María Corina Machado acusa a Alejandro Betancourt y cuestiona el pacto petrolero de Trump

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado cuestionó este 16 de octubre de 2026 al empresario Alejandro Betancourt, convertido en uno de los principales socios de Estados Unidos en la industria petrolera de Venezuela. Durante una entrevista con The New York Times, realizada en Panamá, Machado lo vinculó con una etapa de corrupción en el sector eléctrico y aseguró que no lo consideraría un socio comercial viable si llegara al poder. Sus declaraciones introducen un nuevo conflicto en la relación con Washington: mientras Donald Trump apuesta por grandes inversiones energéticas bajo el Gobierno de Delcy Rodríguez, una de las principales figuras de la oposición cuestiona los antecedentes de quien administrará parte de esos negocios.

La controversia tiene una dimensión económica extraordinaria. El acuerdo anunciado el 31 de agosto concede a North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por Betancourt, derechos para operar 17 campos petroleros durante un período anunciado de 100 años. Las áreas comprenden aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas, equivalentes a una quinta parte del total venezolano. Según la información confirmada por la Casa Blanca, Estados Unidos tendrá derechos sobre una participación del 35% en la compañía y acceso preferente al 20% del petróleo producido a precio de costo. Es importante distinguir ambas operaciones: Washington no adquiere directamente la propiedad de esos yacimientos.

Quién es Alejandro Betancourt y cómo construyó su fortuna durante el chavismo

Alejandro Betancourt López, empresario venezolano de 46 años, pertenece a una generación de hombres de negocios conocidos públicamente como los bolichicos, denominación utilizada para identificar a jóvenes empresarios que alcanzaron grandes fortunas mediante contratos estatales durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Su ascenso comenzó con Derwick Associates, compañía creada junto a Pedro Trebbau en medio de la emergencia eléctrica venezolana. Una investigación de OCCRP y El Pitazo documentó que Derwick consiguió contratos públicos por más de USD 5.000 millones entre 2009 y 2011, incluidos once proyectos para construir plantas eléctricas. Las adjudicaciones se realizaron sin licitación bajo las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis energética.

El funcionamiento de aquellas instalaciones fue posteriormente cuestionado por especialistas y organizaciones anticorrupción. Según los cálculos publicados por Transparencia Venezuela en 2018, los proyectos analizados tenían un costo estimado de USD 2.100 millones, mientras los pagos estatales alcanzaron aproximadamente USD 5.000 millones. La diferencia, cercana a USD 2.900 millones, fue considerada un posible sobreprecio por los investigadores. La organización también identificó una producción efectiva considerablemente inferior a la capacidad contratada. Derwick rechazó las acusaciones, sostuvo que sus precios eran competitivos y negó haber facturado los montos atribuidos por sus críticos. Esos antecedentes explican la controversia, pero no permiten responsabilizar individualmente a Betancourt por todos los apagones registrados en Venezuela.

La trayectoria del empresario se extendió posteriormente hacia el petróleo, los negocios financieros y las inversiones internacionales. Participó en operaciones vinculadas con la empresa petrolera Petrozamora y encabezó inversiones en Hawkers, la marca española de gafas de sol. Su fortuna y sus relaciones empresariales también fueron examinadas en investigaciones sobre presunto lavado de dinero y fraude fiscal en España, Suiza y Estados Unidos. Una investigación publicada por Reuters en septiembre reconstruyó cómo Betancourt pasó de ser objeto de pesquisas financieras estadounidenses a convertirse en interlocutor del Gobierno de Trump. Su portavoz ha sostenido que nunca fue formalmente acusado de un delito. Las investigaciones y los señalamientos no equivalen a una condena penal, distinción indispensable para valorar su situación judicial.

Betancourt y Trump reabren el debate petrolero mientras Machado cuestiona las concesiones.

Un acuerdo de 100 años y miles de millones de dólares en juego

El pacto petrolero compromete recursos económicos que podrían modificar sustancialmente la industria venezolana. NABEP anunció inversiones proyectadas cercanas a USD 100.000 millones, destinadas a recuperar infraestructura y desarrollar campos en el lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco. La empresa sostiene que elevó su producción desde aproximadamente 18.000 hasta más de 200.000 barriles diarios mediante inversiones propias y aspira a superar el millón de barriles por día. El Gobierno estadounidense también presentó estimaciones de ingresos fiscales para Venezuela y beneficios energéticos para sus consumidores. Sin embargo, estas cifras corresponden a anuncios y proyecciones, no a inversiones totalmente desembolsadas ni a ingresos públicos ya percibidos.

La duración anunciada obliga a examinar cuidadosamente el marco jurídico. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026 incorporó modalidades que permiten contratar empresas privadas para ejecutar actividades petroleras, con el requisito de acreditar capacidad técnica y financiera. La propiedad de los yacimientos continúa perteneciendo a Venezuela, incluso cuando una compañía privada recibe derechos operativos. La legislación también contempla reglas distintas para empresas mixtas y contratos de producción. Por ello, determinar el fundamento jurídico de los 100 años anunciados requiere examinar los instrumentos específicos de NABEP, sus autorizaciones, obligaciones fiscales y mecanismos de supervisión. Los comunicados conocidos no permiten verificar todas esas condiciones.

La escala del proyecto también exige distinguir reservas de producción efectiva. Extraer hipotéticamente los 65.000 millones de barriles durante un siglo requeriría un promedio cercano a 1,78 millones de barriles diarios, sin considerar las variaciones de producción ni los límites técnicos de recuperación. Esa operación matemática no constituye una previsión, pero permite dimensionar el desafío frente a los aproximadamente 200.000 barriles diarios que declara actualmente NABEP. La compañía anunció recientemente la llegada de dos plataformas de perforación y once equipos de recuperación de pozos, una señal de actividad operativa. No obstante, convertir inversiones y maquinaria en ingresos sostenidos dependerá de los costos de extracción, la infraestructura disponible, los precios internacionales y la productividad real de cada campo.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, Alejandro Betancourt "no tenía abierta ninguna investigación por la justicia estadounidense". https://t.co/0aqw8QbwAa

— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 1, 2026

Machado, Trump y Delcy Rodríguez: petróleo y transición bajo una misma negociación

Las declaraciones de Machado también exponen diferencias sobre el proceso político venezolano. Después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Washington mantuvo como interlocutora principal a Delcy Rodríguez, quien encabeza el Gobierno interino. La opositora aseguró que no fue incorporada a las negociaciones desarrolladas esta semana en Caracas con otro sector de la oposición. El Departamento de Estado, por su parte, afirmó que la organización política de Machado había sido invitada a participar y negó que Estados Unidos estuviera impidiendo su regreso. Ambas versiones reflejan una controversia todavía no resuelta sobre su participación en la transición y las condiciones para su retorno al país.

La posición de Machado introduce, sin embargo, una distinción importante entre rechazar a un empresario y desconocer todos los contratos petroleros. La dirigente afirmó que respetaría los acuerdos que cumplan la legislación venezolana, incluso si fueron suscritos antes de una eventual alternancia política. Su cuestionamiento específico a Betancourt plantea la necesidad de evaluar los antecedentes de los operadores, la transparencia de las adjudicaciones y los beneficios concretos que recibe el Estado. Mientras Trump busca consolidar una relación energética con Caracas, el próximo paso verificable será la publicación de contratos, auditorías, inversiones ejecutadas y resultados de producción. El problema de fondo ya no se limita a quién extraerá el petróleo venezolano, sino a qué instituciones supervisarán esos recursos y bajo qué condiciones podrán coexistir la recuperación económica y una transición política con garantías democráticas.

Machado acusa a Betancourt y cuestiona el acuerdo petrolero que firmó Trump con Venezuela.