por Redacción NewsDigitales
El Gobierno de Javier Milei confía en aprovechar el respaldo de los gobernadores aliados para avanzar este miércoles en Diputados con una agenda legislativa que incluye proyectos sobre discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada. Además, buscará incorporar al temario la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones por la explotación económica no autorizada de recursos en las Islas Malvinas.

La estrategia de La Libertad Avanza apunta a disputar el respaldo de los bloques dialoguistas, después de que la oposición no consiguiera quórum en la última sesión. El oficialismo pretende evitar una nueva derrota parlamentaria y llevar al recinto iniciativas propias sobre temas que ya generaron fuertes cruces con la oposición.
Tras el fracaso del intento opositor de derogar el DNU 70/2023, el Gobierno buscará avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa incorporará modificaciones y, si Diputados las aprueba, deberá regresar a la Cámara alta.

Uno de los cambios centrales será restablecer por ley restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión supone una modificación respecto del decreto presidencial y de la versión original del proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que eliminaban buena parte de esos límites.
El oficialismo también buscará avanzar con su proyecto sobre endeudamiento familiar, que obtuvo dictamen de mayoría y plantea una estrategia diferente de las propuestas opositoras.

Mientras distintos bloques promueven declarar una emergencia por 180 días y establecer mecanismos de refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas totales, LLA prioriza la educación financiera, la transparencia de las tasas y los costos de los préstamos y la prevención del sobreendeudamiento. El proyecto no establece un esquema obligatorio para reestructurar las deudas que ya están en mora.
En materia de discapacidad, la oposición impulsa prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia establecida por la Ley 27.793, que contempla medidas sobre pensiones no contributivas, deudas con prestadores y actualización de aranceles.

El Gobierno, en cambio, propone un régimen permanente que mantenga las pensiones, permita su compatibilidad con el empleo registrado bajo determinados límites de ingresos y establezca criterios de actualización para las prestaciones. El debate enfrentará dos enfoques sobre cómo garantizar la cobertura y financiar el sistema.
El oficialismo pretende sumar al temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa establece sanciones por la explotación económica no autorizada en las islas y amplía el alcance de las medidas a recursos renovables y no renovables.
El texto también introduce cambios en las leyes de Seguridad Interior e Inteligencia y crea mecanismos de coordinación estatal en materia de seguridad nacional. Entre los puntos cuestionados por aliados del PRO, la UCR y el MID figuran las facultades del Ejecutivo, las sanciones vinculadas con campañas de desinformación y el alcance de las intervenciones sobre infraestructuras críticas. El Gobierno analiza incorporar una comisión bicameral de seguimiento, aunque todavía debe cerrar acuerdos para conseguir respaldo.
La sesión también podría incluir la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), para mejorar el seguimiento de esos productos y sus componentes.

Además, LLA impulsa modificaciones al Código Penal en materia de vandalismo rural y la transferencia gratuita a la provincia del Chaco de un inmueble nacional correspondiente al Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, ubicado en esa localidad.
La sesión será una nueva prueba para el oficialismo, que necesita sostener los acuerdos con los gobernadores y los bloques dialoguistas para avanzar con su agenda. La discusión no se limitará a reunir votos: también pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para negociar modificaciones en proyectos que todavía generan diferencias dentro y fuera de su espacio.