Qué cambios exige la UCR para apoyar el plan de Milei y qué beneficios busca proteger

El Gobierno de Javier Milei enfrenta nuevos pedidos de sus aliados para avanzar con el Presupuesto 2027. La bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) reclama reforzar las partidas destinadas a discapacidad y mantener la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar.

Los planteos adquieren peso porque los seis diputados radicales pueden resultar claves para que La Libertad Avanza (LLA) consiga los votos necesarios para aprobar el proyecto. El oficialismo busca sancionarlo el 18 de noviembre, pero deberá negociar cambios con bloques que suelen acompañar sus iniciativas.

La bancada radical que preside Pamela Verasay mantiene vínculos con los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y con el espacio del PRO que conduce Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Esa relación política convierte sus reclamos en una negociación que excede el debate presupuestario.

Discapacidad: el punto que acerca a los aliados con la oposición

La UCR respalda el dictamen de mayoría sobre discapacidad que propone mantener el nomenclador nacional y establecer un mecanismo permanente de actualización de las prestaciones y de las pensiones no contributivas por invalidez.

Por eso, los radicales reclaman eliminar del Presupuesto los artículos que modifican la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad, e incorporar las disposiciones del dictamen junto con los recursos necesarios para cumplirlas.

El planteo también cuenta con el respaldo de otros bloques dialoguistas, entre ellos el PRO, el MID, Por Santa Cruz y sectores de Fuerzas del Cambio. La coincidencia expone una dificultad para el oficialismo: los cuestionamientos a los cambios sobre discapacidad no se limitan a la oposición más dura, sino que también alcanzan a sus aliados parlamentarios.

LLA busca avanzar con una iniciativa propia para mantener varios puntos de la ley, mientras la oposición pretende prorrogar la emergencia por un año más. El impacto fiscal estimado para 2027 ronda los $600.000 millones, por lo que los legisladores reclaman precisiones sobre cómo se financiarán las prestaciones.

AUH y ayuda escolar: el reclamo por la movilidad

El segundo punto de conflicto está relacionado con las asignaciones sociales. La UCR pide conservar la actualización automática por inflación de la AUH, la AUE y la ayuda escolar, un mecanismo que el Poder Ejecutivo propone eliminar.

Según los datos incluidos en el planteo, el Estado destina alrededor de $9,18 billones al pago de estos beneficios, que alcanzan a más de cuatro millones de personas. La discusión pasa por definir si esas prestaciones continuarán ajustándose mediante una fórmula automática o si quedarán sujetas a otro esquema de actualización.

La definición será parte de las negociaciones del Presupuesto y puede condicionar el acompañamiento radical. Para el Gobierno, el desafío es sostener su programa fiscal; para los aliados, el debate también implica fijar límites a los cambios que consideran sensibles para los ingresos de los hogares.

Universidades, becas y obras viales

La UCR todavía espera las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, antes de definir su posición sobre el financiamiento universitario. El proyecto contempla $7,3 billones, mientras que las universidades reclaman unos $11 billones.

El diputado del MID, Eduardo Falcone, también pidió aumentar las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico. Además, reclamó fondos para reactivar la autovía entre Mercedes y Suipacha, con continuidad hacia Bragado, y finalizar un tramo de 27 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.

Las negociaciones muestran que el Presupuesto 2027 no se definirá solamente por el respaldo general al programa económico. Discapacidad, asignaciones sociales, universidades y obras públicas concentran pedidos concretos de los aliados, que deberán resolverse antes de la votación prevista para noviembre.