El Consejo Europeo pidió el 16 de octubre de 2026 acelerar el examen de la EU KIDS Act, pero no aprobó ninguna nueva prohibición. Las conclusiones de Bruselas instan al Parlamento y al Consejo de la UE a estudiar restricciones de acceso para menores. También reclaman aplicar las normas actuales y aumentar la responsabilidad de las plataformas mediante controles proporcionados que respeten la privacidad.
El proyecto presentado por la Comisión Europea en septiembre establece tres escalones de acceso a las plataformas de mayor riesgo. Antes de los 13 años no habría cuentas; entre los 13 y 14 se permitirían perfiles supervisados; desde los 15, cuentas autónomas. Un informe parlamentario de 2025 había recomendado 16 años, aunque no era vinculante. Esa diferencia ilustra qué aspectos siguen abiertos a negociación.
La propuesta traslada a las empresas la obligación de demostrar que sus servicios son seguros para cada edad. Incluye límites al desplazamiento infinito, las notificaciones adictivas y los mensajes de desconocidos. Las grandes plataformas, con al menos 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE, afrontarían planes de cumplimiento y auditorías independientes. Las medidas ampliarían la protección infantil que ya exige la Ley de Servicios Digitales.
La verificación de edad es el punto donde protección infantil y privacidad pueden entrar en tensión. La Comisión diseña una comprobación que confirme un umbral sin transmitir a la plataforma nombre, fecha de nacimiento ni documentos. Mediante pruebas de conocimiento cero, el sistema acredita la edad sin revelar información adicional. La documentación oficial describe el mecanismo; su aplicación nacional todavía exige despliegue y controles.
El impulso político no resuelve todas las diferencias entre los gobiernos europeos. Los legisladores deberán fijar competencias nacionales, controles proporcionados y garantías contra una identificación permanente. La propuesta contempla multas de hasta el 6% de la facturación mundial anual para determinadas infracciones, pero ese castigo sigue en discusión. Fijar una edad mínima tampoco sustituye medidas contra los diseños adictivos de las plataformas.

La siguiente etapa combina consultas públicas con el análisis del texto por las instituciones legislativas de la Unión. La Comisión recibe aportes de familias, docentes, menores y empresas hasta el 3 de diciembre de 2026. En paralelo, Parlamento y gobiernos deberán acordar el contenido y la entrada en vigor. Hasta que se complete el trámite, los límites propuestos de 13 y 15 años no serán exigibles.