Malvinas: el cambio que negocia Milei para acelerar una ley clave en Diputados

El gobierno de Javier Milei busca aprovechar la sintonía con sus aliados para acelerar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. Tras una semana marcada por el debate sobre el DNU 70/2023 y los fallos judiciales vinculados con la Ley de Tierras, el oficialismo negocia modificaciones para conseguir dictamen el martes y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.

La estrategia apunta a sostener el núcleo del proyecto, que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur, pero ajustar los artículos que generaron objeciones entre el PRO, la UCR y el MID. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo, pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, señalaron desde el bloque libertario.

La discusión excede la cuestión de Malvinas. Aunque la iniciativa busca sancionar actividades que el Estado argentino considera ilegales en la zona en disputa, también crea un sistema de coordinación en materia de seguridad nacional y establece nuevas infracciones relacionadas con la injerencia extranjera, la infraestructura crítica y la defensa del territorio.

El artículo que encendió las alarmas entre los aliados

Uno de los principales focos de conflicto es el artículo 111, que prevé penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un actor extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia y sabotaje.

Los bloques aliados cuestionaron la amplitud de la redacción y advirtieron que podría afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Las objeciones coinciden con los planteos de organizaciones como ADEPA y FOPEA, que alertaron sobre los riesgos de utilizar definiciones imprecisas para sancionar la difusión de información.

“Nosotros pedimos mayor precisión en la definición del delito de injerencia extranjera, para resguardar la actividad periodística, académica y el debate público”, señalaron desde el PRO. Según trascendió, los libertarios ya hicieron circular borradores con modificaciones para responder a esos reclamos.

Los cambios que negocia la Casa Rosada

Otra de las discusiones se concentra en las facultades del Estado para auditar, custodiar o intervenir infraestructuras críticas, entre ellas las redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. Desde el oficialismo reconocieron que ese apartado también será revisado ante las inquietudes planteadas por empresas y bloques aliados.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) pidió que la relación entre el Estado y las compañías se base en un esquema de cooperación voluntaria. Entre las preocupaciones mencionadas durante las negociaciones figura el alcance que podrían tener las disposiciones sobre redes de telecomunicaciones, incluida la infraestructura vinculada con la empresa china Huawei.

A pedido de los aliados, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, también anticipó la incorporación de una comisión bicameral de seguimiento de la seguridad nacional. El objetivo es reforzar el control parlamentario y establecer mecanismos de información obligatoria por parte del Poder Ejecutivo.

El rol de las Fuerzas Armadas y el límite al Ejecutivo

El MID planteó, por su parte, que sea el Congreso el que autorice las actividades militares contempladas en el nuevo esquema. Los aliados también reclamaron incorporar al Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional y precisar las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las fuerzas federales en la protección de infraestructuras críticas.

Otro punto pendiente es la definición de la autoridad de aplicación, que en la versión original quedaba sujeta a las facultades del Poder Ejecutivo. Los bloques que negocian con La Libertad Avanza buscan limitar las superposiciones entre organismos y establecer con mayor claridad los alcances de cada intervención.

La apuesta para evitar una división del proyecto

El peronismo propuso separar la iniciativa en dos partes y anticipó que podría acompañar el Título I, que comprende los artículos 1 al 40 y se concentra en agravar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La Casa Rosada, sin embargo, no quiere dividir el texto. El oficialismo apuesta a reunir los apoyos necesarios mediante modificaciones negociadas con sus aliados y preservar el esquema general de seguridad nacional que presentó ante el Congreso.

La negociación de los próximos días será decisiva para definir si el Gobierno consigue avanzar con el dictamen y llevar el proyecto al recinto. El desafío será conciliar el endurecimiento de las sanciones vinculadas con los recursos argentinos con las objeciones sobre libertad de expresión, control parlamentario y facultades estatales.