros seis trabajadores de Camioneros -con participación decisiva de la mediática abogada Florencia Arietto- terminó con un veredicto absolutorio que representa un revés para la estrategia acusatoria en el conflicto con Rey Distribución S.R.L. La resolución del Tribunal en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial de San Nicolás puso en el centro de la discusión los límites del derecho penal frente a las medidas de fuerza adoptadas en el marco de una disputa laboral.

El expediente se originó en las denuncias de los propietarios de la distribuidora, Gustavo y Ariel Rey, por hechos ocurridos en enero y febrero de 2021. La acusación incluyó los delitos de extorsión y turbación de la posesión. En ese escenario, la intervención de Arietto quedó asociada a una disputa que excedió el conflicto entre la empresa y el sindicato y se proyectó sobre el debate político acerca de la protesta gremial.

El veredicto absolutorio constituyó un revés para quienes pretendían sostener la responsabilidad penal de los trabajadores por los hechos investigados. Para establecer con precisión el alcance de esa derrota y el papel que desempeñó Arietto, resulta fundamental distinguir sus intervenciones públicas de las actuaciones y pruebas incorporadas formalmente al expediente.

Las irregularidades laborales bajo análisis

Durante el debate oral se examinaron las condiciones de contratación y registración de los trabajadores de Rey Distribución. Según la información aportada sobre la pericia contable atribuida a Carolina Ricardini, contadora de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se detectaron diferencias entre las tareas realizadas por determinados empleados y las condiciones bajo las cuales figuraban registrados.

El informe habría cuantificado en $6.550.000 las diferencias salariales examinadas en la causa. También se señalaron deficiencias en las condiciones de seguridad e infraestructura del establecimiento. Estos elementos contribuyeron a contextualizar el conflicto sindical, aunque su alcance debe establecerse a partir de la pericia y de los fundamentos judiciales.

Acusación por extorsión y alcance de la absolución

Otro punto controvertido fueron los pagos efectuados en abril de 2021. Mientras los denunciantes los presentaron como entregas ilegítimas de dinero, la explicación sindical los vinculó con el reconocimiento de deudas por aportes gremiales y de obra social. Según el material disponible, se examinaron recibos y actuaciones relacionadas con negociaciones desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo.

La diferencia entre ambas interpretaciones resultaba decisiva para determinar si los hechos reunían los elementos del delito de extorsión. La exigencia de cumplimiento de obligaciones laborales o sindicales no configura por sí misma ese delito: es necesario analizar las circunstancias concretas y las pruebas producidas.

El tribunal consideró que las medidas de fuerza investigadas constituían, en las circunstancias del caso, un ejercicio legítimo de un derecho, con referencia al artículo 34, inciso 4.º, del Código Penal. El resultado fue la absolución de los acusados, una decisión que impide presentar la acusación como si hubiera quedado judicialmente acreditada.

Un revés para la criminalización del conflicto sindical

La resolución de San Nicolás reaviva la discusión sobre el uso de herramientas penales en disputas entre empresas y sindicatos. El derecho de huelga tiene reconocimiento constitucional en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, aunque ello no supone que cualquier modalidad de protesta quede automáticamente fuera del alcance de la ley penal.

El fallo debe leerse a partir de los hechos juzgados y de los fundamentos de la decisión. No invalida por sí mismo las reformas laborales del gobierno de Javier Milei ni establece una autorización general para bloquear establecimientos. Sí constituye un antecedente relevante para discutir cuándo una medida de fuerza representa el ejercicio legítimo de un derecho y cuándo puede generar responsabilidad jurídica.

Pidieron la destitución del juez que absolvió a la mafia Moyano en San Nicolás. Lo hizo el intendente Passaglia por un lado y empresas pymes por el otro. Ampliaremos.

— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) October 16, 2026

La absolución marca el desenlace judicial de una causa que enfrentó a Camioneros con Rey Distribución y deja un dato central: la acusación penal no prosperó. Para dimensionar la derrota política y judicial de Arietto, el expediente debe mostrar con precisión cuál fue su intervención y qué planteos quedaron desmentidos o descartados por la resolución.