El movimiento del Gobierno que puede cambiar el transporte por los ríos argentinos

El gobierno de Javier Milei retomó la reforma del cabotaje marítimo y fluvial con una nueva estrategia para reducir costos logísticos y ampliar la competencia en el transporte de cargas y pasajeros. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, avanzaron con el proyecto junto a gobernadores después del conflicto sindical que frenó el intento anterior de modificar las reglas del sector.

La iniciativa busca flexibilizar el traslado de mercaderías entre puertos argentinos y facilitar la participación de embarcaciones extranjeras bajo determinadas condiciones. Para el Ejecutivo, el esquema actual encarece el transporte interno y limita el aprovechamiento de las vías navegables, especialmente para las provincias del norte que necesitan conectar su producción con los principales puertos de exportación.

El proyecto volvió a tomar impulso durante la Argentina Week en París, donde varios gobernadores plantearon la necesidad de reabrir la discusión. Según fuentes oficiales, el trabajo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) permitió avanzar en una versión que contempla las objeciones de los trabajadores y busca evitar una nueva escalada del conflicto.

El antecedente que frenó los planes de Sturzenegger

El intento anterior de modificar las reglas de la actividad derivó en una disputa sindical con consecuencias sobre el comercio exterior. A fines de julio, el Gobierno publicó el Decreto 690/2026, que introdujo cambios en el servicio de practicaje y pilotaje, amplió las posibilidades de competencia entre prestadores y modificó las condiciones para embarcar a los prácticos.

La respuesta sindical incluyó medidas que afectaron el movimiento portuario y la asistencia a los buques. El 4 de agosto, después de las negociaciones con representantes del sector, el Ejecutivo acordó una reducción del 20% en las tarifas y suspendió la aplicación del decreto que había originado la controversia.

El episodio representó un revés para Sturzenegger, impulsor de los cambios regulatorios. Ahora, la Casa Rosada busca avanzar por la vía legislativa con una propuesta que mantenga el objetivo de reducir costos, pero incorpore acuerdos para evitar otra paralización de los puertos.

Qué cambia con el nuevo proyecto

Durante una exposición en el CFI, Santilli defendió el trabajo realizado con los equipos técnicos y destacó la búsqueda de consensos entre la Nación y las provincias.

“No es que nosotros somos obstinados en que es esto o nada”, sostuvo el jefe de Gabinete, al explicar que el Gobierno está dispuesto a revisar aspectos de sus iniciativas para alcanzar acuerdos. También señaló que el proyecto de cabotaje comenzó a avanzar en el Congreso.

Uno de los puntos sensibles será la posible participación de personal extranjero, una de las principales preocupaciones de los trabajadores del sector. La discusión deberá definir cómo ampliar la competencia y reducir los costos operativos sin dejar de lado las condiciones laborales y los planteos sindicales.

La conexión con el Belgrano Cargas

Santilli también vinculó la reforma con las obras ferroviarias necesarias para conectar la producción del norte argentino con los puertos de exportación. En ese marco, mencionó trabajos considerados centrales en Salta y Santa Fe, destinados a mejorar el traslado de cargas hacia Rosario.

La estrategia oficial combina así cambios regulatorios con inversiones en infraestructura para reducir los costos del transporte y mejorar la competitividad de las economías regionales.

El nuevo proyecto vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede la navegación: cómo se distribuyen los costos logísticos, qué condiciones tendrá la competencia y qué papel ocuparán las provincias y los trabajadores en el sistema. El desafío del Gobierno será conseguir respaldo legislativo para avanzar con la reforma sin repetir el conflicto que obligó a suspender su primer intento.