Carrera tecnológica
19/10/2026 - Edición Nº1350
Política
Congreso
¿Argentina puede resistir un ciberataque masivo? Los 10 pedidos urgentes al Gobierno
19/10/2026 | La iniciativa fue presentada por el diputado Ramiro Gutiérrez. Qué pasaría si se interrumpen los servicios de energía, comunicaciones, transporte y salud.
El planteo se apoya en el crecimiento de las amenazas informáticas a nivel internacional y regional.
Un proyecto de resolución presentado por el diputado nacional Ramiro Gutiérrez solicita al Poder Ejecutivo información sobre el funcionamiento del Centro Nacional de Ciberseguridad, los recursos disponibles y las medidas de prevención frente a ataques informáticos que puedan afectar servicios esenciales.
El pedido abarca diez ejes, desde las vulnerabilidades de las infraestructuras críticas hasta el presupuesto del organismo, los incidentes registrados en el país y la existencia de un plan nacional para responder a ciberataques masivos.
La iniciativa del legislador massista busca determinar si el Estado cuenta con herramientas técnicas, personal especializado y mecanismos de coordinación suficientes para prevenir, contener y superar incidentes capaces de interrumpir servicios de energía, comunicaciones, transporte, salud y sistemas financieros.
El planteo se apoya en el crecimiento de las amenazas informáticas a nivel internacional y regional, y en la necesidad de evaluar las capacidades operativas del organismo creado para coordinar la política nacional de ciberseguridad.
Por su parte, el requerimiento está organizado en diez puntos que apuntan a conocer tanto las medidas ya implementadas como las capacidades disponibles y los planes previstos para los próximos meses.
1. Evaluación de riesgos y vulnerabilidades
El primer eje pregunta si el Centro Nacional de Ciberseguridad evaluó el nivel de exposición de las infraestructuras críticas y de los sistemas utilizados para prestar servicios públicos esenciales.
También solicita información sobre las vulnerabilidades identificadas, los riesgos técnicos y las modalidades de ataque que podrían afectar a esos sistemas, además de las medidas preventivas adoptadas. El objetivo es determinar si se analizaron escenarios de ataques simultáneos contra sectores como energía, finanzas, salud, transporte y telecomunicaciones.
El diputado también pide conocer si el organismo estudió los recientes ciberataques registrados en Japón y los incidentes denunciados en América Latina durante 2026, y si existen mecanismos permanentes para recibir, analizar y difundir alertas técnicas.
2. Protección de las infraestructuras críticas
El segundo apartado apunta a establecer si la Argentina cuenta con un inventario nacional actualizado de las infraestructuras críticas de información y de los activos digitales estratégicos cuya afectación podría comprometer la seguridad o la continuidad de los servicios esenciales.
El pedido incluye los criterios utilizados para identificar esos sistemas, los organismos responsables de protegerlos y las medidas implementadas en sectores como la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, el transporte, el agua potable y los establecimientos sanitarios.
Además, consulta si durante los últimos 24 meses se realizaron auditorías de seguridad informática, evaluaciones de vulnerabilidades o pruebas de resistencia. También busca conocer los estándares mínimos de protección existentes y las deficiencias detectadas.
Ramiro Gutiérrez, autor del proyecto
3. Sistema financiero y protección de datos
El tercer eje se concentra en la seguridad de los servicios financieros y los mecanismos de coordinación entre el Centro Nacional de Ciberseguridad, el Banco Central de la República Argentina y otras autoridades competentes.
La iniciativa busca conocer qué evaluaciones técnicas y ejercicios conjuntos se realizaron para prevenir o responder a incidentes informáticos que puedan afectar las operaciones financieras y la protección de datos.
El planteo se vincula con la posibilidad de que una falla o una intrusión en sistemas interconectados provoque consecuencias sobre múltiples instituciones y usuarios.
4. Capacidades operativas del Centro Nacional de Ciberseguridad
El cuarto punto consulta qué capacidades técnicas y operativas tiene el organismo para prevenir, detectar y analizar incidentes, y coordinar respuestas frente a ataques que comprometan infraestructuras críticas o servicios públicos esenciales.
También pregunta si dispone de sistemas permanentes de monitoreo, alertas tempranas y equipos especializados, así como de protocolos para coordinar la intervención de organismos nacionales, autoridades provinciales y operadores privados.
El proyecto solicita un detalle de las acciones realizadas desde la creación del CNC y de sus objetivos para los próximos doce meses. Asimismo, consulta sobre los mecanismos de intercambio de alertas técnicas con organismos competentes del Sistema de Inteligencia Nacional, sin requerir información clasificada ni detalles de operaciones reservadas.
5. Incidentes de ciberseguridad registrados en la Argentina
El quinto apartado pide estadísticas sobre los incidentes registrados durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. La información debería discriminar los casos por año, sector afectado, modalidad y gravedad.
También busca determinar cuántos episodios afectaron a organismos del Estado nacional, infraestructuras críticas o sistemas utilizados para prestar servicios esenciales.
El requerimiento incluye los incidentes que provocaron interrupciones de servicios, accesos ilegítimos, filtraciones de información o secuestro de datos mediante programas de ransomware. Además, consulta si se realizaron evaluaciones posteriores para identificar fallas y verificar la implementación de medidas correctivas.
6. Capacidad nacional de respuesta y recuperación
El sexto eje pone el foco en la preparación del Estado ante una crisis informática de gran escala. En particular, pregunta si existe un protocolo nacional para gestionar ataques capaces de comprometer simultáneamente distintos servicios esenciales.
El diputado solicita conocer qué autoridad coordina la respuesta, si se realizaron simulaciones durante los últimos 24 meses y cuáles fueron sus resultados. También consulta si se establecieron tiempos objetivos para recuperar sistemas afectados, mecanismos alternativos para mantener los servicios en funcionamiento y equipos de intervención inmediata.
Otro aspecto es la dependencia de proveedores tecnológicos compartidos: el proyecto busca saber si se evaluaron escenarios en los que un ataque a un proveedor pueda extenderse a varios organismos o servicios. Además, pregunta por los procedimientos de comunicación pública ante incidentes que afecten a la población.
7. Cooperación técnica internacional
El séptimo punto consulta qué acuerdos y mecanismos de cooperación mantiene la Argentina con organismos extranjeros e instituciones internacionales especializadas en ciberseguridad.
También pregunta si el país recibió alertas o recomendaciones a partir de los incidentes registrados en Japón, si participa en redes internacionales de intercambio de información sobre amenazas y vulnerabilidades, y si realizó ejercicios conjuntos con otros países durante los últimos dos años.
El objetivo es conocer qué herramientas de asistencia técnica internacional están disponibles para fortalecer la respuesta y la recuperación ante ataques de gran escala.
8. Presupuesto, tecnología y recursos humanos
El octavo apartado busca conocer los recursos con los que funciona el Centro Nacional de Ciberseguridad. Para 2026, solicita el presupuesto vigente, su nivel de ejecución y la distribución del gasto por programas y actividades.
También pide información sobre los fondos destinados a estas funciones durante 2024 y 2025, las inversiones tecnológicas realizadas en 2026 y la cantidad de agentes que integran el organismo, diferenciados por tareas técnicas, operativas y administrativas.
A su vez, consulta qué programas de capacitación existen y si se identificaron insuficiencias presupuestarias, tecnológicas o de personal que limiten el cumplimiento de sus responsabilidades.
9. Marco normativo y responsabilidades institucionales
El noveno eje apunta a determinar si las normas vigentes resultan suficientes para prevenir y responder a incidentes que comprometan infraestructuras críticas y servicios esenciales.
El pedido pregunta si existen estándares obligatorios de seguridad informática para organismos nacionales y operadores de infraestructuras críticas, y cuáles son las reglas para notificar incidentes, incluidos los plazos y las autoridades receptoras.
También busca conocer si se detectaron vacíos regulatorios, superposiciones de competencias o dificultades de coordinación, si se preparan nuevas propuestas normativas y cómo se verifica el cumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por el CNC.
10. Plan nacional frente a ciberataques masivos
El último apartado solicita confirmar si el Poder Ejecutivo cuenta con un plan integral y actualizado para prevenir, responder y recuperarse de ataques masivos.
La consulta abarca los escenarios de afectación simultánea de los sectores energético, sanitario, financiero, de transporte y comunicaciones. También pregunta si existen prioridades para recuperar servicios cuya interrupción pueda comprometer la vida, la salud, la seguridad o el abastecimiento de la población.
Por último, requiere información sobre la coordinación entre la Nación y las provincias, las evaluaciones de recuperación ante ataques prolongados y las medidas que se prevé adoptar durante los próximos doce meses. El proyecto también consulta si existen indicadores objetivos para medir el grado de preparación del Estado.
