Edad de imputabilidad
18/10/2026 - Edición Nº1349
Política
INTERIOR DEL PAÍS
San Luis: advierten que el Régimen Penal Juvenil encontró a la provincia desprevenida
18/10/2026 | La provincia anunció que adaptará su infraestructura con obras edilicias y capacitación al personal policial.
Claudio Poggi firmó el proyecto de ley de adecuación de San Luis al Régimen Penal Juvenil.
San Luis comenzó a adecuar su sistema judicial y sus dispositivos de atención para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil. El gobernador Claudio Poggi encabezó -el pasado jueves 15 de octubre- un plenario con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el que firmó un proyecto de ley para adaptar las normas procesales provinciales y anunció medidas de infraestructura, transporte y capacitación.
La iniciativa se puso en marcha después de la entrada en vigencia de la Ley Nº27.801, que establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años. La normativa nacional comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026, tras su publicación en el Boletín Oficial y el cumplimiento del plazo legal de 180 días.
Reunión de trabajo y de articulación entre los tres Poderes del Estado Provincial involucrados en el abordaje y ejecución del nuevo RÉGIMEN PENAL JUVENIL. Muy provechosa reunión de trabajo. Nos escuchamos y articulamos. Muy bien. https://t.co/ajrBGCzP5e
— Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) October 16, 2026
En diálogo con NewsDigitales, la periodista Cristina Sosa, encargada de la información judicial de Radio Universidad Nacional de San Luis, señaló que la implementación de la nueva norma encontró al Estado provincial sin preparación suficiente. Según explicó, “En la provincia, la puesta en vigencia de este nuevo régimen procesal penal juvenil los ha encontrado bastante desprevenidos, tanto a funcionarios judiciales como así también a funcionarios del Ejecutivo Provincial”.
La periodista explicó que, durante el encuentro, Poggi informó sobre la firma del proyecto de adecuación procesal y los instrumentos administrativos destinados a poner en marcha las obras y la adquisición de vehículos para los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).
El objetivo de estas medidas es adaptar la estructura provincial a un régimen que exige procedimientos específicos, operadores especializados y dispositivos de alojamiento diferenciados para los adolescentes sometidos a un proceso penal. La adecuación no se limita a modificar normas: también requiere recursos humanos, infraestructura y coordinación entre los organismos responsables.
La prisión preventiva, como último recurso
Uno de los principales puntos abordados durante el plenario fue el alcance de las medidas que podrán adoptarse durante los procesos penales contra adolescentes. De acuerdo con Sosa, desde la Justicia buscaron transmitir un mensaje de prudencia frente a la aplicación del nuevo marco legal. “Por parte de la Justicia, se ha intentado poner paños fríos a esta situación, manifestando que la prisión preventiva de los menores de 14 años va a ser la última decisión que van a tomar los jueces”, señaló Sosa.
En ese tramo de su declaración, la referencia debe entenderse en el marco del nuevo régimen para adolescentes de entre 14 y 18 años, que son quienes quedan comprendidos en la Ley 27.801. La prisión preventiva no constituye una consecuencia automática de la imputación: su procedencia debe evaluarse judicialmente de acuerdo con las circunstancias de cada caso y las garantías aplicables.
Sosa explicó que se buscará un trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal para analizar la situación de cada adolescente y determinar qué medidas corresponden. “Se van a buscar las medidas de coerción más leves”, afirmó, aunque aclaró que pueden presentarse situaciones de mayor gravedad.
La periodista mencionó como ejemplo los casos de homicidio, en los que podría solicitarse y eventualmente dictarse la prisión preventiva si se cumplen los requisitos legales. La decisión, en cualquier supuesto, corresponde a los jueces y debe fundarse en las circunstancias concretas del expediente.
El enfoque coincide con los planteos expuestos durante el plenario por autoridades judiciales de San Luis, que destacaron la excepcionalidad de la privación de la libertad, las garantías procesales y la necesidad de especialización de quienes intervengan en estos procedimientos.
Obras en los CANAF y vehículos para los traslados
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno provincial se encuentran las obras de refacción y reorganización de los centros CANAF de San Luis, Villa Mercedes y Concarán. La propuesta contempla modificar los espacios existentes para adecuarlos a las necesidades de alojamiento y atención de adolescentes, además de incorporar ámbitos destinados al trabajo de psicólogos, trabajadores sociales y equipos interdisciplinarios.
También se dispuso avanzar con la licitación para adquirir seis vehículos no identificables, destinados a las dependencias de San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco-Quines y Villa de Merlo. Las unidades estarán destinadas al traslado de adolescentes y se diferenciarán de los patrulleros convencionales. La medida forma parte de la reorganización operativa que la provincia considera necesaria para implementar el nuevo régimen.
El gobernador Claudio Poggi presentando el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Penal Juvenil en San Luis
La adecuación edilicia y el transporte constituyen dos componentes de una política más amplia: contar con dispositivos específicos para intervenir ante situaciones de conflicto con la ley penal sin reducir la respuesta estatal a la detención y el encierro.
Capacitación obligatoria y un instituto proyectado para 2027
El plan provincial también contempla la formación de los agentes que tendrán a su cargo la aplicación del nuevo sistema. Según lo anunciado, se implementará una capacitación obligatoria de 100 horas reloj para el personal operativo de los CANAF, prevista entre marzo y mayo de 2027. Además, las escuelas de formación de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario incorporarán contenidos específicos vinculados con el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Otro de los anuncios fue la proyección de un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil para 2027. El establecimiento se construiría dentro del predio del Servicio Penitenciario, pero con funcionamiento independiente, con el propósito de disponer de un espacio diferenciado y adecuado a las exigencias del régimen. En paralelo, el presupuesto provincial para 2027 contempla recursos destinados a la adaptación de infraestructura para alojar a adolescentes alcanzados por la nueva normativa.
