por Redacción NewsDigitales
Durante más de cinco años atendió pacientes, recetó medicamentos, firmó certificados y confeccionó historias clínicas en distintos establecimientos de salud de Río Negro. Sin embargo, Mariela Fernanda Marzano no contaba con un título habilitante válido para ejercer la medicina. Ahora reconoció ante la Justicia Federal que utilizó documentación falsificada para trabajar como profesional y obtener ingresos que incluyeron unos 96 millones de pesos pagados por una clínica privada.
La mujer admitió su responsabilidad en seis hechos delictivos durante una audiencia realizada en General Roca y aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. El acuerdo fue alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, pero todavía debe ser homologado por el juez federal Hugo Horacio Greca.
La investigación permitió reconstruir cómo Marzano logró incorporarse al sistema sanitario y permanecer allí desde agosto de 2020 hasta marzo de 2026, cuando las autoridades provinciales suspendieron su matrícula profesional.
Según el diario Río Negro, utilizó un diploma falso de la Universidad de Los Andes, de Venezuela, junto con una supuesta resolución de revalidación del Ministerio de Educación de la Nación que tampoco era auténtica.

Con esos documentos consiguió la matrícula provincial número 8136 y posteriormente presentó copias certificadas ante un escribano. También incorporó a su legajo una resolución falsificada de la Universidad Nacional del Comahue para respaldar su supuesta formación profesional.
Durante ese período trabajó en el Hospital Francisco López Lima, donde cobró salarios durante 26 meses, y en dos instituciones privadas: Clínica Roca y el Sanatorio Juan XXIII.
La mayor defraudación económica acreditada en la investigación corresponde a Clínica Roca, que le pagó aproximadamente 96 millones de pesos en remuneraciones. También se le atribuyeron cobros irregulares en el hospital público y en el otro establecimiento privado.
La acusación fue presentada por el fiscal general interino Matías Zanona y el auxiliar fiscal Facundo Lencinas, quienes reconstruyeron las maniobras documentales y económicas utilizadas para sostener el engaño.
El acuerdo contempla delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título, falsificación documental y defraudaciones. La pena propuesta es de tres años de prisión condicional, por lo que, si el juez la homologa, Marzano no deberá cumplirla en una cárcel.
La decisión judicial todavía está pendiente. El magistrado anticipó que notificará su resolución dentro de los tres días hábiles posteriores a la audiencia.
El expediente también incluyó medidas de reparación y el decomiso de instrumental médico que será destinado al Hospital López Lima.
En paralelo, la Justicia provincial había investigado seis fallecimientos de pacientes atendidos por Marzano. Esas actuaciones fueron archivadas después de que los informes forenses no encontraran elementos suficientes para vincular su intervención con las muertes.
Aunque esa investigación quedó cerrada, la causa federal dejó al descubierto una situación que se prolongó durante más de cinco años: una mujer consiguió ejercer la medicina en establecimientos públicos y privados mediante documentación falsificada, sin que los controles detectaran a tiempo la irregularidad.