El abogado Gregorio Dalbón le pidió este lunes a la Justicia federal que allane la sede del Banco Central (BCRA) y copie sus servidores y correos institucionales. El pedido es parte de la causa por las operaciones con el oro de las reservas. Según la Auditoría General de la Nación (AGN), esas operaciones dejaron una pérdida de USD 1.023 millones en 2025.
La presentación amplía la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet. Ahora suma a un cuarto funcionario, Nicolás Ferro. Dalbón pidió citar a los cuatro a indagatoria, es decir, a declarar como sospechosos ante el juez federal Ariel Lijo.
La novedad del escrito es un banco internacional que firmó esos contratos con el BCRA. Dalbón quiere saber cómo fue elegido, porque tiene un vínculo directo con Caputo y Bausili.
El domingo 18, el diario Página/12 publicó que el Deutsche Bank fue una de las contrapartes de las operaciones con el oro, es decir, uno de los bancos que firmaron los contratos con el BCRA. Caputo y Bausili ocuparon cargos jerárquicos en ese banco alemán antes de llegar al Gobierno.
Ese antecedente, por sí solo, no prueba una irregularidad. Dalbón pide establecer “cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.
Tampoco se sabe cuánto cobraron los bancos en comisiones. La denuncia menciona una cifra de más de USD 60 millones que circuló públicamente, y el propio Dalbón pidió verificarla. Según el diario, el BCRA se negó a entregarle a la AGN copia de los contratos, donde figuran las condiciones pactadas y quiénes las autorizaron.
En 2025, el BCRA firmó contratos atados al precio del oro y pagados en dólares, llamados derivados. Según las publicaciones citadas en la denuncia, el esquema fue este:
La AGN registró USD 960,2 millones de resultado negativo y USD 62,8 millones en primas, que son el precio del seguro. Su presidente, Juan Manuel Olmos, afirmó que nunca se había registrado “una pérdida de esta magnitud”.
Dalbón sostiene que la prueba está en manos de los propios denunciados: “La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados”. Advierte además que esa información “puede ser modificada, ocultada o suprimida con facilidad”.
Sus pedidos son:
Si Lijo rechaza el allanamiento, Dalbón pide como alternativa una orden para que el BCRA entregue la documentación y la conserve.
Ferro es subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integra el Directorio del BCRA. Según la Carta Orgánica, el Directorio debe intervenir en las decisiones sobre el mercado monetario y cambiario. La investigación deberá determinar si participó en aprobar o controlar las operaciones y en elegir a los bancos.
Los delitos denunciados son administración fraudulenta (de dos a seis años de prisión), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si se probara una estructura estable, se sumaría asociación ilícita (de tres a diez años).
El BCRA rechazó el informe de la AGN el 8 de octubre. Sostuvo que los contratos protegían el 100% de su oro y que su posición en el metal ganó USD 2.505 millones en 2025. “Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, replicó, y acusó a la AGN de actuar con “fines puramente políticos”.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, calificó de “brutalidades” los planteos de la auditoría. El BCRA todavía no respondió públicamente sobre el Deutsche Bank.
La causa 4971/2026 está en manos de Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. El 12 de octubre, Dalbón ya había pedido detener a Caputo, Bausili y Curutchet. Hasta ahora, el juez no ordenó ninguna detención ni el allanamiento.
En paralelo, la AGN prepara una auditoría específica sobre el traslado del oro de las reservas al exterior.