Presos con permiso para robar: el escándalo que sacude a la Policía de Corrientes

Durante el día permanecían encerrados en una dependencia policial. Por la noche, según la investigación judicial, abandonaban sus celdas para cometer asaltos y regresaban antes del amanecer, como si nunca hubieran salido. La maniobra habría contado con la complicidad de una suboficial de la Policía de Corrientes, que no solo facilitaba las salidas clandestinas, sino que también les habría proporcionado uniformes y armas reglamentarias.

El caso sacude a la ciudad de Santo Tomé, donde una investigación por el robo millonario a una agencia de cobranzas terminó por descubrir una presunta asociación ilícita integrada por presos, colaboradores externos y al menos una integrante de la fuerza de seguridad provincial.

El fiscal de Investigación Facundo Cabral confirmó que la organización tendría entre seis y ocho integrantes, aunque algunos todavía no fueron identificados. En declaraciones a Radio Ciudad de Santo Tomé, sostuvo que la pesquisa permitió comprobar la existencia de una vinculación entre una mujer policía y uno de los detenidos.

La principal sospechosa es una suboficial de apellido Morel, quien cumplía funciones de custodia en la Alcaidía local y fue detenida durante una serie de procedimientos realizados el jueves 15 de octubre.

Según explicó Cabral, la maniobra aprovechaba las deficiencias en los controles internos. Después del cierre de las celdas, alrededor de las 23, la mujer habría facilitado la salida de al menos dos presos, mientras otros integrantes de la guardia abandonaban sus puestos o descansaban en distintas dependencias.

El fiscal reveló que algunos policías reconocieron que se retiraban a dormir a sus domicilios, mientras que otros permanecían descansando en habitaciones del establecimiento. Esa situación habría permitido que la suboficial quedara sin supervisión y facilitara los movimientos de los detenidos.

Pero la investigación también apunta a una complicidad todavía más grave. Los presos habrían salido vestidos como policías y utilizado armamento perteneciente a la propia institución.

Cabral señaló que existen sospechas de que Morel les proporcionó una escopeta policial y su pistola reglamentaria de 9 milímetros para cometer uno de los asaltos. La entrega de esas armas todavía es materia de investigación.

El robo que destapó el escándalo

La investigación comenzó con un asalto cometido a mediados de septiembre contra una agencia de cobranzas de Santo Tomé. Delincuentes encapuchados y armados interceptaron a un trabajador cuando llegaba a su vivienda, lo amenazaron y consiguieron las llaves del comercio y los códigos de seguridad.

Con esa información, los asaltantes lograron apoderarse de una suma cercana a los cinco millones de pesos. El local estaba ubicado a pocos metros de la Comisaría Primera y de la Unidad Regional V, circunstancia que cobró una dimensión inesperada cuando comenzaron a surgir sospechas sobre la participación de presos alojados en una dependencia policial.

La primera pista decisiva surgió de la declaración de un interno de la Alcaidía, quien aseguró ante la Fiscalía que otros detenidos salían a cometer robos con la colaboración de integrantes de la guardia.

Según publicó el diario El Litoral, ese testimonio llevó a los investigadores a revisar los libros de guardia, tomar declaraciones a los policías que estaban de servicio y analizar las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones.

Las imágenes permitieron avanzar sobre la identidad de los sospechosos y establecer una posible vinculación entre los asaltantes y dos presos que, oficialmente, debían permanecer encerrados.

El fiscal Cabral confirmó que, en el caso del robo a la agencia de cobranzas, la investigación logró establecer la salida de dos internos vestidos como policías, con la presunta colaboración de la suboficial ahora detenida.

Uno de los principales sospechosos es un preso oriundo de Alvear, condenado recientemente por un violento asalto cometido en un establecimiento rural de Torrent. De acuerdo con el fiscal, también enfrenta otros procesos judiciales.

Los investigadores intentan determinar si la relación entre ese recluso y la agente policial excedía la complicidad delictiva. Una de las hipótesis es que ambos mantenían un vínculo sentimental.

Detenciones y una crisis dentro de la Policía

El avance de la causa derivó en tres allanamientos simultáneos realizados por personal de la Comisaría Segunda de Santo Tomé. Además de Morel, fueron detenidos otros dos sospechosos.

Uno de ellos fue identificado como M. Arnaldo, conocido como "Maxi", quien fue localizado en una vivienda del barrio Tablada y está señalado como presunto participante del asalto.

El otro arrestado es un hombre de apellido Galarza, sospechado de actuar como marcador de objetivos, es decir, de proporcionar información sobre viviendas y comercios que luego eran elegidos para cometer los robos.

Los detalles de esos procedimientos fueron publicados por Impacto Corrientes, que también informó que la Fiscalía continúa analizando peritajes telefónicos y otras pruebas destinadas a reconstruir el funcionamiento de la organización.

El escándalo provocó además una crisis en la conducción policial de Santo Tomé. A comienzos de octubre, la Jefatura dispuso el apartamiento preventivo de cuatro efectivos y el desplazamiento de autoridades de la Unidad Regional V y de dependencias policiales locales.

El jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón, confirmó las medidas y aseguró que Asuntos Internos intervino para determinar las responsabilidades administrativas de los agentes involucrados.