Encuentro internacional
18/10/2026 - Edición Nº1349
Política
Conflicto universitario
Universidades: la interna que complica los planes del Gobierno y no encuentra salida
18/10/2026 | Tras los fallos judiciales y las protestas, el oficialismo mantiene diferencias internas sobre cómo resolver el financiamiento universitario.
La protesta universitaria volvió a exponer las diferencias dentro del Gobierno por el cumplimiento de la ley de financiamiento.
por Redacción NewsDigitales
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas se convirtió en un problema sin una salida inmediata para el gobierno de Javier Milei. Después de la sanción y la insistencia parlamentaria de la Ley de Financiamiento Universitario, el oficialismo acumuló reveses judiciales y profundizó sus diferencias internas sobre cómo responder al reclamo de las instituciones educativas.
La disputa no se limita a los recursos que necesitan las universidades. También expone dos estrategias dentro de La Libertad Avanza: mientras el ala política llegó a trabajar en una propuesta alternativa para recomponer salarios y encauzar la negociación con los rectores, otros sectores apostaron a que la Justicia frenaría la aplicación de la ley.
El proyecto que quedó frenado dentro del oficialismo
A fines de febrero, el sector político del Gobierno había elaborado un nuevo proyecto para la educación superior que contemplaba una recomposición de las remuneraciones. Algunos funcionarios del área educativa incluso habían acordado con los rectores parte del contenido de esa iniciativa.
El texto incluía una condición central para la Casa Rosada: las universidades debían retirar la demanda judicial vinculada con el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.
Sin embargo, la propuesta no avanzó. En el Gobierno atribuyen esa decisión a los referentes parlamentarios libertarios, que confiaban en que la Justicia fallaría contra los reclamos universitarios y dejaría sin efecto la normativa. Ese pronóstico no se cumplió y el conflicto continúa sin una alternativa consensuada.
Ahora, según las fuentes oficiales, la estrategia del Ejecutivo se concentra en apelar las resoluciones judiciales adversas. Esa decisión mantiene abierto el enfrentamiento con las universidades y posterga una solución que permita recomponer el vínculo entre las partes.
La defensa de Álvarez y el argumento presupuestario
Después de la última movilización universitaria, que terminó con incidentes y represión durante el operativo de seguridad, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la actuación del Gobierno.
“Todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos”, afirmó el funcionario, al sostener que las normas que asignan gastos por fuera del presupuesto deben identificar las partidas destinadas a financiarlos.
La Universidad Nacional de Rosario adeuda rendiciones de gastos por 5721 millones... desde 2015!!! https://t.co/CEocDq5McD
— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) October 16, 2026
Álvarez consideró que la ley de financiamiento universitario no cumplía ese requisito y defendió la decisión del Ejecutivo de promulgarla y suspender su aplicación en el mismo acto. “Votaron una ley violando la ley de administración financiera”, sostuvo, al responsabilizar a los legisladores que respaldaron la iniciativa.
El subsecretario también aseguró que el Gobierno administra los recursos de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de modificar esa posición si el Poder Legislativo sanciona una nueva norma presupuestaria.
“Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro”, afirmó. La declaración introduce una posible vía institucional para modificar el escenario, aunque no implica un compromiso concreto de recomposición ni establece plazos para resolver el conflicto.
Los gobernadores también presionan por una salida
La disputa comenzó a generar preocupación entre gobernadores, especialmente de extracción radical, que reclamaron al Ejecutivo nacional que encuentre una solución. Según el planteo de esos mandatarios, la continuidad de las movilizaciones y el crecimiento del malestar universitario pueden tener consecuencias políticas en sus provincias.
El conflicto también coloca al oficialismo frente a una dificultad legislativa: necesita sostener su posición presupuestaria mientras enfrenta reclamos de las universidades, fallos judiciales adversos y cuestionamientos de sectores aliados.
Por ahora, la Casa Rosada mantiene la estrategia de recurrir las decisiones judiciales y no presentó una nueva propuesta que permita cerrar la disputa. Mientras tanto, las diferencias dentro del propio Gobierno siguen sin resolverse y el financiamiento universitario permanece como uno de los frentes abiertos de la gestión de Milei.
